Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
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Una mujer enardecida sostiene un paquete de harina de las cajas CLAP mientras grita ante la cámara que el producto viene con gusanos. “Esta es la maldita harina que vos dais”, se dirige a Nicolás Maduro, con el voceo y acento zulianos, en un video originalmente viralizado en Tik Tok. Pero a partir de ese punto se hace evidente una edición del clip original. Mientras se sigue escuchando, ahora en off, la voz de la denunciante, empieza a verse una transición con imágenes de ocho agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que montan sus motos para buscarla. Tocan la puerta de una casa. “Tun tun”, y por la mirilla se ve el rostro de uno de los uniformados. De inmediato aparece la misma señora, esta vez dando la espalda a la cámara, de frente a un paredón con el emblema de la GNB, como suelen presentar a los delincuentes capturados en operativos policiales, de modo de no exponer su identidad antes de un debido proceso judicial.
El video no termina allí, con esa lección de crimen y castigo. Sigue con evidencias de que la rebelde señora se ha regenerado. Ahora mirando a cámara, pide perdón: “Mi nombre es Iris Margarita Rincón Villasmil, de la cédula de identidad 16.919.722. El día 28 de julio [día de las controvertidas elecciones presidenciales en Venezuela] me dejé influenciar por una persona de identidad colombiana la cual me pagó 50 dólares para que hiciera un video y lo subiera al Tik Tok ofendiendo a nuestro presidente Nicolás Maduro”, dice. “Yo recibo todos los beneficios que nos da; me encuentro en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana, destacamento 111, puerto de Maracaibo. Le pido perdón a mi presidente Nicolás Maduro y al país”, concluye esta versión 2.0 de la autocrítica socialista forzada, de larga tradición en regímenes como el estalinista en la extinta Unión Soviética, o el castrista en Cuba.
El video, perfectamente editado en 59 segundos y que busca usar a la mujer como chivo expiatorio, criminalizándola antes de que enfrente un juicio adecuado, cierra con una coletilla que identifica al Comando de Zona 11 de la GNB en Maracaibo, capital del estado Zulia, fronterizo con Colombia. Ha venido circulando en las redes de ese cuerpo militar, así como en cuentas personales de la alta jerarquía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre las que destacan las del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana y viceministro del Sistema Integrado de Policía, Elio Estrada, así como del recién ascendido coronel de la GNB, Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a quien, a manera de sanción, Instagram le suspendió su cuenta poco después.
Se trata del poder del Estado –incluidos los cuerpos de seguridad y otras instituciones, pero también personalmente jerarcas del alto gobierno– que identifica en las redes sociales y busca en sus casas a los “enemigos de la patria”, en realidad y en todo caso, enemigos del régimen, no solo para capturarlos, sino para devolverlos a las redes mediante imágenes que resulten ejemplarizantes y escarmienten a quienes pretendan desconocer el dudoso triunfo de Nicolás Maduro, proclamado por la autoridad electoral que el chavismo controla.
La misma noche del 28 de julio, tras el anuncio preliminar de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas y otras poblaciones del país brotaron protestas callejeras ante lo que muchos electores, y buena parte de la comunidad internacional, consideraron la primera señal de un fraude electoral masivo, con el que se despojó del triunfo al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Los disturbios se han saldado hasta ahora con 24 muertes, y la represión desatada desde el régimen ya cuenta con más de 1.100 arrestos y 40 desapariciones, según la relación que lleva la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Sin embargo, desde su atrincheramiento, Maduro y los cuerpos de seguridad no se han propuesto sofocar la revuelta solo a sangre y fuego. También con un nuevo poder suave: las redes sociales. Para infundir un miedo que contenga a la gente en sus hogares, producen contenidos que invariablemente incluyen elementos que causan terror, no solo a través de las imágenes sino también con la musicalización. En el arsenal de piezas audiovisuales se detecta otro patrón: su arco narrativo suele desembocar en la expresión de arrepentimiento de los supuestos sediciosos.
Es el caso, por ejemplo, de Johanna José Blanco Bravo en Achaguas, estado Apure, en Los Llanos occidentales de Venezuela; en videos de las redes sociales aparecía con cacerola y bandera en mano, agitando una manifestación. O de Jesús Gabriel Cedeño Bermúdez, a quien las autoridades señalan como el rostro detrás de una capucha que se podía divisar en una protesta en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, sobre la costa nororiental del país. “La oposición me contactó y me hicieron un pago de 800 dólares para que viniera al municipio Achaguas a protestar y a manifestar”, justifica la primera al final del video preparado por los cuerpos de seguridad. “Me dijeron pa’ir pa’la guarimba y prendimos el módulo de la casilla policial de Polisotillo”, confiesa el otro en un clip similar.
