Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Apenas ocho días antes de las elecciones presidenciales, el Comité Tecnológico del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió para afinar los detalles de la jornada que enfrentaría a Nicolás Maduro, candidato a la reelección, con el opositor Edmundo González Urrutia. El encuentro fue encabezado por los tres rectores de tendencia oficialista de la institución: Elvis Amoroso, presidente del organismo; Carlos Quintero y Rosalba Gil. Frente a ellos, repartidos en dos mesas alargadas a los costados del salón, una veintena de funcionarios, con sus laptops desplegadas, parecían escuchar con atención a Amoroso.
A la izquierda de la escena, según se aprecia en las imágenes difundidas por el propio CNE a través sus redes sociales, se encontraba un hombre de unos 50 años de edad, vistiendo ropa deportiva y que posaba su iPhone sobre el mesón. De cabello y barba entrecanos, lucía más distendido que el resto; era la persona que más cerca se sentaba de los jerarcas del CNE.
Se llama Guillermo Carlos San Agustín. Empresario argentino, San Agustín es el propietario de Ex-Cle, contratista del Estado venezolano desde 2005, pero que a partir de 2017 sustituyó a la cuestionada Smartmatic en el manejo de software, tecnología y servicios para todas las elecciones en el país.
San Agustín y la propia Ex-Cle hoy guardan un silencio que se puede calificar como asombroso, ante el presumible fraude masivo cometido en los resultados de las elecciones del 28 de julio reciente, que ha dado lugar a una crisis política de escala hemisférica. No solo está en juego la reputación de la compañía, sino la paz de toda una nación.
Pero aún en una coyuntura tan acuciante, Guillermo San Agustín sigue conservando su bajo perfil.
San Agustín es prácticamente un desconocido para la opinión pública, algo que no es recíproco: de hecho, el argentino es una de las personas que más cosas sabe sobre todos los venezolanos. Maneja datos bancarios, de identidad y biométricos, del registro civil y, claro está, electorales. Un verdadero monopolio de la data oficial repartido entre la propia Ex-Cle S.A y su filial venezolana, Ex-Cle Soluciones Biométricas, y alimentado con, al menos, 43 contratos con instituciones como el propio CNE, bancos públicos, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) o la estatal petrolera Pdvsa, según consta en el Registro Nacional de Contratista (RNC).
Su presencia en la reunión de alto nivel del CNE ofrece un testimonio del rol particular que San Agustín y su compañía cumplen para el régimen venezolano: el de completar negocios millonarios, de alcance estratégico y componentes tecnológicos, pero siempre al servicio del poder político. Es un papel que San Agustín ha aceptado desempeñar, no sin algún costo: desde 2020 soporta una sanción individual que Estados Unidos le impuso. Pero son reveses que compensa con creces. “En muchas reuniones se presenta como asesor económico del gobierno”, afirma una fuente que conoce al empresario argentino. La fuente, como otras en esta historia, habló a condición de mantener su nombre en reserva.
Entrevistas con una decena de fuentes, realizadas antes y después de la jornada del 28 de julio, así como documentos a los que ha tenido acceso Armando.Info, entre ellos, actas de auditorías de procesos electorales de varios años, ediciones de la Gaceta Oficial y perfiles de redes sociales, permiten ahora diseccionar la anatomía de Ex-Cle, el misterioso proveedor del Estado venezolano que, en la práctica, funciona como una especie de CNE paralelo bajo la única jurisdicción de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, dos de las figuras más poderosas del chavismo-madurismo, y del rector Carlos Quintero, de cuyo personal de confianza en el CNE -especialistas en software y analistas de redes, entre otros- se nutre la nómina actual de Ex-Cle.
Conocido es que la salida de Smartmatic de la gestión del sistema electoral, en 2017, le abrió paso a Ex-Cle.
Antonio Mugica, el venezolano fundador y presidente ejecutivo de Smartmatic, denunció en agosto de 2017, desde la nueva sede de la empresa en Londres, que en las elecciones de diputados para la Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro convocó ese año, se había registrado una “diferencia entre la participación real y la que anunciaron las autoridades (...) de un millón de votos”. A la postre el chavismo copó las curules de esa Constituyente que no hizo ninguna Constitución, y ese fue el último proceso en que participó Smartmatic, por lo demás, una presencia fija en las elecciones venezolanas desde 2004.
