En noviembre del año pasado, un tiroteo entre agentes de la Policía Nacional y de la contrainteligencia militar atrajo la atención al lugar donde ocurrió: una chatarrera a las afueras de Puerto Cabello. El galpón es propiedad de la esposa y la cuñada del hoy recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga. A partir de ese hallazgo, se trazan las conexiones de la empresa con todo un grupo de compañías, con el negocio de exportación de desechos metálicos que el Estado reserva para sí, y con otro militar violador de derechos humanos.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Un intercambio de disparos ocurrió en la madrugada del 19 de noviembre de 2023 en Puerto Cabello, con saldo de una muerte. Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) rastreaban esa noche una banda que se dedicaba al secuestro y la extorsión. Por ello, habían instalado una alcabala en una calle del barrio El Faro de esa ciudad portuaria del estado Carabobo.
Según la versión oficial que después se ofreció sobre el hecho, un par de sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta pasaron de largo el punto de control, desatendiendo la voz de alto.
Los policías empezaron a perseguir a los dos hombres. En un punto de su huida, los sospechosos alcanzaron un galpón próximo al mar, a menos de un kilómetro de la refinería El Palito de Pdvsa, donde se ocultaron. Cuando los policías dieron con los sospechosos, fueron recibidos en ese lugar con disparos de fusil de un empleado del negocio, quien a la postre sería identificado como un supuesto agente de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El tiroteo consiguiente fue confuso y la versión oficial no contribuyó a aclararlo. Pero lo cierto es que en el sitio cayó muerto Ángelo Rafael Carrillo, de 35 años de edad, quien era solicitado por cargos de homicidio en el estado Guárico. Su compañero, Luis Manuel Toro, resultó herido. Ambos trabajaban como guardianes de la chatarrera que funciona en el galpón.
Pero el suceso tuvo otras consecuencias, en cierta forma inesperadas en el contexto venezolano: Johnny Daniel Pérez, inspector jefe de Operaciones Especiales de la Base contra Secuestro y Extorsión de la PNB en Puerto Cabello, quien comandaba la operación de aquella madrugada, terminó detenido. A sus cinco compañeros en la acción, los agentes Humberto Sebastián Domínguez Pacheco, Julio César Chirinos López, Víctor Deily, Roxana Mendible Díaz, Berlín José Piña Jiménez y Osmayle Delgado, la Fiscalía Octava del estado Carabobo les abrió una investigación penal.
En Venezuela, el desacato a la voz de alto en alcabalas se ha constituido por sí mismo en una causa de muerte. Muy a menudo, los incidentes fatales donde la policía ultima a quienes no se detienen en los puntos de control carecen de consecuencias judiciales y, si se llegan a investigar, se mantienen indefinidamente “en averiguaciones”. El inusual giro del caso de la chatarrera en Puerto Cabello tuvo que ver, por lo que las evidencias sugieren, con el lugar donde ocurrió la refriega. Y sus conexiones.
En ese galpón del barrio El Faro de Puerto Cabello operaba, como sigue operando, la Fundición y Procesadora Atlántica C.A. Se trata de una de las pocas empresas en Venezuela que tiene licencia para exportar chatarra. En un decreto de febrero de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro otorgó la calificación de “estratégico” al comercio de la chatarra, entendida esta no solo como los desechos de piezas metálicas de hierro o aluminio, sino también de fibra óptica, tarjetas electrónicas y cartón. La comercialización de este rubro se había erigido para el momento como una alternativa para generar ingresos en divisas que alimentaran las alicaídas arcas públicas, diezmadas por la debacle de la industria petrolera. Así que, con el decreto, el Estado venezolano se reservó ese comercio y la potestad de autorizar a empresas privadas para procesar la chatarra.
Fundición y Procesadora Atlántica C.A. forma parte, con otras ocho empresas, de un grupo vinculado al sector de la construcción y de la fundición de material reciclable en Puerto Cabello. De todo el entramado, es la única compañía con registros de exportación de metal de desecho.
