La desactivación de la licencia de Washington que permitía a Chevron operar en Venezuela abrió un hueco en las cuentas del régimen de Caracas que, obligado ahora a sacar -rápido y como sea- crudo que vender, flexibilizó las condiciones para los inversionistas. Atraídos por la oportunidad, nuevos postores participan en la piñata por los campos petroleros, pero uno compite con ventaja: el magnate Harry Sargeant III, que cuenta con dos fachadas corporativas y muchos contactos en el alto gobierno, así como un socio forzoso: Alejandro Betancourt, el de Derwick.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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El 17 de abril de 2024 fue un gran día para Harry Sargeant III. Mientras Venezuela se adentraba en la efervescencia de la campaña electoral para la elección presidencial del 28 de julio, el magnate petrolero estadounidense, con base en Palm Beach -el coto de ricos y famosos del sur de Florida, donde se ubica Mar-a-Lago, el club de Donald Trump-, avanzaba en silencio con su particular campaña: la conquista del petróleo venezolano. Y coronó: dos empresas relacionadas con él que se crearon ese día en Caracas, con la misma dirección de oficina e idénticos apoderados, se aseguraron a la postre la explotación de varios campos petroleros, al amparo de una nueva figura jurídica del Estado chavista.
Atraído por las mayores reservas de crudo del planeta, aprovechando la flexibilización de las sanciones aplicada por la administración de Joe Biden y anticipándose al retorno de su amigo Donald Trump a la Casa Blanca, Sargeant III apuró el paso en 2024, insistiendo en un viejo anhelo. Él mismo había reconocido ante Reuters que sus negocios petroleros en Venezuela datan desde finales de la década de 1980 pero, para su frustración, se interrumpieron en 2005. Años después, en 2017, se reunió en Caracas con el propio Nicolás Maduro y, en 2019, pudo reanudar actividades en Venezuela al conseguir un contrato para la operación en tres campos petroleros con la compañía Erepla Services LLC, como también reportó la agencia de noticias en ese momento.
Su conexión privilegiada con lo más alto del régimen chavista ha cebado las ambiciones de Sargeant por el oro negro venezolano y le ha facilitado implementar alianzas con operadores criollos y con otros magnates norteamericanos del petróleo; del primero que se tiene noticias es el texano Rodney Ray Lewis, a quien ha sumado a su cruzada comercial.
La ofensiva le está permitiendo a Sargeant ganar cada vez más terreno en la desvencijada industria petrolera nacional, en un momento en que la atención está puesta en la desactivación de Chevron -por ahora con licencia nada más para el mantenimiento básico de sus activos en Venezuela, otorgada por la administración Trump- y la incógnita de si en algún momento retomará las operaciones de extracción de crudo.
Así lo confirman decenas de documentos obtenidos para este reportaje y los testimonios de varias fuentes vivas a las que se consultó. Sargeant III no sólo está vinculado a las operaciones de North American Blue Energy Partners (Nabep), con registro en Barbados y ya mencionada en páginas de prensa, sino también a las de LNGEG Growth I Corp, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, hasta ahora apenas conocida por el público y cuyos vínculos con el multimillonario de Palm Beach se revelan en la presente historia.
De acuerdo a esos papeles, si las metas de Pdvsa para esos proyectos se cumplieran y se realizaran las inversiones necesarias, ambas compañías llegarían a concentrar una producción de hasta 441.000 barriles de petróleo por día, un número nada despreciable, si se compara con los actuales de producción. Las cifras de Pdvsa indican que del millón de barriles diarios que asegura que produce, Chevron venía aportando alrededor de 250.000, esto es, un cuarto de la producción petrolera nacional, y alrededor de 30% de las divisas que maneja el Banco Central de Venezuela (BCV), según estimaciones de Ecoanalítica.