Pero el relevo estaba preparado. Para ese momento, Ex-Cle no solo podía mostrar una cartera importante de contratos de entes del Estado, incluyendo el propio CNE, sino que se había constituido en un centro de poder. Para ello contaba con el padrinazgo, trino y único, de Jorge Rodríguez Gómez, actual Presidente de la Asamblea Nacional, recurrente jefe de campaña de las candidaturas presidenciales oficialistas y exrector del CNE; de su hermana, Delcy Rodríguez Gómez, hoy Vicepresidenta de la República; y de Carlos Enrique Quintero Cuevas, militar sancionado por Estados Unidos desde 2017 y actual Vicepresidente del CNE. Aunque desconocido por el público, Quintero resulta clave en la terna: encarna el “cerebro” del sistema electoral automatizado, tras dos décadas en las que tuvo cargos tan importantes como los de Jefe de la Dirección de Tecnología de la Información o miembro de la Junta Nacional Electoral.
Guillermo San Agustín es amigo personal tanto de Jorge y Delcy Rodríguez, como del rector Quintero. Estados Unidos no dudó en calificar a San Agustín como “socio” de Quintero cuando hizo pública la sanción contra el empresario argentino y Ex-Cle, en diciembre de 2020.
Con los Rodríguez la amistad se remonta casi al desembarco de San Agustín en Caracas, en 2005. En esa época, siendo rector del CNE, Jorge Rodríguez otorgó los primeros contratos electorales a la recién llegada Ex-Cle para que se encargara de la “digitalización de fichas dactilares” o las “auditorías sobre las elecciones de alcaldes y juntas parroquiales”, según se comprueba en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). De allí, una cosa, la cercanía con los Rodríguez, llevó a la otra, el vínculo con Quintero, quien ya hacía parte del CNE.
Años después, ya como alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez benefició en 2009 a Ex-Cle con contratos de modernización de los sistemas de recaudación tributaria, según mostraba la propia compañía en información en su página web que, con el tiempo, ha ido eliminando, según crecieron las suspicacias que opacan su reputación.
“Guillermo San Agustín fue una especie de jefe en la sombra del comando de campaña de Jorge [Rodríguez] para la alcaldía en la elección de 2008”, recuerda una de las fuentes consultadas para este reportaje. Asegura que Guille, como conocen en el entorno cercano al empresario argentino, usa un teléfono que le sirve solo para comunicarse con los Rodríguez.
Si esa historia de relaciones interpersonales no resultara suficiente, basta con detenerse en el perfil de los principales cargos de Ex-Cle en Venezuela para comprobar la influencia de los Rodríguez y Quintero en la compañía de Guillermo San Agustín. Funcionarios del CNE y otras instituciones de la administración pública rotan hacia Ex-Cle con naturalidad absoluta.
Jorge Renato Nehmer Ibañez, por ejemplo, es Gerente de Operaciones en Ex-Cle desde mayo de 2021, según su perfil profesional en Linkedin. Antes tuvo varios cargos bajo las órdenes de Delcy Rodríguez en su época de Ministra de Comunicación, primero, y luego en su etapa de Canciller. En julio de 2014, Delcy Rodríguez designó a Jorge Nehmer como “coordinador del sistema de control de gestión” para el Ministerio de Comunicación, según la Gaceta Oficial 40.454. En ese mismo despacho, Jorge Nehmer fue Director Adjunto de Tecnología para, luego, de 2015 a 2016, pasar a ser Subdirector de Tecnología en el Ministerio de Relaciones Exteriores, siguiendo la estela de su entonces titular, Delcy Rodríguez.
Jorge Nehmer es el responsable en Ex-Cle de los proyectos relacionados con el Saime, el Saren y el Registro Civil, detalla una de las fuentes que conoce las operaciones de la empresa.
Un caso similar es el de Vanessa Sepúlveda Medialdea, encargada actualmente en Ex-Cle del proyecto vinculado a la plataforma de Biopago para el Banco de Venezuela, negocio que la empresa desarrolla con ese banco estatal desde 2018. En junio de 2015, tal y como consta en la Gaceta Oficial 40.682, Delcy Rodríguez designó a Sepúlveda como Directora de Tecnología de la Información de la Oficina de Servicios Administrativos del Ministerio de Comunicación. En 2019, Delcy Rodríguez, ya en su condición de Vicepresidenta de la República, colocó a Vanessa Sepúlveda como directora suplente en la junta directiva de la estatal de telecomunicaciones Movilnet, de acuerdo a la Gaceta Oficial 41.731. “Vanessa Sepúlveda es protegida de Delcy y Jorge [Rodríguez], y fue por eso que la adoptaron en Ex-Cle”, explica la fuente enterada del funcionamiento de la empresa en Caracas.