Para la presente entrega, Armando.info sistematizó cientos de posts, clips de video y otros mensajes colgados en redes sociales, hasta recolectar otros 20 videos, además de los ya nombrados, que durante estas últimas dos semanas de tensión política y conflicto en las calles han expuesto por las redes a 24 venezolanos, hombres y mujeres que participaron en las protestas, que luego fueron arrestados, fichados y forzados a pedir perdón frente a las cámaras de los organismos de inteligencia del Estado.
Son el mismo discurso, formato, estética y trama que se repiten en videos divulgados a través de cuentas personales de altos funcionarios, así como de cuentas institucionales de organismos del Estado. El de Achaguas, por ejemplo, se publicó en la cuenta de X, antes Twitter, del Comando Estratégico Operacional de la FANB, pero también desde la del Comandante General de la GNB, Elio Estrada. Al joven de Anzoátegui lo expusieron en Instagram y Tik Tok desde los usuarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y durante años considerado el número dos del chavismo.
Se trata de mensajes de revancha y amedrentamiento que se valen de recursos como la inserción de imágenes de personajes de terror como Chucky, el famoso muñeco diabólico de las películas, o de Billy, otro personaje que aparece en la serie Saw, acompañados de frases burlonas sobre los opositores o parodias. Varios de los videos terminan con efectos visuales con los que se deforman y caricaturizan los rostros de los detenidos y se les encierra entre barrotes virtuales, mientras suenan temas musicales sacados del soundtrack de filmes como Terror en Elmo Street, la serie del personaje de Freddy Kruger, o Ding Dong, de Gumi, una melodía que evoca un juego de escondite macabro desde la perspectiva de un acosador.
Son cosas tal vez comunes en las vastas catacumbas de las redes sociales, pero acá lo nuevo es que los autores son organismos del Estado, que de paso dejan así, registradas en audio y video, nuevas evidencias incriminatorias sobre posibles crímenes contra la humanidad. La campaña ha sido bautizada con el nombre de Operación Tun Tun, sin lloradera, una secuela de la Operación Tun Tun anunciada por primera vez por Diosdado Cabello en su programa de televisión Con el Mazo Dando durante la ola de detenciones que se produjeron en ocasión de las protestas de 2017.
“La operación Tun Tun se convirtió en un apodo informal para las operaciones de detención del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) dirigidas a las personas que apoyan las protestas o la oposición en general”, señalaría un informe de Naciones Unidas tres años más tarde. En el documento, datado el 15 de septiembre de 2020, apareció una lista que por primera vez mencionaba a individuos de la cadena de mando responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entre esos nombres de la Tun tun original están los de Diosdado Cabello, Alexander Granko y Elio Estrada, precisamente algunos de los jerarcas del Estado chavista que más activos se muestran ahora en la divulgación de los videos del reboot actual de la operación.
“Claramente es el Estado contra la población civil”, lamenta la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, en entrevista para esta historia. “Un linchamiento de personas por ejercer sus derechos humanos básicos, lo que cierra aún más el espacio cívico, viola el derecho a la protesta pacífica, vulnera la posibilidad de defender el derecho al voto y exigir que haya un proceso de escrutinio transparente”.
Antes del genocidio de 1994 en Ruanda, la etnia hutu en el gobierno llamó a sus rivales tutsis como “cucarachas” desde la radio. Antes del Holocausto, la Alemania nazi obligó a los judíos a portar en público una estrella amarilla que los identificara, al tiempo que el Estado fomentaba la narrativa de periódicos como Der Stürmer o el Völkischer Beobachter, con ´páginas repletas de caricaturas y artículos antisemitas que incitaban al odio. Abundan los ejemplos históricos donde el lenguaje deshumanizante precedió a las acciones de exterminio.
En la República Bolivariana ahora se juega al odio; los organismos de inteligencia están aprovechando la tecnología y las redes sociales para identificar y vigilar a sus oponentes mediante nuevos mecanismos de represión masiva. Un documento del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) elaborado en marzo pasado por su Dirección de Investigaciones Estratégicas (DIE), al que tuvo acceso Armando.Info, confirma la importancia que ese cuerpo de seguridad da a las redes sociales.