El 17 de abril de 2024 ambas compañías registraron sus respectivas sucursales en Caracas y sellaron con la estatal petrolera venezolana varios Contratos de Participación Productiva (CPP), un esquema ideado por la Vicepresidenta de la República y Ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, al amparo de la secretista Ley Anti-Bloqueo, aprobada en octubre de 2020. La nueva fórmula jurídica intenta captar a inversionistas privados para que se encarguen de la explotación y producción petrolera, ofreciendo más ventajas que las de una “empresa mixta”, la figura usual que el régimen de Hugo Chávez implementaba desde la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 2006, en línea con su lema de “soberanía petrolera”.
En el caso de Nabep, la operación no solo involucra a Sargeant III, sino también a un viejo contratista del chavismo y exsocio de la propia Pdvsa: Leopoldo Alejandro Betancourt López, uno de los llamados bolichicos, conocidos todos por los escándalos de corrupción con su empresa Derwick Associates en las millonarias contrataciones sin licitación para atender la crisis eléctrica de 2010. Precisamente, la dirección anotada para Nabep al momento de su registro es la de las mismas oficinas que alguna vez utilizó Derwick en el este de Caracas y que alguna vez fueron allanadas por las autoridades venezolanas.
El contrato suscrito entre Nabep y Pdvsa hace referencia en algunas de sus cláusulas iniciales a un “acuerdo confidencial”, también fechado el mismo 17 de abril de 2024, cuyas partes son Pdvsa, la estatal Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), Nabep, Betancourt y Sargeant III.
Ese acuerdo, con la firma del entonces presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, llevado a prisión meses después bajo acusaciones de corrupción, establecía las nuevas condiciones para operar en Petrozamora, la empresa mixta responsable de campos como los de Lagunillas y Bachaquero, en el estado Zulia, la tradicional cuenca petrolera a orillas del Lago de Maracaibo, en el noroccidente de Venezuela. Según fuentes ligadas a la gestión de Tellechea, el plan inicial apuntaba a que Sargeant III trabajara no con Betancourt, sino en llave con Wilmer Ruperti, actual dueño del equipo de béisbol de Tiburones de la Guaira y uno de los empresarios predilectos del oficialismo en el negocio petrolero desde que proveyó con buques de gasolina a Hugo Chávez para enfrentar con éxito el paro petrolero de 2002.
Sin embargo, la amenaza de una acción legal internacional de parte de Alejandro Betancourt, quien desde 2013 era uno de los socios privados de Pdvsa en Petrozamora, disuadió a Tellechea y al propio Sargeant III de completar el negocio. Por lo tanto, en Nabep la alianza debió formalizarse entre Sargeant III y Betancourt, quien logró así recuperar su participación en Petrozamora, ya que durante la gestión de Tareck El Aissami en el ministerio de Petróleo y también detenido en 2024 tras el denominado escándalo Pdvsa-Cripto, había sido desplazado en favor de los hermanos Morón Hernández, cercanos a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.
Otras conexiones entre Nabep y el magnate nacido en Florida son más evidentes. La página web de la compañía registrada en Barbados solo es una portada con un link que lleva al sitio de Global Oil Management Group, el holding con el que Sargeant III maneja la mayoría de sus negocios petroleros en varias jurisdicciones, incluyendo la isla de Curazao, la excolonia neerlandesa próxima a las costas del estado Falcón, donde procesaba el crudo venezolano para convertirlo en asfalto y enviarlo a Estados Unidos.
Ni Alejandro Betancourt, ni Harry Sargeant III respondieron a la petición de entrevista para este reportaje.
Según los papeles del registro mercantil y los datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Pedro Arturo Balart Alejos es el gerente de la sucursal de Nabep en Caracas. En el pasado, Balart Alejos también estuvo vinculado a una empresa de servicios petroleros afiliada a Gazprombank, este a su vez, un banco ruso también asociado con Alejandro Betancourt en el control inicial de Petrozamora a partir de 2013. Balart Alejos no contestó a la petición de entrevista formulada vía Whatsapp y correo electrónico.