Esa puerta giratoria, evidente entre antiguos funcionarios del CNE, se acentuó a partir de 2017, tras la denuncia y partida de Smartmatic.
Entonces, "Carlos Quintero se propuso idear una Dirección de Tecnología de la Información paralela”, recuerda un exempleado del CNE, que asegura que unos 20 cargos de confianza de Quintero o ex altos funcionarios de la institución migraron a Ex-Cle en ese momento.
Uno de los que entonces hicieron la transición es Erich Javier Briceño Fernández, quien laboró en el CNE entre 2006 y 2017, de acuerdo a su perfil profesional en Linkedin. Desde agosto de 2017, justo después de la elección de la Constituyente, se convirtió en Jefe de Proyectos de Ex-Cle.
Aunque también se ha encargado de diversas funciones en la Vicepresidencia de la República y la Cancillería -ambos, cotos de Delcy Rodríguez-, Erich Briceño fue uno de los responsables de la recolección de las máquinas de votación luego de que los comicios del 28 de julio cerraron. Hoy ronda la sospecha del uso de esos aparatos para una posible impresión ex post facto de unas actas cuyas cifras eventualmente respalden el boletín leído por el presidente del CNE la medianoche del 28 de julio, cuestionado por la oposición venezolana, pero también por observadores de la elección presidencial como el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU.
Otro que cambió de camiseta, pero no de lealtades, es Ángel José Elía Rodríguez, quien trabajó en el CNE desde 2009 hasta agosto de 2017, cuando ya era Director de Soluciones Electorales, tal y como refleja su perfil de Linkedin. Ángel José Elía, junto a su hermano, José Ángel Elía, este, analista de sistema en el CNE, pasaron a servir a Ex-Cle una vez que la compañía argentina sustituyó del todo a Smartmatic.
Los hermanos Elía Rodríguez sorprendieron a todos en las auditorías que, en 2020 y 2021, técnicos electorales independientes y de partidos de oposición realizaron a los sistemas y a las máquinas de votación del CNE, compradas luego del incendio en un galpón al Este de Caracas que, en marzo de 2020, destruyó las usadas en tiempos de Smartmatic. Entonces, Ángel y José Elía participaron en las auditorías, ya no en representación del árbitro electoral, sino como “asesores externos”, como reflejan las actas de esas revisiones, obtenidas para este reportaje. En ocasiones, hablaron en calidad de voceros de Ex-Cle. “En las auditorías vimos que los ingenieros de confianza de Quintero en el CNE aparecían en representación de Ex-Cle. ¡Todo el core de Quintero ahora estaba en Ex-Cle!”, rememora una de las fuentes consultadas para esta investigación.
Ese camuflaje de funciones también llamó la atención de Eugenio Martínez, periodista especializado en la cobertura electoral. “No queda claro si José Elía (hermano de Ángel Elía, director de sistemas electrónicos del CNE) actúa como representante de una empresa consultora no identificada o como funcionario del CNE. Insisto: no se sabe quién es el propietario de la plataforma”, publicó Martínez el 15 de octubre de 2020 en la red social X, entonces Twitter.
Otra de las cabezas de Ex-Cle es Richard Hendry Chirino Torres, encargado de la Gerencia de Proyectos para Soluciones Electorales. Chirino fue Director de Infraestructura del CNE, pero en el proceso del 28 de julio tuvo un papel clave a nombre de Ex-Cle, así como durante los días posteriores a la crisis de credibilidad en los resultados, haciendo las veces de enlace entre la compañía y el árbitro electoral venezolano.
“Carlos Quintero desarmó la Dirección de Tecnología del CNE y le cedió mucho control a Guillermo San Agustín y Ex-Cle”, resume la fuente conocedora de las actividades de la compañía argentina en Venezuela. Hasta tal punto se desarrolló esa fusión, detalla la misma fuente, que el propio Quintero convirtió la sede principal de Ex-Cle en Caracas, ubicada en una quinta de la urbanización Santa Eduvigis, en su centro de operaciones, lejos de la sede oficial del CNE. “Ex-Cle paga los sueldos, pero es como si fueran empleados de Quintero”, insiste la fuente.
San Agustín y Ex-Cle, por su parte, terminaron haciendo uso de recursos del CNE como propios, para ofrecer servicios como el de verificación de identidad que le prestan al estatal Banco De Venezuela. “Ex-Cle utiliza la plataforma del CNE para la comparación de huellas, usan los servidores del CNE, pero lo cobran como si fueran propios”, precisa la misma fuente.
