Mientras se desempeñaba como Ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante Presidente Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.
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La captura de Nicolás Maduro el reciente 3 de enero por parte de comandos militares estadounidenses encumbró a Delcy Rodríguez Gómez en lo más alto del poder en las filas chavistas y en la estructura estatal. Hasta ese sábado de la operación de las fuerzas especiales, Rodríguez -que también había sido Canciller- se desempeñaba como Vicepresidenta Ejecutiva y Ministra de Petróleo en el gabinete de Maduro. Ahora funge como Presidenta Encargada de la República, en medio de una sucesión traumática y tutelada desde Washington por Donald Trump.
En estos días de gran actividad noticiosa, resulta fácil olvidar esa figuración suya en la cartera de Petróleo, que ocupa desde agosto de 2024 tras las caídas en desgracia -y prisión- del otrora poderoso vicepresidente, Tareck El Aissami, y del expresidente de la estatal petrolera Pdvsa, Pedro Tellechea, por el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto. Pero tomarla en cuenta resulta clave para entender su idoneidad como interlocutora de la administración Trump al frente de la Venezuela postmadurista.
Uno de los factores que “había impresionado” a funcionarios estadounidenses para decantarse por Delcy Rodríguez como conductora de una transición política en Venezuela fue, precisamente, su “gestión de la crucial industria petrolera” venezolana, según reveló esta semana el diario The New York Times. También The Washington Post informó el viernes que “funcionarios de Chevron, la única empresa estadounidense a la que Washington había permitido operar en Venezuela en medio de las sanciones de Estados Unidos, se reunían mensualmente con Rodríguez y hablaban positivamente de ella al gobierno estadounidense (...) El modelo de Chevron estaba funcionando, según informaron los representantes de la empresa a los funcionarios estadounidenses, y Rodríguez estaba concediendo sus deseos”.
Durante su dirección del negocio petrolero, Rodríguez impulsó en 2024 la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP), una suerte de fórmula privatizadora que, al amparo de la secretista Ley Anti-Bloqueo de octubre de 2020, buscaba captar a inversionistas para la explotación y producción petrolera, ofreciendo al socio privado más ventajas que las anteriores empresas mixtas, el esquema implementado en tiempos de Hugo Chávez en el marco de la Ley de Hidrocarburos de 2006 y donde el socio particular contaba con una participación máxima del 49% del negocio. Ese cambio en el marco legal para la participación de capitales privados buscaba atraer a nuevos actores que reemplazaran a los grandes nombres de la industria petrolera global, impedidos de participar por las sanciones internacionales.
En efecto, el recién creado esquema atrajo a nuevos actores, pero amigos del régimen y hasta de la propia Delcy Rodríguez en su mayoría, que dieron lugar a “un ecosistema diseñado para sortear sanciones y sostener flujos financieros en un contexto de colapso institucional”, como señalaba una nota de prensa de la organización Transparencia Venezuela en el Exilio, distribuida en diciembre de 2025 a propósito de su reporte PDVSA: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada. “El proceso dejó de ser técnico para convertirse en un entramado político-financiero que incluye intermediarios temporales, empresas de corta duración, transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y pagos en criptomonedas —principalmente USDT—, un mecanismo que sigue activo en 2025”.
Por ejemplo, el magnate petrolero estadounidense y amigo del propio Donald Trump, Harry Sargent III, fue uno de los primeros beneficiados con la nueva figura. Pero Rodríguez también tuvo la oportunidad de ofrecer con los CPP un trato especial a un empresario, Manuel Antonio Robalino Orellana, cuyos vínculos societarios lo conectan a personajes de jerarquía en el entorno del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, tal como reflejan documentos obtenidos para esta investigación que de manera conjunta desarrollaron Armando.Info y la revista Plan V de Quito.
Desde 2018, Delcy Rodríguez cuenta entre sus asesores con un par de exministros de Economía y Finanzas de Rafael Correa: Patricio Rivera y Fausto Herrera.