Otro abogado, Juan Carlos Andrade Santamaría, es uno de los apoderados de la sucursal venezolana de Nabep, y es otro de los puntos de conexión con Sargeant III. Andrade Santamaría tiene una larga trayectoria en el sector energético ocupando cargos como el de director y asesor jurídico de la Royal Dutch Shell en Venezuela, pero también fue cercano a Eulogio Del Pino, expresidente de Pdvsa, detenido en 2017 y pasado a juicio en 2021 por supuesta corrupción y sin que aún se conozca el desenlace del caso. Pero más importante aún, Andrade Santamaría funge como representante de los intereses de Sargeant III en Venezuela, según varias fuentes consultadas para este reportaje. Esta vinculación también fue expuesta recientemente por el website La Gran Aldea en una nota sobre el magnate norteamericano. Andrade Santamaría tampoco contestó a la solicitud de entrevista enviada por correo electrónico.
El contrato de Nabep con Pdvsa concede a la compañía de Sargeant III y Betancourt la posibilidad de llevarse hasta 57% “del valor total de la producción” y la posibilidad de tener “plena libertad de comercializar el volumen de los hidrocarburos fiscalizables que se corresponde como participación”, un esquema atractivo para cualquier socio privado, según coinciden algunas de las fuentes consultadas.
A comienzos de este año, Pdvsa también entregó la operación de las empresas mixtas de Petrocedeño y Junín Sur, encargadas de los campos Zuata Principal y San Diego-Zuata en la Faja Petrolífera del Orinoco, respectivamente, a la compañía controlada por Sargeant III. La producción actual de estas dos, sumada a la de Petrozamora, ronda los 126.000 barriles diarios de petróleo, pero si las proyecciones de Pdvsa se cumplieran y Nabep realizara las inversiones operativas necesarias, esa producción podría ascender a 408.000 barriles por día. No obstante, las fuentes consultadas dudan que esa meta se logre a menos que la administración de Trump emita licencias que permitan operar a Sargeant III en Venezuela, razón por la cual el magnate petrolero lleva adelante un intenso lobby ante la Casa Blanca.
Pero la alianza forzosa con Alejandro Betancourt, que permitió el regreso de este al circuito petrolero, no fue la única apuesta de Sargeant III en el tablero de sus negocios con el Estado chavista. También echó mano de sus contactos para, junto con un magnate estadounidense, montar tienda en Venezuela a través de otra persona jurídica y bajo el paraguas jurídico de los CPP.
Ese es el caso LNG Energy Group Corp, la empresa de origen canadiense que, a su vez, registró en Islas Vírgenes Británicas la subsidiaria LNGEG Growth I. Esta última creó por su parte una homónima en Venezuela, en aquella misma dirección de oficina que fue de Derwick y en la que funciona Nabep, en el piso 8 de la Torre Kyra de la avenida Francisco de Miranda, en la urbanización Campo Alegre del Este de Caracas.
Además del domicilio, LNGEG Growth I comparte con Nabep apoderados: Juan Carlos Andrade Santamaría, el ya referido representante de los intereses de Sargeant III en Venezuela, y los también abogados Oscar Eduardo Diesis Arias y Arturo Javier Jáuregui, tal y como consta en el registro mercantil. También fue inscrita el mismo día que Nabep, el 17 de abril de 2024, y mismo día en el que fue firmado el acuerdo para participar en los CPP, según publicó la propia compañía.
Subsidiaria de LNG Energy Group y cotizada en la Bolsa de Valores de Toronto, LNGEG Growth I divulgó el año pasado algunos datos sobre los dos CPP firmados con Pdvsa, señalando el compromiso de operación de los bloques en tierra firme Nipa-Nardo-Nieblas y Budare-Elotes -ambos en la Faja Petrolífera del Orinoco-, en los que proyectaba que podría hacer una inversión de desarrollo futuro de hasta 106,3 millones de dólares.
