Desde la filial de Pdvsa se emitieron contratos para blanquear capitales; en paralelo, el colapso del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira forzaba a los carteles a implementar un puente aéreo con helicópteros desde el aeropuerto de Maiquetía. Estas son apenas un par de viñetas entre los indicios duros que se acumulan en documentos judiciales, recién desclasificados en tribunales de Nueva York, que relatan cómo el crimen organizado se confabuló con las estructuras del poder estatal en Venezuela hasta involucrar a Nicolás Maduro.
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Al venezolano Carlos Orense Azócar lo sentenciaron la semana pasada en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua, y a otros 30 años adicionales de reclusión, por delitos de narcotráfico y tráfico de armas. El expediente del caso muestra que El gordo Orense Azócar llegó a emplear la estructura comercial de Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal Pdvsa, para blanquear dinero procedente de la venta de cocaína.
Orense simulaba contratos de perforación petrolera mediante empresas de fachada como Venro, con sede en el Rockefeller Center de Manhattan. Esas compañías cobraban supuestos servicios que nunca se prestaban y cuyos pagos, que se hacían en efectivo, en realidad llegaban del tráfico de drogas y no de las arcas del holding petrolero venezolano. El contrato servía así como coartada para el ingreso de dólares negros al sistema bancario estadounidense, de acuerdo con la acusación presentada por los fiscales en Nueva York.
“Por teléfono, él decía que tenía algo de dinero retenido en los Estados Unidos y que iba a intentar sacarlo a través de Citgo”, declaró el 30 de noviembre de 2023 en una corte federal Antonio Arveláiz, no solo guardaespaldas sino también sobrino de Orense. Su testimonio respaldó la versión de los fiscales, según la cual el efectivo era entregado en Estados Unidos a Luis Marín, entonces CEO de Citgo, o a intermediarios vinculados a él, quienes intentaban mover ese dinero mediante contratos ficticios con contactos o asociados de Orense para ingresarlo al sistema financiero.
Años antes de que Carlos Orense Azócar recibiera condena en Estados Unidos, su nombre ya había sido mencionado en otro proceso de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York. No fue en una causa penal sino civil entre Vencell Corporation y Eres N.V. En ese litigio, que enfrentó a esas dos empresas por el cobro de comisiones petroleras, quedaron registrados testimonios y documentos que apuntaban a Orense como intermediario y que situaban a Citgo dentro de la arquitectura contractual de este entramado. Para la Fiscalía, ese proceso funcionó como un antecedente: un primer mapa de relaciones, empresas de fachada y flujos de dinero que más tarde reaparecerían en la acusación criminal.
Alrededor de 2004, el entonces CEO de Citgo, Luis Marín, accedió al cargo mediante una gestión coordinada por Orense Azócar y un alto funcionario venezolano identificado en el expediente como CC-2, descrito como jefe de inteligencia militar. Ese perfil corresponde con el de Hugo El Pollo Carvajal Barrios, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), extraditado a Estados Unidos desde España en 2023 y declarado culpable en 2025 por cargos de narcotráfico.
Una vez instalado en la presidencia de la filial petrolera estadounidense, el ejecutivo pasó a cumplir un rol funcional dentro del esquema; Orense no tardó en cobrarle el favor.
“Él le estaba diciendo a Luis Marín que la pelota ahora estaba de su lado y que tenía que hacer su parte”, relató Antonio Arveláiz ante la corte al referirse a una reunión entre ambos, cara a cara, celebrada en la finca Los Garañones, cerca de Zaraza, en el estado Guárico, en la región central de Los Llanos venezolanos. Una propiedad que, según los alegatos presentados por la Fiscalía el 5 de diciembre de 2025, funcionaba como uno de los principales centros de operaciones de Orense, con pistas de aterrizaje improvisadas en la zona, tanques subterráneos para almacenar droga y un arsenal de armas de guerra.
En el esquema, como se ha dicho, Citgo, el activo más grande que llegó a tener Petróleos de Venezuela en el exterior y que ahora se encuentra en un proceso de subasta judicial en Delaware, sirvió como un ducto para la legitimación del dinero proveniente del tráfico de drogas.
“Es una desgracia, pero no es el único caso”, lamenta el dirigente opositor Yon Goicochea, miembro del Consejo de Protección de Activos que nombró la Asamblea Nacional, predominantemente opositora, de 2015.