“Tengo un equipo que está permanentemente allí. Hacen un trabajo extraordinario. Usted no sabe lo que es sobrevivir con ese bloqueo al petróleo. En Venezuela todo era petróleo”, admitió Correa en una entrevista publicada en agosto pasado por el diario digital El Español.
Patricio Rivera y Fausto Herrera han ayudado a Rodríguez a estabilizar la economía tras años de escasez, hiperinflación y de contracción del Producto Interno Bruto (PIB). Fuentes de la industria petrolera venezolana indican que los asesores ecuatorianos también han resultado cruciales en la conducción de la materia petrolera en los últimos años, incluyendo la concepción y diseño de los CPP. Asimismo, según las mismas fuentes, los exministros ecuatorianos han dispuesto de oficinas para despachar desde la propia Pdvsa.
En 2025 se firmó un CPP con Territorio Trading Group, empresa registrada en España en septiembre de 2024 y dirigida como “administrador único” por Manuel Antonio Robalino Orellana, un empresario ecuatoriano de 45 años de edad. Robalino Orellana tiene relación empresarial, tanto en España como en Ecuador, con Héctor Eduardo Egüez Álava, un hombre de confianza y mano derecha de Ricardo Patiño Aroca cuando este se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas, Coordinador de la Política, de Relaciones Exteriores y de Defensa, en el mandato de Rafael Correa. Hoy Patiño es representante del partido del correísmo, Movimiento Revolución Ciudadana, en la Asamblea Nacional de Ecuador.
Territorio Trading Group anunció en junio pasado el acuerdo en su website. Allí detallaba que la firma con la estatal petrolera venezolana permitiría la explotación en el campo Melones de la Faja Petrolífera del Orinoco. Un mes después celebró la “inauguración de oficinas en Caracas” y, en septiembre de 2025, reportó las “pruebas de pozo en el campo Melones”, antes de desactivar el sitio.
El campo Melones, ubicado en el área de crudos pesados del distrito San Tomé, en el borde norte de la Faja Petrolífera del Orinoco, territorio del estado Anzoátegui, cuenta con una extensión de casi 700 kilómetros cuadrados y produce en la actualidad cerca de 8.000 barriles diarios de crudo, de acuerdo con cifras de Pdvsa. Las reservas probadas del campo rondan los 300 millones de barriles, lo que lo convierte en un yacimiento atractivo para cualquier petrolera.
Fuentes internas de Pdvsa explican que desde la estatal se presionaba a Territorio Trading Group para comenzar las inversiones necesarias que permitieran aumentar la producción, pero hasta el cierre del año pasado la compañía no pudo mostrar resultados porque no contaba con los recursos necesarios para ello. De hecho, la meta de producción para el cierre de 2025 era de 10.000 barriles diarios, un 30% más de lo logrado hasta ahora por la compañía. A ese incumplimiento se vienen a sumar el cambio político producto de la intervención militar estadounidense y el control total que en consecuencia Donald Trump pretende ejercer sobre la producción de hidrocarburos en Venezuela, lo que amenaza con frustrar definitivamente el emprendimiento petrolero de Robalino Orellana.
En declaraciones esta semana a la emisora colombiana Blu Radio, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa condenó sin ambages la actuación de Donald Trump en Venezuela. “Están pensando cómo repartirse el petróleo venezolano, por favor, eso es atroz, es algo insólito, ya lo naturalizamos”, afirmó, al tiempo que aventuraba que “conociendo como conozco a Delcy Rodríguez, ella va a preferir morir antes que someterse”.
“En buena hora si llegan inversiones extranjeras, norteamericanas, europeas, para recuperar la producción petrolera venezolana; eso buscaba Nicolás Maduro, otra cosa es que quiera administrar el país Donald Trump y quiera regalar el petróleo”, se quejaba Correa, a quien una nota reciente del New York Times identifica también como asesor activo de Delcy Rodríguez.