Ese reporte, fechado el 24 de abril de 2024, informaba que, para ese momento, entre los dos bloques asignados había una producción en bruto de 3.000 barriles diarios “de crudo ligero y medio”. Pero documentos obtenidos por Armando.info señalan que LNGEG Growth I se dispone a lograr una producción máxima en cada bloque ligeramente superior a los 16.000 barriles diarios, poco más de 32.000 barriles diarios en la suma total. Según lo acordado con Pdvsa, LNGEG Growth I obtendría una ganancia neta de entre 50% y 56% de lo producido.
¿Cómo llega LNG Energy a vincularse, a través de su subsidiaria LNGEG Growth I, con Pdvsa y participar en los CPP? La historia relata una serie de conexiones que llevan de nuevo a Harry Sargeant III. Fue él quien convenció al magnate petrolero de Texas, Rodney Ray Lewis, de acuerdo a fuentes de Pdvsa conocedoras de los contratos bajo la modalidad de CPP.
Rod Lewis tiene una historia casi épica de éxito petrolero, desde que compró un pozo en Texas en 1982 y fundó al año siguiente la que todavía es su empresa matriz, Lewis Energy, con la que ha hecho fama y fortuna produciendo crudo tanto en Estados Unidos como en México. Hace poco, en 2023, su interés por América Latina se desplazó un poco más al sur, a Venezuela. Paradójicamente, para ello debió incorporar una empresa en el norte, en Canadá. Se trata de LNG Energy Group, fundada en Toronto en sociedad con el venezolano Pablo Navarro Peña, pero con sucursal en Colombia desde el año 2003. En ese país tiene actualmente operaciones de explotación gasífera en los campos Sinú-San Jacinto, Perdices y VIM.
Lewis cedió por completo a Navarro Peña la representación legal de LNG Energy Group en Colombia el mismo 2023, así como de Lewis Energy. Una de las fuentes consultadas para este trabajo asegura que esa asociación entre Lewis y Navarro fue en realidad un paso más en dirección de allanar el camino a LNG para entrar en el mercado venezolano, con la expectativa de que se mantuvieran las licencias de explotación petrolera, compartida y aupada por el propio Sargeant III ante la administración de Trump.
En sus reportes oficiales, LNG Energy señala en varias ocasiones que las CPP fueron firmadas bajo el amparo de las licencias 44 y 44A emitidas por la OFAC y que, por lo tanto, permitían negociaciones petroleras con Venezuela aún en el marco de las sanciones de Washington contra Pdvsa. Estas licencias estuvieron vigentes hasta el 31 de mayo de 2024 y no han sido restituidas. “Ahora esa gente está entrampada”, afirma una de las fuentes consultadas “porque sin licencias no se van a arriesgar a operar”.
En el documento de cesión de facultades de Lewis a Navarro para el manejo de LNG Energy en Colombia, al venezolano Angel Roa Yustiz se le designa como uno de los sustitutos de Navarro. Documentos oficiales consultados para esta historia revelan que, en Venezuela, la representación de LNGEG Growth I la ejerce Roa Yustiz, quien también forma parte de la junta directiva de LNG Energy Group. Por su parte, varias fuentes consultadas coinciden en que Navarro Peña funge como representante de LNGEG Growth I ante Pdvsa para el negocio en Venezuela. Ni Roa Yustiz, ni Navarro Peña atendieron el pedido de entrevista para este reportaje.
En la órbita de LNG Energy Group gravita además el venezolano Serafino Iacono, uno de los directores hasta el año pasado de la empresa NG Energy, también con sede en Canadá -pero en Calgary- y dedicada, como LNG, a la explotación de gas en Colombia, en campos cercanos del bloque Sinú.
Serafino Iacono fue uno de los fundadores de la empresa petrolera colombiana -con matriz en Canadá- Pacific Rubiales, cuyo auge y caída entre 2008 y 2014 configuró un verdadero escándalo en términos de gestión del negocio. Otro fundador de Pacific Rubiales fue Ronald Pantin, quien actualmente es parte de la junta directiva de NG Energy.