Atendiendo protocolos judiciales y acuerdos de confidencialidad, Goicochea sostiene que no conoce detalles adicionales. Sin embargo, comenta que la empresa ha seguido operando gracias a que evitó cualquier intervención en varios casos declarándose, precisamente, como víctima y colaborando para investigar una trama de lavado de dinero. Subraya que se trata de algo independiente de los litigios civiles y embargos que hoy amenazan a la compañía por deudas contraídas por la República durante los años del chavismo. “Puede ser el caso más grande de la historia del Departamento de Justicia, eran cientos de personas investigadas y, de hecho, había docenas de personas procesadas por esto”.
Con toda esa magnitud, la relación de Citgo con el esquema de blanqueo de activos representa tan solo una nota al pie de página frente a lo que los expedientes judiciales y los propios registros de las autoridades estadounidenses describen sobre la operación de Carlos Orense Azócar. El narcotraficante actuó durante años en Venezuela con respaldo institucional, en alianza con militares, funcionarios civiles y estructuras del poder chavista, que le permitieron mover al menos 100 toneladas de cocaína, según los cálculos de la Fiscalía, una estimación que se queda corta ante lo que su propio sobrino, Antonio Arveláiz, declaró luego de que lo detuvieron en Italia en 2021: que había movido hasta 40 toneladas por año desde 2003.
El de Orense es un prontuario que describe una maquinaria logística que fue capaz de articular rutas aéreas, marítimas y terrestres durante casi dos décadas, siempre con complicidades insertas en diferentes niveles del Estado. Por ejemplo, en 2006 coordinó la recepción y el trasbordo de 16 millones de dólares en efectivo que llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en vuelos comerciales y que luego fueron trasladadas a Caracas a bordo de helicópteros privados, con apoyo de efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para evadir controles aduaneros y alcabalas.
El dinero fue movido por aire porque “en 2006 colapsó un puente en la autopista que conecta el aeropuerto de Maiquetía con Caracas” y la única alternativa terrestre implicaba “una ruta por la montaña, demasiado peligrosa y que podía tomar hasta nueve horas”, testificó el 5 de diciembre de 2023 un piloto venezolano y operador logístico, Roberto López Perdigón, que participó en la operación y que años después terminó como testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos.
López Perdigón evocaba en esa sala de audiencia de Manhattan el colapso del viaducto número 1 de la autopista Caracas–La Guaira, construido en los años 50 y del que un tramo se vino abajo el 19 de marzo de 2006. La autopista era y sigue siendo la principal arteria que conecta a la capital con el aeropuerto internacional. Mientras se demolió el resto de la estructura que se mantenía en pie y se levantó otro viaducto, el intenso tráfico entre Caracas y el litoral central tuvo que desviarse o por una improvisada trocha o por la carretera vieja, una calzada estrecha y sinuosa que data de la dictadura de Juan Vicente Gómez, a comienzos del siglo XX. Mientras la emergencia de infraestructura alteraba la vida cotidiana e imponía un freno a la actividad comercial, Orense se las arregló para sortear el embudo y organizar un puente aéreo entre Caracas y La Guaira. En ese contexto, los registros judiciales también dan cuenta de reuniones con emisarios del narcotráfico colombiano para destrabar cargamentos retenidos y pactar nuevas rutas de exportación aérea y marítima, bajo la promesa de protección por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
El expediente no se detiene allí. La Fiscalía estadounidense documenta cómo la organización amplió y diversificó sus operaciones en años posteriores. En 2009 gestionó la salida desde pistas clandestinas de aeronaves cargadas con droga que utilizaban códigos de transpondedores militares para cruzar el espacio aéreo sin ser interceptadas. A esa logística aérea se sumaron envíos marítimos en lanchas rápidas que partieron desde las costas del estado Falcón, en el noroeste de Venezuela, hacia el Caribe –al menos una de esas embarcaciones fue capturada en aguas internacionales por la Guardia Costera de Estados Unidos–, y operaciones terrestres protegida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Un caso emblemático fue el del 15 de diciembre de 2016 cuando “agentes policiales”, según sostiene la acusación, detuvieron en un sitio no identificado cercano a la población de El Guayabo, en el sureste del estado Zulia, una caravana de más de 15 vehículos cargados con siete toneladas de cocaína que había entrado por Colombia bajo la protección de personal de seguridad armado con fusiles AK-47 y AK-103. El episodio no dejó registros públicos ni derivó en investigaciones judiciales en Venezuela, debido a la intermediación de altos mandos militares. Pero, años después, las autoridades estadounidenses pudieron reconstruir el incidente a partir de los testimonios de testigos protegidos, incorporados a los expedientes judiciales del caso contra Carlos Orense Azócar. Esos testimonios mencionan, con nombre y apellido, a tres generales de la República.