El documento, denominado Técnicas de abordaje postmodernas de investigación, en escenas de hechos de conmoción pública, siniestros y actividades terroristas, detalla los pasos a seguir para investigar cuentas de redes sociales en casos de “instigación al odio y la violencia”, así como la “elaboración de matrices de opiniones negativas o falsas”.
“Explorar las redes sociales para detectar partidos políticos de la ultraderecha, OPVEN [presumiblemente, oposición venezolana] y observar el apoyo, la tendencia, efecto y diseminación del mensaje”, refiere el instrumento. También instruye a hacer “capture del contenido de interés”, la “identificación del usuario”, así como “identificar la dirección IP y ubicación del moderador” en la tarea de identificar y vigilar a personas en las redes sociales.
El Estado ha promovido en estos días la delación como forma de persecución y apartheid político. Pero no es la primera vez. De hecho, el término de patriotas cooperantes, adoptado por el régimen para dignificar a sus soplones, comenzó a usarse con Hugo Chávez y desde entonces ha servido hasta para sustanciar sentencias de testigos anónimos contra disidentes y presos políticos, como Araminta González.
El sociólogo Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y director de la organización Laboratorio de Paz, recuerda que hubo casos de delaciones alentadas por las autoridades durante las protestas de 2017 pero, añade, "ahora lo novedoso es que se anuncia pública y abiertamente”. A tal punto que el propio Gobierno empezó el viernes 2 de agosto, cinco días después de las elecciones, en el pico más alto de las protestas, a llamar a delatar a los venezolanos que se han manifestado en las calles.
“Denuncia si has sido objeto de campaña de odio física o virtual a través de las RRSS”, exhortan las stories que divulgó la Dgcim tras anunciar una línea telefónica con conexión a Whatsapp y Telegram en la que solicitaba “evidencia en físico o digital donde se muestre la amenaza”. El mismo mensaje circuló en las cuentas de Instagram y Twitter del comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar de la Fiscalía), pero usando sus cuentas personales y la del departamento de prensa del organismo.
Un caso similar ocurrió con VenApp, la aplicación que el régimen lanzó en 2022 como una plataforma integrada para reportar fallas de servicios públicos y coordinar la distribución de ayudas y beneficios sociales. El 30 de julio, el propio Maduro dijo que habían agregado un canal para que sus seguidores delataran a los manifestantes: “Hoy en la noche vamos a abrir una página del VenApp para toda la población, para que ahí de forma confidencial me pongan los datos de los que han atacado al pueblo, para que haya justicia”.
Al día siguiente anunció que “todos los guarimberos van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”, y esta semana culpó a los judíos de una conspiración en su contra: “Todo el poder de comunicación del sionismo, que controla todas las redes sociales, los satélites, y todo el poder detrás de este golpe de Estado”.
En las alocuciones de Nicolás Maduro está presente una polarización entre un nosotros que se vincula a la gesta libertadora de Bolívar, son “afrodescendientes” y víctimas de las potencias extranjeras, frente a un otros al que tilda de “fascista”, “de ultraderecha”, “terroristas”, “colonialista”, “oligarca”, “capitalistas” y hasta perteneciente al ejército realista de tiempos de la Guerra de Independencia, entre otros calificativos. “Este proceso de desconocer la existencia del otro como ciudadano, atribuyéndole etiquetas de terrorista o fascista”, comenta la lingüista y profesora de Análisis del Discurso de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cristina D’Avolio, “es una forma de deshumanización y conlleva, en consecuencia, a la denegación de derechos, que es uno de los objetivos principales de los discursos de odio”.
Aunque se las pueda diseccionar, no hay duda de que las palabras de Maduro han tenido efecto. También la vigilancia digital y las detenciones selectivas. De otra forma, Marco Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), no se explica el declive abrupto de las manifestaciones: solo entre el 29 y 30 de julio lograron documentar 915 protestas, pero al día siguiente cayeron vertiginosamente a apenas 11.
Ponce señala que, a partir de las protestas de 2014, el chavismo se ha preparado para un escenario como el actual, en el que ha puesto en marcha redes de identificación y delación construidas durante años. La Operación Tun Tún, sin lloradera o la promoción de la aplicación Venapp para denunciar a los guarimberos no han sido más que las expresiones 2.0 de un plan diseñado con premeditación.
