Parlamentario oficialista y proveedor del Estado, a José Leopoldo Matos las formas le tienen sin cuidado. Su empeño por encarnar simultáneamente a la revolución socialista y a la iniciativa privada, sin reparar ni en restricciones legales ni en coherencias ideológicas, equivale a procurar la cuadratura de la arepa. En todo caso, su relato de éxito como empresario del agro se tambalea, sostenido apenas sobre deudas y generosas asignaciones públicas.
El 30 de julio de 2017, José Leopoldo Matos obtuvo en las urnas su primer cargo de elección popular: una curul en la írrita Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro patrocinó e hizo instalar en 2018. Tres años después, el 6 de diciembre de 2020, Matos lo logró de nuevo, pero esta vez como postulante a una curul de diputado a la Asamblea Nacional chavista por la lista del estado Guárico, en la región de los Llanos centrales de Venezuela, del partido Patria Para Todos (PPT), parte del bloque oficialista Gran Polo Patriótico.
Desde aquel 2017, la vida partidista y parlamentaria de Matos (67) ha estado marcada por tres características invariables: una es su lealtad al chavismo-madurismo; otra, que ni antes ni después ha dejado de ser empresario contratista del Estado; y la tercera, que no esconde ese papel de proveedor del Estado, aunque contravenga la normativa venezolana.
Los instrumentos legales que, empezando por la Constitución vigente -la “de Chávez”, de diciembre de 1999-, prohíben de manera explícita que un servidor público, máxime un diputado, haga negocios con el Estado, parecen letra muerta no solo para Matos, sino para los medios oficialistas que a menudo difunden sus actividades empresariales.
Tener al Estado en su portafolio de clientes es el oficio de José Leopoldo Matos. Para ello se ha valido de una empresa que fundó en 2006, Silos Mantenimiento de Cereales, C.A. (Silmaca). Con esta, al menos desde 2016, a través de alianzas estratégicas y acuerdos de los que queda constancia en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Matos ha puesto su producto estrella, la harina de maíz Doña Goya, en las cajas y bolsas del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el principal programa de asistencia social y clientelismo del régimen.
La tensa dualidad de Matos como hacedor de leyes y empresario revolucionario ha quedado normalizada en los medios estatales. Pero hay otro costado controvertible de esa figuración, que documentos obtenidos por Armando.info ahora ponen de relieve: Matos acumula deudas tanto con los bancos del Estado venezolano como con financistas privados. Mientras el dueño de Silmaca -y de un escaño parlamentario de Guárico- recibe, por un lado, loas de la propaganda oficial como prueba viviente del éxito de las políticas económicas y de la alianza de la autodenominada Revolución Bolivariana con el empresariado patriota, por el otro ha gozado de ventajas poco comunes, como créditos más que blandos del Estado y una morosidad apenas tolerada.
José Leopoldo Matos no es solo un diputado de bajo perfil -desconocido, podría decirse sin más- en medio de la grey parlamentaria del chavismo. Aún las confederaciones agrarias saben poco de él. Ciertamente, su trayectoria de empresario tampoco es dilatada. Casi en simultáneo con el arranque de la Revolución, fundó sus compañías en Valle de la Pascua, estado Guárico.
Entre 2005 y 2006, registró Tracto-Llano, C.A., dedicada a la comercialización de tractores y repuestos; Droguería Popular, C.A.G., C.A., para la distribución de medicamentos; y Silos Mantenimiento y Almacenamiento de Cereales, C.A. (Silmaca), productora de harina de maíz.
En varios espacios televisivos, Matos ha hablado del éxito de la distribución de la harina Doña Goya y, en suma, de la solvencia de su empresa: según repite, Silmaca es un ejemplo de cómo capear una adversidad económica como la venezolana. Pero hay números que ponen en entredicho sus aseveraciones publicitarias.
Una fuente relacionada con Silmaca explica que, puertas adentro, la realidad es distinta. La harina solía ser distribuida por la gubernamental Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), un ente que no necesariamente se destaca por sus exigencias de calidad. Aun así, “la harina producida por Silmaca, que solía ser vendida bajo la marca Doña Goya, tiene un veto en Cuspal debido al incumplimiento en los estándares de calidad para el consumo humano”, asevera la fuente.
Por separado, algunos comentarios en redes sociales sustentan la afirmación de la calidad ínfima de la harina Doña Goya. “Es de mala calidad. La harina que viene en las bolsas Clap es mala. ¿Creerán que los beneficiarios de la bolsa no somos dignos de recibir calidad?”, comentaba una usuaria de Twitter en agosto de 2021. “(De) la harina Doña Goya nos dan la amarilla, y bien mala que es también”, añadía alguien en la misma red en febrero de 2022.