“Los individuos dentro de los vehículos presentaron diversas credenciales con las que se identificaron ante un funcionario (‘Testigo-1’), incluyendo, entre otros, al acusado, al general Castor Pérez Leal, al general Tito Urbano Meleán y al general Enrique Núñez Hernández, así como credenciales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a nombre del acusado”, señala un memorando de la Fiscalía, con fecha del 4 de noviembre de 2023, que forma parte del expediente del caso United States v. Carlos Orense Azócar, 21 Cr. 379 (VSB). El documento añade que todos portaban armas y chalecos antibalas con insignias del Sebin, y que Pérez Leal afirmó pertenecer a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Cuando el Testigo-1 informó que procedería a inspeccionar el convoy, “Pérez Leal declaró que solo el Testigo-1 y su segundo al mando podían realizar la inspección, debido a que un alto funcionario del Sebin estaba involucrado”.
El experto en seguridad y exagregado de la agencia antinarcóticos norteamericana, DEA (por sus siglas en inglés) en la embajada de Estados Unidos en Caracas, Wesley Tabor, entrevistado para este reportaje, opina que lo que revelan estos casos es el momento en que Venezuela dejó de ser solo una ruta y pasó a convertirse en un puente, contando con un Estado que ofrecía seguridades al narcotráfico en tierra, aire y mar.
En cuestión de cinco años, de 2002 a 2007, el tránsito de cocaína por Venezuela aumentó de 51 a 255 toneladas anuales, según estimaciones difundidas entonces por la prensa venezolana y atribuidas a la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos. Se trató de un incremento cercano al 400%. El gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, puso en duda esas cifras, pero no presentó ni estimaciones alternativas ni estadísticas oficiales sobre el fenómeno. En contraste, la economía crecía con más lentitud: los indicadores del Banco Central de Venezuela (BCV) reflejaban en ese mismo período un crecimiento acumulado de 31%, muy por debajo del ritmo al que, según esas estimaciones, se incrementaba el flujo de cocaína a través del país.
Fue a mediados de la década de los 2000 cuando los cárteles mexicanos comenzaron a operar directamente en Venezuela, no solo como socios comerciales sino como actores sobre el terreno. Entre los primeros indicios estuvo el uso del Aeropuerto Internacional de Maiquetía como base de su puente aéreo, una historia que años después pudo reconstruirse a partir de expedientes judiciales en México. Esos registros revelaron que Fernando Blengio Ceseña, piloto de confianza de Joaquín El chapo Guzmán Loera, aterrizó y despegó aeronaves en Maiquetía en las narices de Casa Militar, antes de ser procesado y condenado en Estados Unidos.
La trama incluyó también a Arturo Beltrán Leyva, uno de los jefes históricos del narcotráfico mexicano y líder del cártel de los Beltrán Leyva, cuyas operaciones aparecen vinculadas a pagos en efectivo enviados a Orense Azócar como parte del circuito del tráfico de drogas, entre ellos, los 16 millones de dólares que en 2006 llegaron a Caracas en helicópteros. Así lo aludió Roberto López Perdigón ante una corte federal en Nueva York: “Drogas que había enviado a México, y Arturo Beltrán le estaba pagando el dinero”.
Esa conexión con los cárteles mexicanos reaparece ahora con mayor nitidez tras la extracción de Nicolás Maduro a Estados Unidos, cuando la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York amplió la acusación en su contra y le imputó nuevos hechos ocurridos entre 2006 y 2008 en su entonces condición de Canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Según ese escrito judicial, “Maduro Moros llamaba a la embajada venezolana en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los traficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión era cargado con las ganancias de la droga. El avión luego regresaba a Venezuela bajo cobertura diplomática”.
A Maduro no solo se le imputan hechos concretos –como la venta de pasaportes para facilitar el movimiento de estas bandas bajo cobertura diplomática– sino un rol central como primer mandatario de un Estado que facilitó el narcotráfico como política de poder. En los expedientes judiciales aparece acompañado por el alto gobierno: Cilia Flores, señalada por reunirse y pactar acuerdos con traficantes; Diosdado Cabello Rondón, descrito como articulador de actividades de cárteles como Los Zetas mexicanos; Hugo Carvajal Barrios, acusado de entregar armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); y Néstor Reverol, señalado por recibir sobornos de redes criminales.