“El gobierno, después de las protestas de ese año, comenzó a desarrollar redes de inteligencia ciudadana que se enmarcan dentro del sistema popular para la paz, que es el gran plan de seguridad. En el subcomponente social están los colectivos, las UBCH y las RAS, las Redes de Articulación Sociopolítica que hemos denunciado, que son agrupaciones y personas que se identifican con el gobierno”, explica. “Se puede decir que es un territorio nuevo en términos de represión política. Venezuela está a la vanguardia de este tipo de acciones a través del uso de redes sociales”.
* Por los riesgos que comportaba, Armando.info decidió en consejo editorial adoptar medidas extraordinarias para este trabajo. Por lo tanto, los reporteros ni buscaron la versión de los involucrados ni firmaron la nota, ambos, de otro modo, estándares que regularmente se cumplen en este medio.
Alrededor del recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga ha emergido un grupo de negocios que –entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas– suma unas 30 empresas, que se sepa. Naciones Unidas ya lo había señalado por sus vínculos con el tráfico de armas, la industria de la extorsión y la extracción ilegal de oro. Y ahora una nueva revelación advierte que, si bien está sancionado en Estados Unidos, su esposa y familia política han logrado abrir nuevas empresas en Florida.
En la República Bolivariana se ha vuelto práctica común detener y aplicar torturas a las parejas, hijos, nueras, cuñados e incluso primos lejanos de quienes acusan de golpistas. Los cuerpos de contrainteligencia han llegado a secuestrar perros para forzar la entrega de disidentes. Este es un relato de cómo el Estado venezolano toma represalias contra sus perseguidos usando a sus seres queridos como carnada, mediante técnicas nazis que importó desde La Habana.
Familiares de militares disidentes o de civiles considerados opositores al régimen de Nicolás Maduro son perseguidos y torturados con una técnica de castigo copiada de Alemania. Se llama Sippenhaft y su efectividad está asociada al quiebre emocional de los enemigos políticos y su entorno. Así logran obtener una confesión sobre el paradero del familiar perseguido, que éste se entregue o que acepte incriminarse o incriminar a otros. Se trata de una práctica establecida, desde, al menos, 2017.
No es gratuito que los tormentos a los que la contrainteligencia militar y otros cuerpos de seguridad someten a sus detenidos suelen ocurrir en sitios informales y en medio del trasiego de rehenes entre esos sitios: se trata de una dimensión invisible donde no hay institucionalidad y nadie rinde cuentas ante la ley. Las desapariciones transitorias, a veces de horas y otras de semanas, mortifican a los familiares de los detenidos y se han vuelto un preámbulo casi obligatorio para las causas de índole política en la justicia chavista.
Una suerte de pillaje institucionalizado nutre el patrimonio de bienes raíces de los cuerpos de seguridad del Estado chavista, en particular de la Contrainteligencia Militar, que se ha hecho de inmuebles por lo general ubicados en urbanizaciones del este de la capital venezolana. En algunas de esas ‘casas seguras’, dedicadas al secuestro, la extorsión y la tortura de adversarios políticos, los servicios secretos atormentan a sus víctimas, rehenes o desaparecidos, mientras no están a la orden de los circuitos judiciales. La presente es la entrega inicial de una serie que radiografía esos lugares y el horror que los habita.
En los últimos cinco años han fallecido veinte indígenas en la Guajira venezolana luego de la militarización de sus territorios. Muchos otros viven con temor y amenazados por una pretendida guerra que libra el Ejército contra el contrabando. El confinamiento a un espacio geográfico que ha supuesto la masiva presencia de las fuerzas armadas venezolanas ha alterado las ancestrales costumbres de la etnia más numerosa del Venezuela
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
Cuando las sanciones dificultaron tanto las exportaciones de Pdvsa como su cobranza, un pequeño banco de la isla de Dominica se puso a valer. Era el Compass Bank, controlado por la familia De Grazia, accionistas en Venezuela, junto a Samark López, de Bancamiga. Ambas instituciones financieras eran principio y final de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados globales alternativos, y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, originó el caso Pdvsa-Cripto.
El régimen de Nicolás Maduro acentuó una práctica que ya aplicaba Hugo Chávez: apropiarse de las casas de los opositores obligados al destierro. Entre las propiedades confiscadas de hecho, sin ningún tipo de justificación legal, hay algunas de políticos de alto perfil ocupadas por cuerpos de seguridad, entes del Gobierno y hasta personalidades del Estado chavista. Una nueva ley amenaza con oficializar las arbitrariedades