Lo otro que señala la fuente, cuya identidad se reserva para garantizar su seguridad, es que las deudas se multiplican. “A pesar de que la compañía ha estado endeudándose en los últimos años, en el 2022 bajó la producción de harina: solo estaba produciendo a 10% de su capacidad”. A lo que añade: “Silmaca se encuentra en condiciones de quiebra, habiendo caído en moratoria con los bancos”.
Sustentan esta afirmación tres documentos a los que Armando.info ha tenido acceso, y que reflejan las deudas de la empresa de Matos con dos instituciones estatales: el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro. Todos los documentos datan de marzo de 2023.
En un correo electrónico de ese entonces, una gerente del Banco de Venezuela (cuyo cargo exacto y nombre se omiten en este reportaje) envía un mensaje a Milenis Daniela Bandres Pérez (según se constató, socia de Silmaca, junto con Javier José Herrera Ramos y José Ángel Matos, además del diputado), y con copia a Matos, en el que se detalla la deuda con el banco: 1,2 millones de dólares. Como apostilla, un mensaje: “Por favor, indícanos tu planteamiento de pago. Gracias, y a la espera de tus comentarios”.
Pero, a juzgar por el siguiente correo electrónico, del 20 de marzo, no hubo los comentarios esperados. Cinco días después, un nuevo mensaje de la misma gerente a Bandres Pérez reclama: “Nos encontramos a la espera de su planteamiento de pago, del crédito que ya venció este mes. Es de suma importancia contar con su información de qué monto va a cancelar este mes”.
Por su parte, para el reciente 16 de marzo de 2023, en el sistema del también estatal Banco del Tesoro aparecía una deuda de Silmaca por 1,4 millones de bolívares, o unos 61.000 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) de ese día. Esta deuda parte del 26 de septiembre de 2022. El total inicial era de 3,57 millones de bolívares (aproximadamente, 441.000 dólares, según cálculo sobre la tasa del BCV de ese día). Entonces, hasta marzo de 2023, Matos adeudaba a los dos bancos alrededor de 1,6 millones de dólares.
Los bancos no han sido los únicos en reclamar pagos a Silmaca. Otras de las deudas que refiere la fuente es con “la Agropecuaria La Unión, la cual le otorgó un financiamiento de cinco millones de dólares para la compra y venta de maíz”. Sobre esta deuda, Armando.info tuvo acceso al documento de totalización del monto, que debía ser cancelada entre septiembre y diciembre de 2022 y que, para la fecha de la carta de reclamo, el 6 de febrero de 2023, seguía sin pagar.
Contra esos vientos y mareas, como una forma de posicionamiento público y apalancamiento financiero, Silmaca comenzó a cotizar en la Bolsa de Caracas, según consta en el mismo Banco Central de Venezuela. Los macrotítulos de Silmaca han sido avalados por Ratio, Casa de Bolsa, como consta en una copia de estos al que también tuvo acceso Armando.info.
Echando la vista atrás, una fuente del sector agrario, que pidió la reserva de su identidad como condición para declarar en este reportaje, explica que la historia del surgimiento de Matos está asociada al mismo partido que lo postuló a la diputación: Patria Para Todos.
“Era un productor normal de Guárico. Siempre estuvo relacionado con el PPT. Cuando pasa a otro escalón es cuando comienza a relacionarse con gente del gobierno. Pero él [Matos] conectó a través de este gobernador”.
El gobernador al que se refiere la fuente es Eduardo Manuitt, quien mandó en Guárico desde 1998 hasta 2008 como figura de PPT, una escisión de La Causa R que ya apoyaba la primera candidatura de Hugo Chávez a la Presidencia de la República en 1998. La franquicia quedó finalmente en manos de una facción adepta al chavismo, luego de que a comienzos de la década de 2010 la dirigencia del partido amenazara con una ruptura con la Revolución que quedó sofocada por una sentencia del también oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Fue esa facción la que apoyó a Matos en su camino a la diputación.
Si bien la filiación política de Matos fue más discreta en aquellos años de génesis de Silmaca y de sus otras empresas, las asignaciones para su beneficio no lo fueron. Por la extinta Comisión Nacional de Divisas (Cadivi), Tracto-Llano recibió 9,5 millones de dólares, además de que Silmaca estuvo incluida en una selecta lista de ocho empresas venezolanas autorizadas para comerciar, con facilidades y exoneraciones, tractores y repuestos desde Argentina, como parte de los acuerdos entre los gobiernos de Hugo Chávez y de la pareja de Néstor y Cristina Kirchner.