Esa lógica aparece en uno de los eventos referidos a septiembre de 2013, cuando las autoridades del aeropuerto Charles de Gaulle de París encontraron 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial que había llegado desde Venezuela. Según la acusación, Maduro convocó entonces una reunión en la que “dijo a Cabello Rondón y a Carvajal Barrios que no debieron haber usado el Aeropuerto de Maiquetía para el tráfico de drogas después de la incautación de 2006 en México, y que en su lugar deberían usar otras rutas y ubicaciones de drogas bien establecidas para despachar cocaína”.
Muchos de estos episodios empiezan a conocerse y a entenderse ahora, a medida que expedientes judiciales, testimonios de cooperantes y documentos antes reservados empiezan a ser desclasificados. Lo que hoy aparece en los archivos es apenas una fotografía tardía de procesos que comenzaron décadas atrás. “Primero fueron rutas aéreas, luego empezamos a detectar embarcaciones marítimas”, explica Tabor. “Son mecanismos y patrones que se adaptan, no permanecen estáticos y abandonan esquemas verticales para adoptar estructuras más horizontales, sin una sola cabeza visible”.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
No tiene capo, pero es manejado por la alta oficialidad de la Fuerza Armada Nacional. Hace poco ruido, pero tiene aliados tan poderosos como el Cártel de Sinaloa y el ELN. Su estructura es difusa, a veces se le tiene por una leyenda, pero existe, y es capaz de trasegar hasta 350 toneladas de cocaína al año. Entre ríos, fincas y avionetas, en Venezuela sigue traficando el Cártel de los Soles, como lo establecen las acusaciones de la justicia estadounidense a las que ahora respaldan decenas de documentos de la Fiscalía colombiana.
Pedro Luis Martín Olivares, exdirectivo de la policía política venezolana, buscado en Estados Unidos por presunto narcotráfico vinculado al Cártel de los Soles, tiene un perfil público deliberadamente bajo. Aunque no conserva el mismo poder del que gozó con Hugo Chávez, se las ha arreglado no solo para seguir impune frente a quienes intentan denunciar su doble vida entre los servicios secretos y las actividades ilícitas -de la extorsión al tráfico de influencias-, sino además para levantar un emporio empresarial mientras sus parientes acumulaban un valioso patrimonio inmobiliario.
Hace rato que Venezuela se levanta las alarmas de los organismos antinarcóticos. Ahora que la droga vuelve a rosar las esferas del Gobierno bolivariano, es bueno recordar que el principal aeropuerto de Caracas sirvió como puente aéreo del cartel más grande del hemisferio, el del Chapo Guzmán. Y lo hizo nada más y nada menos que al lado del hangar presidencial.
Antes de caer rendida ante las órdenes de Washington, Delcy Rodríguez también otorgó dos Contratos de Participación Productiva (CPP) para la explotación de crudo venezolano a personajes del círculo amistoso del presidente Gustavo Petro. La empresa beneficiada se llama Colven Business & Corp y podrá operar los campos de la cuenca Barinas-Apure, muy cerca del departamento de Arauca, con reservas equivalentes a un poco más de la mitad de las que tiene toda Colombia.
Entre millones de correos electrónicos de los Epstein Files algunos reflejan una relación desconocida hasta ahora: la del empresario venezolano Francisco D'Agostino con Jeffrey Epstein, a quien aconsejó invertir en la estatal petrolera venezolana. En el intercambio de mensajes, el venezolano -investigado por su conexión con Derwick Associates y sancionado por triangulaciones fraudulentas de venta de crudo- deja cuenta de su visita a la famosa isla privada del magnate, en la que quedó prendado de una muchacha a la que llamó su “gacela acuática”
Aunque no hubiera quien les llamara ‘pitiyanquis’, familiares de la ahora cautiva pareja presidencial y del ministro de Defensa, junto a la claque empresarial que se formó al cobijo del régimen, se aficionaron a un caro recreo de ‘cowboys’ en las instalaciones del principal cuartel militar de Venezuela. Importaron caballos cuarto de milla con precios de hasta medio millón de dólares y colonizaron la asociación deportiva correspondiente, hasta que el ataque de Estados Unidos, paradójicamente, detuvo el jolgorio.
De 2017 a 2019, el entorno del ex hombre fuerte de Venezuela blanqueó cerca de 500 millones de euros a través del banco búlgaro Investbank. Fondos procedentes de instituciones como Pdvsa, Corpovex o Bandes pasaron por 101 cuentas a nombre de un mismo abogado, antes de continuar su peregrinaje hacia cuentas de terceros relacionados o compañías offshore. El hallazgo de ese flujo de dineros negros -de los que apenas 46 millones pudieron ser incautados- llamó la atención de las autoridades estadounidenses.
La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.
Mientras se desempeñaba como Ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante Presidente Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.