El factor diferencial, y probable ventaja competitiva, para las ocho empresas, incluyendo a Fundición y Procesadora Atlántica C.A., en cuyo galpón ocurrió el enfrentamiento armado entre agentes de la Dgcim y de la PNB, es que tienen en común dos nombres que se repiten en su composición accionaria: los de las hermanas María de Los Ángeles y Yhuryseck Berenice Escalante Ferreira. Ambas, junto a su madre, Yurima Ferreira de Escalante, son las propietarias del bodegón Beer & Food Truck, también en Puerto Cabello, reseñado el pasado domingo en un reportaje de Armando.info. Y Yhuryseck Escalante es la esposa del recién ascendido coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Alexander Granko Arteaga, quien se desempeña como jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En esa responsabilidad, que comprende la gestión de las casas clandestinas de tortura, Granko Arteaga se ha convertido en uno de los mayores perpetradores de violaciones de derechos humanos en el régimen chavista-madurista. Así se le describe en los informes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, por lo que ha sido objeto desde 2018 de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza.
Esta semana, el coronel colgó en las historias de su cuenta de Instagram una foto del emblemático suelo-mosaico del artista cinético venezolano, Carlos Cruz-Diez, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, acompañada de la leyenda: “Nuevos proyectos gracias a mis superiores”. Al publicar esa imagen, Granko pareció sugerir que abandonaba Venezuela.
Pero antes de esos proyectos que sus superiores patrocinarían, Alexander Granko Arteaga desarrolló otros, estos empresariales y alrededor del negocio de la chatarra, que a continuación se revelan.
Fundición y Procesadora Atlántica C.A. es una completa desconocida entre los representantes del sector metalúrgico y de las fundiciones y procesadoras, a quienes Armando.info consultó para esta historia. Es un bajo perfil que no se explica, en todo caso, por el volumen y valor de su negocio, que de hecho resultan nada desdeñables. De acuerdo a la base de datos de comercio internacional ImportGenius, entre marzo de 2022 y octubre de 2023 la empresa exportó al menos 6.931 toneladas de chatarra a China, India, Malasia, Taiwán, Hong Kong y Países Bajos, por un valor de más de 1,2 millones de dólares.
La que sería Fundición y Procesadora Atlántica C.A. quedó inscrita en el Registro Mercantil de Puerto Cabello el 5 de noviembre de 2002. Pero no fue sino hasta 2022, después del decreto de Maduro, cuando empezó a aparecer en los reportes de exportación de cinco tipos de chatarra metálica (hierro, aluminio, acero, bronce y cobre).
Estar domiciliada en Puerto Cabello le asegura a una empresa de este ramo acceso inmediato al principal puerto del país, con fines de exportación, así como a una fuente casi inagotable de insumos: Valencia, la cercana capital de Carabobo, cuyo parque industrial se encuentra en gran parte inactivo y sometido a un proceso de desmantelamiento para la obtención de desechos metálicos, materia prima de la chatarra.
El expediente de Fundición y Procesadora Atlántica C.A. en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que esta firma con exportaciones millonarias cuenta apenas con un solo empleado en nómina. Solo en 2016, 14 años después de su fundación, se incorporó al RNC como una empresa habilitada para contratar con el Estado, autorización que hoy sigue vigente. Su objeto social declarado es la compra y venta y fundición de materiales reciclables, así como de las correspondientes exportaciones e importaciones de productos similares También suministra productos de limpieza y emprende actividades de construcción.
Fundición y Procesadora Atlántica C.A. figuró en abril de 2013 entre las 14 empresas privadas que patrocinaron el programa Da una Gota de Agua a una Escuela, del entonces alcalde del municipio Puerto Cabello, Rafael Lacava, hoy gobernador del estado Carabobo por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por esa iniciativa, ejecutada por el Instituto Autónomo Municipal para la Protección Ambiental (Iamproam) de Puerto Cabello, las empresas aliadas donaron tanques para 33 centros educativos de las ocho parroquias de la ciudad a donde el agua no llegaba por tuberías.
