Cartografía del horror

No fue solo que a través de terceros adquirió un centro deportivo para que los jugadores de su equipo, el UCV-FC, tuvieran un complejo de entrenamiento de primer nivel: Alexander Granko Arteaga, el temido oficial de la contrainteligencia militar chavista, ahora está a punto de conseguir que los ejidos municipales sobre los que se levantan ‘sus’ canchas se conviertan en propiedad privada. Pero no por arte de magia, sino por la previsible conformidad de las autoridades de este cantón del sureste de Caracas.

A la manera de una operación comando, una dupla tomó control, tanto en los registros como en la cancha, de la oncena que lleva los colores usurpados a la máxima casa de estudios del país. La conforman el ‘rambo’ de la contrainteligencia militar, el coronel Alexander Granko -camuflado tras el nombre de su esposa-, y un oficial de la Fuerza Aérea, José Gelvez -con apoyo de su hermano-. Si uno desde las sombras sigue ampliando su emporio comercial, el otro se vincula a una trama de negociados en la Aviación.

Un bulto con armamento debía llegar a un receptor desconocido en una aldea del estado Táchira, cerca de la frontera con Colombia. La entrega, que era monitorizada con celo por al menos un oficial desde un cuartel del Ejército Bolivariano, alcanzó su meta, pero por la fuerza: a los emisarios, dos soldados venezolanos muertos de miedo, los secuestraron y torturaron en el destino previsto del correo. Solo uno volvió de ese martirio y al otro se le busca desde 2017, entre pistas falsas y el aparente encubrimiento militar.

Aunque las desapariciones ocurren en ambas naciones, y a pesar de que en 2023 los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro activaron lo que se recuerda como el único y más claro esfuerzo oficial para la búsqueda de decenas de ciudadanos desaparecidos en la convulsa frontera colombo venezolana, Colombia avanza sola para dar respuesta, con sus altibajos burocráticos y políticos, a la interrogante sobre sus paraderos. En Venezuela impera el silencio y el desinterés de las autoridades, cuando no la burla.

En la frontera que comparten Venezuela y Colombia yacen decenas de historias ocultas bajo un mismo rótulo, la ausencia. La cartografía del horror y del olvido da fe de lugares, en ambos países, donde los grupos violentos mataron gentes y abandonaron sus cuerpos. Allí estarían las huellas de un delito silencioso que desde hace un cuarto de siglo oculta tumbas y borra nombres, pero que nadie investiga: la desaparición forzada transfronteriza. Un sinnúmero de testimonios constituye el único rastro que deja.

La desactivación de la licencia de Washington que permitía a Chevron operar en Venezuela abrió un hueco en las cuentas del régimen de Caracas que, obligado ahora a sacar -rápido y como sea- crudo que vender, flexibilizó las condiciones para los inversionistas. Atraídos por la oportunidad, nuevos postores participan en la piñata por los campos petroleros, pero uno compite con ventaja: el magnate Harry Sargeant III, que cuenta con dos fachadas corporativas y muchos contactos en el alto gobierno, así como un socio forzoso: Alejandro Betancourt, el de Derwick.