Aunque no hay una conexión documental clara entre LNG Energy Group y Lewis Energy con NG Energy, sí hay indicios para bosquejar algunos vínculos. Uno de ellos: Pablo Navarro Peña, quien está al frente de las dos primeras empresas en Colombia, era el ejecutivo del Bank of America (BofA) que se entendía con Iacono cuando el banco estadounidense apalancó a Pacific Rubiales en términos financieros, según relatan varias fuentes.
Las sospechas sobre alguna relación entre las empresas, así como de una posible figuración de Serafino Iacono en LNG Energy Group y Lewis Energy, también las tienen las autoridades judiciales de Colombia. Una reciente investigación de la Procuraduría General de ese país sobre el presidente de la semiestatal colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, por posibles hechos de corrupción en la compra a Iacono de un apartamento en Bogotá, pide determinar si LNG Energy o Lewis Energy han celebrado contratos con Ecopetrol e inferir, así, posibles conflictos de intereses.
“Precisar si la compañía Lewis Energy Colombia Inc y la empresa LNG Energy International han realizado negocios con Ecopetrol desde el año 2022 hasta la fecha”, instruye el informe de la Procuraduría General colombiana, que sigue: “De ser así, quiénes los suscribieron, el objeto correspondiente y cómo ha sido su ejecución”.
La reciente suspensión de las licencias petroleras por parte de la administración Trump mantiene en vilo los proyectos de Nabep y LNGEG Growth I, pero de momento Harry Sargeant III y sus operadores locales mantienen ya una posición de privilegio en los campos petroleros venezolanos.
**Isayén Herrera participó en la reportería de esta historia.
A Jorge Silva la suerte le sonríe desde hace más de una década, cuando el sargento de la GNB y funcionario del Seniat empezó su consagración como magnate de la agroindustria. Aún así, 2024 le está resultando especialmente dichoso: pidió la mano a una exMiss Venezuela, se casó con ella y espera su primer hijo. También siguió con el engorde de sus negocios, que ahora pastan en campos petroleros. Pero nada de esto habría sido posible sin conexiones privilegiadas, que incluyen a Diosdado Cabello y a la pareja del exministro Pedro Morejón.
El joven presidente de la Federación Venezolana de Fútbol es un astro en ascenso que ha sabido escalar posiciones en la órbita de los negocios con el régimen bajo el ala protectora de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sus vuelos en comitivas oficiales lo llevan por el mundo no solo para promover a La Vinotinto, sino en beneficio propio a través de una estructura empresarial que lo mismo intermedia alimentos para los CLAP que petróleo para Pdvsa. Ya hay quien lo ve como el sucesor (y rival) del comerciante favorito de Nicolás Maduro.
En tan solo 21 meses, United Petroleo Corp, constituida en Panamá y sin experiencia en el negocio, obtuvo contratos -algunos, justo antes de ser disuelta- para comercializar hidrocarburos venezolanos en mercados globales por casi 500 millones de dólares. Tras ella se encuentra Rogers Ramírez Dorante, amigo y compañero de promoción de Antonio Pérez Suárez, el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de la estatal petrolera. Ambos militares están detenidos por la trama Pdvsa-Cripto.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
No solo el círculo de influencia y contactos en torno al defenestrado zar de la industria petrolera, Tareck El Aissami, le debe millones de dólares a Pdvsa. Nuevos documentos muestran que entre sus muchos ‘traders’ en mora también se encuentra la dupla de empresarios colombianos, con un monto que asciende a los 1.500 millones de dólares. Justo antes de caer en manos de la justicia estadounidense, Saab se dedicaba a llevarse crudo venezolano que nunca pagó del todo. La justicia chavista ya le allanó la casa en Caracas a su socio.
Ni el cautiverio en Cabo Verde detuvo los negocios del 'trader' colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente: el propio Saab y dos cómplices, el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni. El esquema les permitió seguir comerciando en todo el planeta con millones de barriles de crudo de Pdvsa frente a las narices del Departamento del Tesoro y sus sanciones. En México, por ejemplo, trataron de hacer negocios con la estatal Pemex, amparados tras empresas de maletín con nombres rimbombantes y cartas de recomendación forjadas.