Sin embargo, ese lado amable de responsabilidad social empresarial de Fundición y Procesadora Atlántica C.A. podría resultar insuficiente para compensar el hecho de que la empresa es propiedad de la familia política de un funcionario público y militar, el coronel Granko Arteaga, que, entre otras proezas siniestras, comandó el asalto en 2018, por parte de las fuerzas de choque del Estado chavista, al chalet donde se encontraban Oscar Pérez, un agente de élite del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), entonces en abierta rebeldía frente al gobierno, y sus compañeros. Al final de un intenso combate, todos los integrantes del grupo de Pérez, heridos y derrotados, fueron ejecutados en el sitio con tiros de gracia. La prensa y organizaciones de derechos humanos bautizaron el suceso como la Masacre de El Junquito, por el nombre de la localidad en las afueras montañosas del suroeste de Caracas donde se registró.
Otro vínculo significativo pone de relieve el papel crucial que tienen para la marcha del negocio chatarrero las conexiones de Alexander Granko Arteaga en la contrainteligencia militar.
El decreto de 2021 por el que el Estado se reservó el comercio de la chatarra ordenaba a las empresas y entes estatales a poner, en un plazo no mayor de 60 días, todos sus desechos metálicos a disposición de la Corporación Socialista Ezequiel Zamora (Corpoez).
Cuando fue creada en enero de 2018 como una dependencia del Ministerio de Ecocialismo y, seis meses después, adscrita a la cartera de Industrias y Producción Nacional, la promesa inicial de Corpoez era la de establecer alianzas con unas 15 empresas vinculadas a la madera, agua potable, arena, carbón, vidrio, entre otros materiales, para llevar adelante proyectos conjuntos de reciclaje y aprovechamiento sustentable. De estos programas no se sabe nada.
En la Gaceta Oficial número 41.323 de ese mismo año, Nicolás Maduro autorizó a Corpoez para encargarse de la comercialización nacional y exportación de chatarra ferrosa y no ferrosa.
Y he aquí que quien hoy, y desde marzo de 2021, preside Corpoez, es el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Carlos Carvallo Guevara, al mismo tiempo presidente de la Comisión Nacional de Casinos y, desde agosto de 2020, subdirector de la Dgcim, el organismo de contrainteligencia militar en el que Alexander Granko Arteaga se desempeña como oficial.
El general Carvallo Guevara fue sancionado por el gobierno suizo en marzo de 2023 por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos. Además, diversas versiones de la prensa en Chile le atribuyen un papel relevante en el secuestro y asesinato en ese país del teniente venezolano Ronald Ojeda, perpetrado en marzo del presente año. Carvallo Guevara cursó estudios en 2007, durante el primer gobierno (2006-2010) de la socialista Michelle Bachelet, en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) de Chile, donde completó el Diplomado en Introducción a la Defensa. Por ese antecedente, el general venezolano contaría con una red de contactos a su servicio en el país austral.
Desde 2018, el año de lanzamiento de Corpoez, hasta 2023, Venezuela exportó 145.377 toneladas de chatarra, equivalentes a 380 millones de dólares, mientras que en un período precedente, de 2013 a 2017, vendió 177.431 toneladas por un valor de 183 millones de dólares, según el registro de comercio internacional Comtrade de Naciones Unidas. Por lo tanto, la exportación de chatarra bajo el control de Corpoez no necesariamente significó el incremento en volumen de las exportaciones de desechos metálicos, aunque sí una mayor rentabilidad, para provecho de un grupo exclusivo de exportadores autorizados.
En 2022, el precio de la chatarra en el mercado internacional oscilaba entre los 300 y 700 dólares por tonelada, según datos de la revista Forbes, en su edición colombiana. Pero para los privados locales, Corpoez compraba la chatarra a un precio de entre 80 a 120 dólares por tonelada.