Amén de esas asignaciones, lo mejor para Matos llegaría en la década siguiente, paradójicamente, en la época de crisis más honda de la economía venezolana.
Para finales de 2016 la economía venezolana había naufragado. Por contraste, fue en ese contexto que Silmaca comenzó a prosperar.
De diciembre de ese año datan algunas notas de prensa que daban fe de las alianzas estratégicas entre la empresa e instituciones gubernamentales: Silmaca fue considerada un aliado para combatir lo que la propaganda gubernamental llamó la “guerra económica”, aquella narrativa con la que los gobiernos del chavismo aseguraron tomar decisiones económicas para luchar contra la usura sediciosa atribuida al sector privado.
En 2017, la simbiosis gobierno-Silmaca se concretó de manera definitiva y estuvo aupada por tres actores principales: Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación y exgobernador de Aragua; Wilmar Castro Soteldo, ministro de Producción agrícola y Tierras; y Tareck El Aissami, entonces vicepresidente de la República.
IMAGEN: MATOS 10
En un acto en el Poliedro de Caracas el 27 de marzo de 2017, como parte de un encuentro denominado Expo Venezuela Potencia, El Aissami y Maduro entregaron a Matos un crédito por 10.000 millones de bolívares (o 1.000 millones de dólares, tomando en cuenta que la tasa oficial para esa fecha, según el BCV, era de 10 bolívares por dólar).
El Aissami advirtió en el acto que la intención de ese y los otros créditos entregados era impulsar “la exportación para que esos créditos sean pagados en divisas nuevamente”. Trastabillante, José Leopoldo Matos agradeció a Maduro: “Cuente conmigo, cuente con mi familia. Estoy agradecido, no lo voy a defraudar. Vamos a ampliar la planta [de Silmaca]. De 150.000 toneladas [de harina de maíz producida] que tenemos al día, queremos llevarla a 300.000. También vienen una planta de aceite, margarina y mayonesa. Vamos a sembrar 50.000 hectáreas de maíz y sorgo”.
Las 50.000 hectáreas a las que se refirió Matos fueron otorgadas por el mismo gobierno en los días sucesivos; la concesión la avaló Castro Soteldo en su condición de ministro de Tierras.
Rápidamente, Matos y Silmaca comenzaron a ser conocidos como la contraparte gubernamental de Empresas Polar, productora de la harina precocida que alimenta al país y emblema del empresariado venezolano tradicional, con el que el chavismo convive con dificultad y por la fuerza de las realidades.
Otra fuente del sector industrial agrario, que también opta por el resguardo de su nombre, refiere que los créditos concedidos en época de hiperinflación tenían la ventaja de que no suponían una carga para el beneficiario. Así lo explica: “Los créditos como el otorgado a Matos se pagaron solos con la inflación (N.d.R.: se refiere la fuente a la devaluación del bolívar frente al dólar durante los años de hiperinflación). Mucha gente hizo mucho dinero con esos créditos en bolívares y a tasa cero. No eran indexados en ese momento y luego vino la hiperinflación, de modo que todo fue ventajoso”.
El 28 de marzo, mientras se desarrollaba la Expo Venezuela Potencia 2017, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (la 155) anuló la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional de entonces, de mayoría opositora. Lo que fue catalogado como un Golpe de Estado, incluso por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hasta aquel momento, cercana al chavismo, motivó las protestas que entre abril y julio dejaron más de un centenar de asesinados. La respuesta de Maduro, además de activar la represión de sus fuerzas policiales y militares, fue convocar elecciones para una Asamblea Constituyente con la que, finalmente, no se redactó una nueva Carta Magna, como debía ser su propósito explícito, sino que se instauró como una suerte de poder legislativo paralelo a la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora. Prestado al juego, Matos se postuló como constituyentista y ganó una curul el 31 de julio de aquel año.
El artículo 145 de la Constitución vigente –la “de Chávez”, de 1999– especifica que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y que, por lo tanto, no podrán firmar contrato alguno con éste. Más adelante, el artículo 190 está dedicado de manera exclusiva a los diputados: “No podrán ser propietarios o propietarias, administradores o administradoras o directores o directoras de empresas que contraten con personas jurídicas estatales, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo con las mismas”.
Luego, el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública prohíbe a los funcionarios estatales “celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro, con la República”, así como “intervenir directa o indirectamente en las gestiones que realicen personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pretendan celebrar cualquier contrato con la República”.