La arquitectura de la quinta Mary de Santa Eduvigis es también reflejo de la expansión que han logrado Guillermo San Agustín y Ex-Cle de la mano de los jerarcas del régimen chavista-madurista. Lo que en principio era una casa residencial, ha terminado por convertirse en un búnker que incorpora otras tres casas vecinas. Así un sector de viviendas de clase media, tradicional y apacible, en el noreste de la capital venezolana, pasó a tener como vecino inesperado un recinto fortificado que resguarda secretos comerciales y políticos.
La calle donde se ubica la quinta no está del todo cerrada, pero unos conos blancos, varios hombres de negro, un toldo de vigilancia y la cantidad de camionetas estacionadas a lo largo de la cuadra, sirven para disuadir el paso. Los vecinos confirman que esa “casa ha cambiado mucho” en relación a la construcción original, levantada en 1957. En efecto, ha sido remodelada, al igual que las otras tres anexas, hasta hacerlas parecer como si todas fueran parte de un único volumen. Allí se encuentran el centro de datos y las oficinas de Ex-Cle, desde donde no solo atiende el negocio electoral, sino los otros donde actúa la compañía.
Es apenas uno de los signos del poderío económico de la empresa. Un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, elaborado en 2019 y revelado el pasado 8 de agosto por Infobae, al que también Armando.Info tuvo acceso, descubre que solo en 2017 Ex-Cle cobró al CNE cuatro “órdenes de servicios” relacionadas a las elecciones municipales de ese año por casi 71 millones de euros. El año siguiente, en el que tuvieron lugar tanto la también cuestionada elección presidencial en mayo como los comicios regionales, Ex-Cle tuvo al menos 12 contratos con el CNE, tal y como consta en el RNC, que no detalla los montos.
Por estos días, a las oficinas de Santa Eduvigis solo asiste el personal venezolano que trabaja bajo las órdenes de Guillermo San Agustín. Hernán Sorell, Gerente de Tecnología de Ex-Cle y quien figura en algunas de las actas de auditorías técnicas realizadas por el CNE en varios procesos electorales, así como Javier Nassif, el gerente general de Ex-Cle en Venezuela, ambos argentinos, volaron de regreso a su país. Nassif acompañó a San Agustín en la reunión del Comité Técnico del CNE realizada el 20 de julio, pero salió del país entre gallos y medianoche, dejando atrás la controversia sobre los resultados.
En la estructura patrimonial ideada por Guillermo San Agustín para la operación en Caracas lo acompaña un socio venezolano, Marcos Javier Machado Requena. Formalmente, es el único accionista local que tiene Ex-Cle Soluciones Biométricas, la filial venezolana de Ex-Cle. Por eso mismo, Marcos Machado también fue blanco de las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro en 2020. “Machado participa en la gestión y las operaciones financieras de adquisición de máquinas y hardware de votación relacionados con las elecciones adquiridas de proveedores extranjeros para el gobierno de Venezuela, y está asociado con San Agustín y Quintero en la gestión de Ex-Cle”, argumentaron entonces las autoridades estadounidenses en un comunicado.
El mismo reporte de la UIF menciona un pago por casi 120.000 dólares para Marcos Machado, hecho desde una cuenta corriente de Ex-Cle en Argentina.
En efecto, Machado Requena, de 43 años de edad, se ha ganado la confianza de San Agustín. Pero, además de ser accionista en Ex-Cle Soluciones Biométricas C.A., figura como propietario de otras dos empresas constituidas en Venezuela junto a socios argentinos distintos a San Agustín. Una es Neométrica C.A., donde comparte sociedad con el ya mencionado Hernán Sorell, para la que también tuvieron figuras jurídicas en Buenos Aires y en Islas Vírgenes Británicas; la otra es Datamap S.R.L, dedicada al mapeo y la geolocalización, como su homónima de Buenos Aires. En la Datamap de Caracas, Machado es socio de Santiago Casaux Alsina y Erica Raymaekers, los accionistas originales de la empresa matriz en Argentina.
Casaux Alsina, dueño de numerosas empresas en Argentina, tanto del sector informático como de otros, acaba de ser designado por la administración del presidente Javier Milei en las directivas de Nucleoeléctrica y Dioxitek, dos compañías del conglomerado estatal de energía atómica en el país austral.