El negocio se nutre del voraz desguace de equipamientos industriales en lugares como Valencia -cuya zona de industria manufacturera de productos de consumo masivo ahora se conoce coloquialmente como Chernobyl- y Ciudad Guayana, base de la industria pesada. La rapacidad del gobierno actuó como una plaga de langostas sobre fábricas, astilleros y talleres. Y con ello, Corpoez acaparó una materia prima, la chatarra, que prefiere exportar antes que ponerla a disposición del sector nacional de la metalurgia y la metalmecánica, que utiliza material de desecho para la fabricación de algunos de sus productos.
Como consecuencia del arrase, “ya no queda nada por desmantelar, sobre todo en el Oriente del país”, comenta, en conversación con Armando.info, un vendedor de maquinaria pesada que se mueve entre los estados Bolívar y Monagas, en el este de Venezuela. Agrega que, hasta hace poco, era común ver a gente descalza en los campos petroleros empujando carretillas para transportar trozos de metal. “Se robaban hasta las lápidas de las tumbas, todo lo que era metálico resultaba atractivo”, concluye, “[pero] ya no ve nada de eso”.
En ello coincide un representante del sector de la metalurgia que prefiere mantener su nombre en reserva. “Las pequeñas y medianas empresas metalúrgicas en Venezuela no están produciendo prácticamente nada porque el gobierno lo acapara todo y prefiere exportarlo”, asegura.
Sobre ese furor de desmantelamiento se montó el negocio de la Fundición y Procesadora Atlántica C.A. Sus exportaciones de chatarra siguen en alza. Solo en febrero de 2024, por ejemplo, vendió a India unas 270,8 toneladas en desperdicios de hierro y acero fundidos; y a Taiwán, 22 toneladas en desechos de aluminio, según la base de datos de comercio internacional Panjiva.
Pero no fue la única empresa que aprovechó la ola.
La chatarrera tiene su local en una dirección del barrio El Faro de Puerto Cabello que también sirve de sede a Inversiones Funproca C.A., otra empresa vinculada al sector de material ferroso. Una búsqueda simple en Google Maps muestra además que en el mismo lugar donde funcionan Atlántica y Funproca se localiza la Recuperadora de Metales Escalante, denominación que coincide con el apellido de las propietarias. De esta última no se pudo encontrar registro alguno en el Seniat, IVSS, o el RNC.
En el reparto de roles en ese emporio de los desechos metálicos, Fundición y Procesadora Atlántica C.A. se encarga de las exportaciones, mientras Inversiones Funproca serviría de interfaz para el negocio nacional, según se deduce de su figuración en directorios digitales del sector.
Las dos empresas que comparten sede fiscal en el sector El Faro en el Palito de Puerto Cabello, a saber, Fundición y Procesadora Atlántica CA e Inversiones Funproca C.A. son las más antiguas del grupo chatarrero, con 22 y 23 años, respectivamente. En 2012 fueron creadas las cooperativas Servi Surti Puertoven RL y Suplitodo R.L. Mientras que El Mundo del Hierro, C.A. Inversiones Ferre Hierro G.E.F, C.A., Mundo Reciclaje Global, C.A. e Inversiones Intercarga, C.A. se registraron en 2019, un año después del lanzamiento de Corpoez. En todas estas compañías están presentes los nombres de Yhuryseck y su hermana María de Los Ángeles como accionistas, que en algunas empresas se combinan con los de otros parientes como Yurima Ferreira de Escalante (la madre de ambas, suegra de Granko), o Andreína Ferreira de Aguiar y Diana Goncalves Ferreira, primas de las Escalante Ferreira.
A ocho meses del tiroteo en el galpón de Puerto Cabello donde opera Fundición y Procesadora Atlántica, nada se sabe ni de la investigación penal ni del destino de los polinacionales que fueron apresados. Mientras, la chatarrera propiedad de la esposa y cuñada del recién ascendido coronel, Alexander Granko, continúa vendiendo desechos metálicos en el mercado internacional.
* Por los riesgos que comportaba, Armando.info decidió en consejo editorial adoptar medidas extraordinarias para este trabajo. Por lo tanto, los reporteros ni buscaron la versión de los involucrados ni firmaron la nota, ambos, de otro modo, estándares que regularmente se cumplen en este medio.