El numeral 4 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal alerta sobre responsabilidades administrativas como consecuencia de “la celebración de contratos por funcionarios públicos, por interpuesta persona o en representación de otro, con los entes y organismos” del Poder Público.
Más allá, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en el artículo 45, expone que “se entenderá que atentan contra la ética pública y la moral administrativa, los funcionarios públicos que cometan hechos contrarios a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, puntualidad y transparencia”.
Pero nada de ese arsenal legislativo disuadió a Matos de seguir expandiendo su cartera de negocios con el Estado. Como tampoco persuadió al Estado para impedirlo.
Desde enero de 2016, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron la respuesta del Gobierno de Maduro al desabastecimiento. El programa de distribución de comida subsidiada en sectores de clase media y baja fue no solo una herramienta de control político, sino una oportunidad de negocios para el diputado constituyentista José Leopoldo Matos. Fue en las cajas y las bolsas de los CLAP donde se popularizó la harina de maíz Doña Goya, producida por Silmaca.
“De las primeras harinas de la escasez”, recuerda una de las fuentes del sector agroindustrial, “una de las que más se vendía era Goya. Cuando tienes un silo, puedes inventar cualquier negocio relacionado: como harina precocida, como alimento concentrado para animales… cualquiera”. El primer rubro fue por el que Matos se decidió.
En abril de 2017, el entonces ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, anunció una alianza con Silmaca para producir harina de maíz. A finales de ese año, el empresario, ahora en su doble rol de diputado y contratista, prometía en Venezolana de Televisión que Silmaca produciría seis millones de kilos de harina al mes.
Para enero de 2018, Matos seguía su cruzada publicitaria en Venezolana de Televisión. El 16 de ese mes, en el programa Al Aire, anunció que 50% de la producción de la harina Doña Goya era para los CLAP.
En marzo, Matos incrementó la apuesta al anunciar que 70% de la producción de la harina de arepas iría a los CLAP. En julio, la misma Presidencia de la República anunció que Silmaca duplicaría la producción del producto para el programa alimenticio gubernamental. Aunque este anuncio se publicitó sin un número concreto. A la par, Matos continuaba con su curul en la Asamblea Nacional Constituyente. En septiembre de 2020 anunció su candidatura a diputado como sexto en la lista de postulados por el Gran Polo Patriótico. El 6 de diciembre fue elegido.
Entre marzo y junio de 2021, Silmaca, la empresa del diputado Matos, firmó con la empresa gubernamental Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal) un contrato para la “distribución de 2.500 toneladas de harina amarilla marca Doña Goya”, según consta en el Registro Nacional de Contratistas.
Para esta investigación, Armando.info envió cuestionarios tanto a José Leopoldo Matos como a Milenis Daniela Bandres Pérez. El 12 de junio de 2023, en nombre de ambos, Bandres Pérez envió por correo electrónico acuse de recibo de las preguntas, pero hasta el cierre del reportaje no había respondido.
Así se ha sostenido la dualidad del diputado y contratista, ambivalencia que, por cierto, no es la única que subyace en Matos. También, la de un deudor que, apelando a los medios públicos, vende una imagen de hombre solvente.
Más de 700 nombres de dueños de compañías de la llamada Ciudad del Sol coinciden con los de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un cruce de 128.082 oficiales y autoridades de Venezuela con el registro de empresas de Florida advierte que en los más de siete millones de venezolanos en el exterior hay ex funcionarios que mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado.
Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019 marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que hoy pasan por disidentes del grupo de partidos mayoritario de oposición. En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal los parlamentarios abogaron en favor de los empresarios colombianos que controlan las importaciones para los Clap. Durante el tour, que incluyó escalas técnicas en Francia, Alemania, Suiza y España, hizo de chaperón un asociado a Saab y su clan, dueño también de la agencia de viajes donde se adquirieron los boletos y se organizó el itinerario. A su regreso los viajeros habían cimentado unas relaciones peligrosas que meses después los alentaron para intentar la toma de la Asamblea Nacional.
El domingo 5 de enero de 2020 el chavismo juramentó, contra viento y marea, a una Junta Directiva "paralela" para la Asamblea Nacional, presidida por el diputado del estado Yaracuy, Luis Parra. Justamente fue Parra quien, junto a otros parlamentarios recientemente expulsados de partidos de oposición -algunos también parte de esta directiva "a la medida" del oficialismo-, conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP. Este reportaje, publicado el pasado 1 de diciembre, puso a la luz estas irregularidades que llevaron a que el público bautizara al grupo de diputados como la "Fracción CLAP".