En todo caso, no es nuevo el interés por el petróleo venezolano del clan ecuatoriano cercano a Correa. A mediados de 2024, Pdvsa anunció una sociedad con Globalable Holding S.L, empresa del magnate venezolano Ricardo Cisneros Rendiles, para la operación de la empresa mixta Petrocabimas, en la tradicional cuenca petrolera del Lago de Maracaibo, estado Zulia, noroccidente de Venezuela.
En la información, difundida por la estatal y reseñada por medios especializados como Petroguía, se dio a conocer que en representación del socio privado, además del propio Cisneros Rendiles, en la firma también estuvieron presentes Manuel Robalino Orellana, el administrador de Territorio Trading Group, y Héctor Egüez Álava, la mano derecha del exministro ecuatoriano Ricardo Patiño. La nota de prensa fue acompañada de una imagen en la que aparece Cisneros Rendiles.
Meses después del anuncio, sin embargo, la propia Pdvsa desmintió el acuerdo y aclaró que la compañía Suelopetrol Exploración y Producción S.L. seguía siendo la socia privada en Petrocabimas.
Robalino Orellana y Egüez Álava también compartieron sociedad en Orbit Global Trading Corp (Orbitralcorp), registrada en Ecuador el 26 de enero de 2018. Esa compañía, disuelta en 2025, reportó relaciones comerciales con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), un holding estatal creado por Maduro para centralizar las importaciones públicas de Venezuela. Según los estados financieros de la empresa, despacharon al régimen venezolano aceite crudo de palma, previamente comprado a una compañía uruguaya.
Aún antes, Robalino Orellana había enfrentado tropiezos en otra actividad comercial en Venezuela. Fue objeto de una denuncia penal por presunta falsificación de firmas relacionada a la venta de 4 millones de dólares en alumbre de aluminio a la empresa venezolana Inversiones Revotronics JM C.A, en 2013. Era la época en la que hubo una eclosión de exportaciones ficticias desde Ecuador a Venezuela con el fin de obtener dólares a la tasa preferencial del entonces vigente régimen de control de cambios, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), una cesta de monedas regionales impulsada por los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez para facilitar el pago de importaciones entre las naciones miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos (Alba-TCP).
Según la denuncia penal contra Robalino Orellana, este habría recibido pagos de Inversiones Revotronics JM en la cuenta de la empresa ecuatoriana Oleopalma Compañía Industrial y habría falsificado cheques para desviar el dinero sin haber entregado el producto. La investigación estuvo a cargo del fiscal Javier Bósquez Villena, quien decidió no acusar al denunciado, razón por la cual este fue sobreseído en 2019.
Mientras Robalino Orellana hacía estos negocios con Venezuela en 2013, Égüez Álava se desempeñaba como subsecretario de Comercio e Inversiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Ricardo Patiño como Canciller. Desde ese cargo, promovió el funcionamiento del Sucre. Ese año, Egüez Álava visitó a las autoridades del chavismo, presentándose como “jefe del gabinete del Canciller del Ecuador”, a fin de promover proyectos productivos de aceite de palma y arroz con financiamiento del Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo Económico y Social (Fevedes).
Égüez Álava tiene 66 años. Antiguos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas lo recuerdan desempeñando cargos en esa cartera por lo menos desde la década de los 90. En 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio González (quien como vicepresidente completó de 2005 a 2007 el período del destituido mandatario, Lucio Gutiérrez), fue designado como Subsecretario del Litoral y como Subsecretario de Programación de la Inversión Pública, cuando al frente de esta cartera se encontraba Diego Borja Cornejo, candidato a Vicepresidente que completó junto a la candidata presidencial Luisa González la dupla correísta para los comicios de abril de 2025, en los que resultó vencedor Daniel Noboa.
En 2007, ya con Rafael Correa como presidente, Ricardo Patiño asumió como ministro de Economía y nombró a Egüez como su asesor. A los pocos meses, el rostro de este ganó reconocimiento nacional, pues apareció en los llamados pativideos, una serie de grabaciones clandestinas que mostraban al ministro Patiño discutiendo con unos consultores sobre cómo provocar pánico en el mercado internacional para abaratar el costo de los bonos estatales y proceder a su recompra.