Alrededor del recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga ha emergido un grupo de negocios que –entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas– suma unas 30 empresas, que se sepa. Naciones Unidas ya lo había señalado por sus vínculos con el tráfico de armas, la industria de la extorsión y la extracción ilegal de oro. Y ahora una nueva revelación advierte que, si bien está sancionado en Estados Unidos, su esposa y familia política han logrado abrir nuevas empresas en Florida.
Las sanciones internacionales forzaron al régimen de Caracas a rediseñar sus conexiones comerciales. En el caso del oro, cuya explotación y exportación el gobierno estimula para convertirlo en una fuente de ingresos alterna al petróleo, hizo igual. La novedad fue que, para ello, consiguió en Medio Oriente aliados exóticos, aceite de oliva y un corredor que conduce los cargamentos auríferos a otros destinos. Así, Líbano se convirtió en el segundo mayor comprador del metal precioso en Venezuela.
Los Comandos de la Frontera, grupo que junto a la Segunda Marquetalia inició diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, están operando también en el norte de Ecuador, y con la banda Los Choneros han impuesto un régimen de terror en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Con la incursión de los grupos armados y el crimen organizado, prospera la minería de oro.
Es conocida la relación privilegiada de Roberto Leyba, expareja de la segunda hija de Hugo Chávez, con Pdvsa. Ha sido, a la vez, contratista y representante legal de la compañía. Los bemoles de esa influencia del abogado se condensan en una operación que nuevos documentos obtenidos para esta historia destapan, por la que el bufete de Leyba acudió al rescate de un deudor insolvente de la estatal petrolera en Panamá y obtuvo, a cambio, un buque de carga para su empresa naviera.
La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el llamado caso BES / Venezuela concluyó el año pasado y produjo solo algunas imputaciones contra exdirectivos del banco que colapsó en 2014. Aún así, su expediente cuenta los pormenores de la participación de venezolanos en la trama corrupta, unos como sobornados, y otros como prestanombres o facilitadores para el flujo del dinero. En ambas categorías aparecen con roles importantes dos ciudadanos de nombre Rafael Cure, padre e hijo, hasta ahora desconocidos para el público.
Los primos de Diosdado Cabello Rondón, el poderoso ‘número dos’ del chavismo, y Luis Alfredo Campos Cabello, su lugarteniente en diferentes cargos públicos, tendieron un ducto de dinero que canalizó, según investigaciones de la Fiscalía venezolana antes de 2017, al menos 157 millones de dólares provenientes de coimas que la constructora Odebrecht pagó. Fuentes documentales y personales a los que el presente reportaje tuvo acceso, confirman ahora que Campos Cabello estableció en Madrid un grupo de empresas todavía activo.
Guardia Nacional egresado de Ciencias y Artes Militares de la antigua Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac). Cursó el Diplomado en Introducción a la Defensa en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) de Chile. Actual presidente de la Corporación Ezequiel Zamora y subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). También preside la Comisión Nacional de Casinos, (2021). Señalado por informes de la ONU como responsable de graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela cometidas por agentes de la DGCIM bajo su mando. Sancionado por Suiza.
Madre de Yhuryseck y María de los Ángeles Escalante Ferreira y, por lo tanto, suegra de Alexander Granko. A su nombre se han registrado cuatro de ocho empresas vinculadas a la chatarra junto a sus hijas.
Hermana de Yhuryseck Escalante y, por lo tanto, cuñada de Alexander Granko. Junto a su hermana y otros familiares han fundado una treintena de empresas.
Esposa de Alexander Granko. Junto a su hermana María de los Ángeles es propietaria de una treintena de empresas dedicadas a diversos rubros.
Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. Ha ido ascendiendo en la nomenklatura de la inteligencia chavista hasta desempeñarse al frente de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección de General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim). Naciones Unidas lo señala como uno de los responsables de las más graves parte de la