Machado Requena también es dueño de otras dos compañías que hacen parte del ecosistema de Ex-Cle como prestadoras de servicios: Inversiones Empacados 3000 C.A. e Inversiones Neotecnología 3000 C.A., esta última con sede en el piso 3 del edificio Bonpland, en el centro de Caracas, siempre de acuerdo a los datos del RNC.
Según su expediente, esa oficina también la utiliza Ex-Cle Soluciones Biométricas. Pero en una visita realizada por Armando.Info, se comprobó que en el lugar no hay rótulos de Ex-Cle o de Inversiones Neotecnología 3000; en realidad no se encuentra ningún tipo de identificación que siquiera confirme que allí opera algún tipo de empresa.
Ni Guillermo San Agustín, ni Ex-Cle, como tampoco Marcos Machado Requena, respondieron a las solicitudes de entrevistas formuladas por correo electrónico para este reportaje. Algo similar ocurrió cuando la organización Transparencia Electoral, junto a representantes de otras agrupaciones, intentaron entregar una petición de información en la sede principal de la compañía en Buenos Aires. El 9 de agosto encontraron que las oficinas del edificio número 1896 de la calle Paraguay del microcentro porteño permanecen vacías. No había quien les diera respuesta. El portero del edificio se limitó a explicar que el personal trabaja de manera remota, haciendo home office.
Nada ha frenado a Guillermo San Agustín en su expansión con Ex-Cle, hasta ahora subrepticia. Cierto es que, durante las dos décadas en las que ha concentrado el monopolio de los datos y la identidad de los venezolanos, pudo mantener un bajo perfil. Pero tras el presumible fraude electoral del 28 de julio, cuyas características “no tienen precedentes en elecciones democráticas contemporáneas”, según concluye el informe el Panel de Expertos de Naciones Unidas, su nombre ya no puede pasar inadvertido.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
La vicepresidenta de Nicolás Maduro, cuyo poder crece en simultáneo con el de su hermano, Jorge, lo hace todo en familia. Así que con Yussef Abou Nassif, a quien se le asocia como su pareja afectiva, y sus hermanos, ha sido generosa. Aún antes de que la relación pase a mayores, Cupido llegó con una alforja llena de contratos para el clan de origen libanés, que de la noche a la mañana construyó una maraña de empresas que desde 2017 se nutrió con al menos 413 millones de dólares en convenios para el suministro de los CLAP, y luego se extendió a otros negocios como bodegones, tarjetas de pago y venta de insumos médicos.
Los electores de ese país balcánico van hoy a las urnas para escoger un nuevo parlamento pero, independientemente de los resultados, de antemano se conoce un ganador: la compañía de tecnología electoral de origen venezolano, que lleva allá cinco eventos comiciales, incluyendo el actual, procesando los votos, hasta ahora sin inconvenientes. Pero en esta ocasión no pudo evitar la controversia que ya la siguió en otros países como Filipinas, Argentina y su natal Venezuela. La prensa local se puso suspicaz tras conocer que las dos empresas locales precalificadas para organizar el proceso presentaron propuestas idénticas y con el mismo socio tecnológico: Smartmatic y nadie más. La polémica no cesa.
Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
Cuando las sanciones dificultaron tanto las exportaciones de Pdvsa como su cobranza, un pequeño banco de la isla de Dominica se puso a valer. Era el Compass Bank, controlado por la familia De Grazia, accionistas en Venezuela, junto a Samark López, de Bancamiga. Ambas instituciones financieras eran principio y final de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados globales alternativos, y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, originó el caso Pdvsa-Cripto.
Socio venezolano de Guillermo San Agustín en Ex-Cle Soluciones Biométricas. Es dueño también de empresas como Neometrica e Inversiones Neotecnología 3000, asociadas también al funcionamiento de Ex-Cle en Venezuela.
Presidente de la Asamblea Nacional. En su época de rector del CNE, primero, y luego como alcalde del municipio Libertador en Caracas, le abrió la puerta a Ex-Cle.
Rector principal del CNE. Es militar y lleva dos décadas en el organismo electoral venezolano y es el “cerebro” del sistema automatizado. A partir de 2017 tejió junto a Ex-Cle una estructura electoral paralela.
Empresa argentina que desembarcó en Venezuela hace dos décadas. Hoy concentra un monopolio relacionado con la información de los venezolanos gracias a decenas de contratos estatales con el CNE, pero también con el Saime, el Saren o el Banco de Venezuela.
Empresario argentino, dueño de Ex-Cle, la principal proveedora de servicios electorales para el CNE. Cercano a Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y el actual rector del árbitro electoral, Carlos Quintero Cuevas.