Tras el escándalo, Patiño pasó a dirigir el recién creado Ministerio Coordinador de la Política, mientras que Egüez se quedó en su puesto. Fue la única época de los gobiernos de Correa en la que trabajaron separados. En 2008, Egüez pasó a ser el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un cargo que requiere la confianza del Presidente de la República. Un año después, se juntó de nuevo con Patiño en el Ministerio Coordinador de la Política. Desde entonces, lo acompañó a todos lados. Estuvieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2016, y en el Ministerio de Defensa, en las postrimerías del correísmo.
En julio de 2017, con Lenín Moreno Garcés como nuevo mandatario, Patiño y Egüez ingresaron a la Presidencia de la República. El primero en calidad de consejero de gobierno y el segundo como asesor. Ocuparon esos cargos hasta finales de agosto de ese año, cuando el correísmo rompió definitivamente con Moreno. Desde entonces, Egüez salió del foco público, hasta ahora.
Hay otro lazo empresarial que une a Egüez con Robalino Orellana. Ambos constan como administradores en Global Maval Inversiones S.L, una compañía creada el 27 de octubre de 2025 en España, en la misma jurisdicción de Territorio Trading Group. En los papeles de constitución ambas sociedades aparecen compartiendo la misma oficina en la calle Serrano del exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid.
Pese a los grandes negocios petroleros que dirige en Venezuela, Robalino Orellana registra ahora una deuda tributaria en firme en Ecuador por algo más de 131.146 dólares, mientras que su empresa, Orbit Global, tiene otra por 291.392 dólares. En un escrito presentado en agosto de 2024 por Robalino en el expediente de un juicio civil en su contra, este aseguraba que residía en Singapur por “cuestiones de trabajo” y que se quedaría en esa ciudad-Estado del sudeste asiático por varios meses. Es el último documento público donde consta su paradero.
Al cierre de esta edición, ni Robalino Orellana ni la empresa Territorio Trading Group respondieron a la petición de entrevista formulada por correo electrónico.
Nota del editor: la versión inicial de la infografía se publicó con errores. Por ello se hizo la modificación que, en ningún caso, afecta o cambia el contenido ni los hallazgos del reportaje.
La desactivación de la licencia de Washington que permitía a Chevron operar en Venezuela abrió un hueco en las cuentas del régimen de Caracas que, obligado ahora a sacar -rápido y como sea- crudo que vender, flexibilizó las condiciones para los inversionistas. Atraídos por la oportunidad, nuevos postores participan en la piñata por los campos petroleros, pero uno compite con ventaja: el magnate Harry Sargeant III, que cuenta con dos fachadas corporativas y muchos contactos en el alto gobierno, así como un socio forzoso: Alejandro Betancourt, el de Derwick.
A Jorge Silva la suerte le sonríe desde hace más de una década, cuando el sargento de la GNB y funcionario del Seniat empezó su consagración como magnate de la agroindustria. Aún así, 2024 le está resultando especialmente dichoso: pidió la mano a una exMiss Venezuela, se casó con ella y espera su primer hijo. También siguió con el engorde de sus negocios, que ahora pastan en campos petroleros. Pero nada de esto habría sido posible sin conexiones privilegiadas, que incluyen a Diosdado Cabello y a la pareja del exministro Pedro Morejón.
El joven presidente de la Federación Venezolana de Fútbol es un astro en ascenso que ha sabido escalar posiciones en la órbita de los negocios con el régimen bajo el ala protectora de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sus vuelos en comitivas oficiales lo llevan por el mundo no solo para promover a La Vinotinto, sino en beneficio propio a través de una estructura empresarial que lo mismo intermedia alimentos para los CLAP que petróleo para Pdvsa. Ya hay quien lo ve como el sucesor (y rival) del comerciante favorito de Nicolás Maduro.