Aunque las desapariciones ocurren en ambas naciones, y a pesar de que en 2023 los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro activaron lo que se recuerda como el único y más claro esfuerzo oficial para la búsqueda de decenas de ciudadanos desaparecidos en la convulsa frontera colombo venezolana, Colombia avanza sola para dar respuesta, con sus altibajos burocráticos y políticos, a la interrogante sobre sus paraderos. En Venezuela impera el silencio y el desinterés de las autoridades, cuando no la burla.
Desapariciones en la frontera colombo-venezolana. Una línea que oculta y silencia cuerpos.
En la frontera que comparten Venezuela y Colombia yacen decenas de historias ocultas bajo un mismo rótulo, la ausencia. La cartografía del horror y del olvido da fe de lugares, en ambos países, donde los grupos violentos mataron gentes y abandonaron sus cuerpos. Allí estarían las huellas de un delito silencioso que desde hace un cuarto de siglo oculta tumbas y borra nombres, pero que nadie investiga: la desaparición forzada transfronteriza. Un sinnúmero de testimonios constituye el único rastro que deja.
Cinco países, ocho empresas y una avioneta bastaban para lavar el oro de sangre de Venezuela, pero algo salió mal en un pequeño archipiélago del Caribe. Durante casi seis meses, Armando.info rastreó facturas y transferencias bancarias, litigó por expedientes judiciales y formuló solicitudes de acceso a información en varias jurisdicciones, para reconstruir rutas del oro ilegal que las mafias de Guayana logran colar hasta Europa.
Mientras Hugo Chávez se asomaba a la muerte, Nicolás Maduro, su anunciado sucesor, empezó a favorecer con contratos al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien hoy sigue siendo proveedor del Estado venezolano. El esquema previó además un bucle para beneficiar a la familia presidencial por la puerta trasera: a cambio de los pagos a través de la estatal Fundación Pro-Patria 2000 para el contratista, éste transfirió al menos 5,8 millones de dólares en presuntas coimas a una sobrina de Cilia Flores y su esposo.
Señalado como uno de los principales perpetradores de torturas contra los presos políticos, el coronel Alexander Granko Arteaga ha creado decenas de negocios que pone a nombre de familiares y amigos. Ahora el oficial de la Dgcim redobla su apuesta empresarial incursionando en el deporte, no solo con el Team Espartanos o tras bastidores del UCV F.C., sino también con un complejo de canchas de fútbol, para cuyas obras la alcaldía y la cámara municipal han servido más de propiciadores que de reguladores.
Magnate petrolero nacido en Florida, Estados Unidos. Dueño de Global Oil Management Group y comprador de derivados del petróleo venezolano.
Empresa creada en 2024 por Harry Sargeant III y Alejandro Betancourt y signataria de dos Contratos de Participación Productiva con Pdvsa.
Empresa creada en 2024 por LNG Energy Group y signataria de dos Contratos de Participación Productiva con Pdvsa. Registrada el mismo día, con misma dirección fiscal y apoderados que Nabep.
Empresario venezolano, conocido como uno de los bolichicos detrás de la empresa Derwick. Ha recuperado su participación en Petrozamora de la mano de Nabep, una compañía registrada en Barbados vinculada a Harry Sargeant III.
Cofundador de LNG Energy Group y su actual Presidente y Director Ejecutivo. En el pasado, desde el mundo financiero, se relacionó con Serafino Iacono, uno de los empresarios venezolanos detrás del auge y caída de Pacific Rubiales en Colombia.
Magnate petrolero de Texas, creador de las empresas Lewis Energy y LNG Energy Group.
Abogado venezolano con amplia experiencia en el sector petrolero. Apoderado de Nabep y LNGEG Growth I en Caracas. También es representante de los intereses de Harry Sargeant III en Venezuela.