José Gregorio Vicari Méndez, un médico asimilado del Ejército Bolivariano, era el exitoso dueño de Proveeduría Médica VDS, la empresa que firmó un centenar de contratos con el despacho de salud en la época de la bonanza petrolera. El hallazgo forma parte de una base de datos elaborada por Armando.info con la información pública contenida en el Registro Nacional de Contratistas. Aunque la Ley Orgánica de la Contraloría señala que un funcionario activo podría tener responsabilidad administrativa si celebra contratos con el Estado, Vicari Méndez, que ya no pertenece a la empresa, esgrime en su defensa una razón que repasa la tragedia del desabastecimiento en Venezuela. “Si tengo un paciente con un requerimiento, si no hay el material, pero yo sé dónde sí lo hay, lo busco. ¿Qué hago? ¿No lo opero?
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
En la Revolución Bolivariana de Venezuela, con un fuerte componente castrense, los oficiales militares pueden figurar, aún contraviniendo la ley, en simultáneo o progresivamente, como líderes de tropas, gerentes gubernamentales y hasta contratistas del Estado. Uno de cada tres de los 785 militares activos en su momento que, como privados, contrataron con la administración pública durante los últimos diez años, lo hicieron desde empresas que tienen por objeto social el área de la construcción. Un caso destaca: el general de división Frank Herbert Lynch Dávila. La compañía familiar de la que forma parte ha recibido por años contratos para la realización de obras mientras el oficial escalaba posiciones hasta quedar a cargo del suministro del cemento en todo el país.
Las propiedades inmobiliarias de lujo en el mercado francés han atraído durante mucho tiempo fondos ilícitos de todo el mundo. Un proyecto multinacional con bases de datos permitió rastrear en París y la isla caribeña de San Bartolomé inmuebles millonarios a nombre de la familia política del cuestionado diputado y exministro Haiman El Troudi, y del operador financiero Luis Oberto, respectivamente, como muestras de ese propósito de blanqueo de capitales con ‘savoir faire’.
La vertiginosa carrera de Kristina Antonorsi en los negocios con el Estado tuvo un final abrupto que debió advertir a toda una camada de ‘traders’ de hidrocarburos de que algo malo se les venía encima, semanas antes de que estallara el llamado caso de Pdvsa-Cripto. Si su arresto en octubre pasado no sirvió como alerta temprana, al menos queda como moraleja sobre la hubris y la codicia, rasgos que se observan en una serie de documentos internos de sus empresas.
Tiene un nombre de leyenda y una realidad cruda. El Dorado es un pueblo de frontera en el estado Bolívar que debe su existencia a la minería de oro y a las instalaciones penitenciarias. La confluencia de ambas ha dado lugar ahora a una especie de populismo delictivo por el que un ‘pran’ y su banda armada no solo controlan la vida de la localidad con la violencia necesaria y desde las sombras, sino que hacen actos cívicos y de beneficencia a través de una fundación que actúa a plena luz.
Redvital pareció surgir casi de la nada, a pesar de que reivindica 40 años de historia. Al irrumpir en el mercado en 2021 se proclamó sin ambages como la “farmacia más grande de Latinoamérica”, y para cumplir esa autoprofecía ha terminado por devorarse a la franquicia holandesa que por tres décadas fue la cadena mayorista más importante del país. ¿De dónde sacaron los dueños venezolano-palestinos de ese emprendimiento el músculo financiero suficiente para quedarse con Makro? De un suplemento de dólares de Cadivi.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Organización política fundada en 1997, tras una escisión de La Causa Radical. El partido apoyó la primera candidatura de Hugo Chávez en 1998. En 2017 y 2020 postuló las candidaturas de José Leopoldo Matos como diputado.
Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios. Empresa estatal, fundada por el gobierno de Nicolás Maduro en mayo de 2016, para la distribución de alimentos en Venezuela.
Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Programa gubernamental creado en abril de 2016 para paliar la escasez de alimentos en Venezuela. En la práctica ha sido factor socio-clientelar en la política venezolana.
Silos Mantenimiento y Almacenamiento de Cereales, C.A. Empresa productora de harina de maíz para arepas, perteneciente a José Leopoldo Matos. Ha sido proveedora del Estado a través de empresas públicas y de programas gubernamentales.
Empresario venezolano oriundo de la región llanera de Guárico. Fundador de Tracto-Llano, Droguería Popular, C.A.G., C.A., y Silos Mantenimiento y Almacenamiento de Cereales, C.A. (Silmaca). Diputado del chavismo desde 2017.