En tan solo 21 meses, United Petroleo Corp, constituida en Panamá y sin experiencia en el negocio, obtuvo contratos -algunos, justo antes de ser disuelta- para comercializar hidrocarburos venezolanos en mercados globales por casi 500 millones de dólares. Tras ella se encuentra Rogers Ramírez Dorante, amigo y compañero de promoción de Antonio Pérez Suárez, el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de la estatal petrolera. Ambos militares están detenidos por la trama Pdvsa-Cripto.
No solo el círculo de influencia y contactos en torno al defenestrado zar de la industria petrolera, Tareck El Aissami, le debe millones de dólares a Pdvsa. Nuevos documentos muestran que entre sus muchos ‘traders’ en mora también se encuentra la dupla de empresarios colombianos, con un monto que asciende a los 1.500 millones de dólares. Justo antes de caer en manos de la justicia estadounidense, Saab se dedicaba a llevarse crudo venezolano que nunca pagó del todo. La justicia chavista ya le allanó la casa en Caracas a su socio.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.
Con apenas 32 años de edad y una formación académica exigua, Alejandra Romero Castillo ya es titular del Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo, una posición clave en las prácticas del régimen para reprimir e intimidar a la oposición democrática. Ser hija de un militar chavista y su disposición a impartir castigos con severidad revolucionaria le sirven como únicas credenciales para imponer recientemente la pena máxima al yerno de Edmundo González Urrutia y conducir causas destacadas de prisioneros políticos.
El extrañamiento fue el destino que debieron adoptar unos 408 activistas, según comprobó esta cobertura, tras sufrir la represión que siguió al fraude electoral de julio de 2024. Año y medio después, el desarraigo se extiende más de lo esperado y la subsistencia se les vuelve una batalla diaria, a la que suman su militancia remota por Venezuela. Aunque escaparon de peligros inminentes, muchos comprueban que la distancia no los separa del todo ni del riesgo ni de las memorias que les acosan.
Un accidente aéreo hace dos meses en Maiquetía expuso una red de influencias tejida por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano -uno de los sobrevivientes del avión siniestrado- que involucra a las cúpulas de los regímenes de Cuba y Venezuela. La bitácora de la aeronave muestra numerosos vuelos entre el istmo, Caracas y La Habana, y que en algunos de ellos viajó un nieto de Raúl Castro. Y hasta un empleado suyo fue nombrado embajador de Panamá ante el castrismo.
El régimen de Nicolás Maduro pretende ganar simpatías con una campaña para reverdecer los laureles que, en su época dorada, cosechó el baloncesto venezolano. Pero ese propósito, en su ejecución actual a través de la llamada Superliga, arrastra una tara de nacimiento: el campeonato mismo y, al menos, dos de sus equipos, están vinculados a jerarcas de los organismos de represión, mientras muchos juegos se disputan sobre la cima de El Helicoide, el tenebroso centro de reclusión y torturas en Caracas.
De una a otra orilla del río Orinoco transcurre un episodio de la competencia global por el control de las tierras raras y otros minerales estratégicos, que enfrenta sobre todo a China y Estados Unidos. Por la densa capilaridad de la frontera fluvial y selvática se van los tesoros geológicos, a los que arrancan del Escudo Guayanés bajo la supervisión de grupos irregulares, y van a dar a empresas de dudosa reputación en Colombia, hasta finalmente alcanzar las refinerías en China.
empresa registrada en España en septiembre de 2024. Meses después consiguió un contrato para la explotación del campo Melones en la Faja Petrolífera del Orinoco.
exfuncionario público en Ecuador durante el mandato de Rafael Correa. Fue mano derecha del exministro Ricardo Patiño. Hoy mantiene relaciones empresariales con Manuel Robalino Orellana.
empresario ecuatoriano de 45 años de edad. Administrador único de Territorio Trading Group, empresa beneficiada en 2025 por Pdvsa con un Contrato de Participación Productiva (CPP).
