Las sanciones internacionales forzaron al régimen de Caracas a rediseñar sus conexiones comerciales. En el caso del oro, cuya explotación y exportación el gobierno estimula para convertirlo en una fuente de ingresos alterna al petróleo, hizo igual. La novedad fue que, para ello, consiguió en Medio Oriente aliados exóticos, aceite de oliva y un corredor que conduce los cargamentos auríferos a otros destinos. Así, Líbano se convirtió en el segundo mayor comprador del metal precioso en Venezuela.
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El de 2019 fue un año para mover las tachuelas en el mapamundi de la comercialización del oro venezolano. Las sanciones económicas que Estados Unidos impuso al sector aurífero nacional obligaron al gobierno de Nicolás Maduro a torcer hacia nuevos destinos las rutas tradicionales de exportación del metal precioso, de modo de evadir las penalizaciones.
Líbano, uno de los nuevos destinos, se convirtió ese año en el más reciente y muy prominente comprador del oro venezolano. El pequeño país del Medio Oriente se incorporaba a la limitada cartera de clientes del metal proveniente de Venezuela. Así pasó a ser una plataforma de tránsito del oro de conflicto venezolano hacia el mercado internacional.
Las exportaciones de oro de Venezuela a Líbano no han hecho sino crecer desde entonces. Las estadísticas del Departamento de Aduanas de Líbano indican que el país mediterráneo pasó de importar en 2019 unos 348 kilos de oro desde Venezuela, valorados en poco más de 10,8 millones de dólares, a 2,9 toneladas en 2022, por un valor de 147,4 millones de dólares. En tan solo tres años, el peso de las importaciones áureas se multiplicó por ocho, lo que hizo de Líbano el segundo país que más compró oro venezolano en ese período, solo después de Uganda, y por encima de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Turquía, naciones que se convirtieron en aliados comerciales privilegiados del régimen de Nicolás Maduro tras las sanciones.
Desde 2019 y hasta agosto de 2023, totaliza el Departamento de Aduanas libanés, Venezuela exportó 9,2 toneladas de oro al país de los cedros, valoradas en algo más de 327,3 millones de dólares. Las cifras de esta entidad estatal indican que las importaciones de oro venezolano representaron 8% del total del oro comprado por Líbano en el extranjero.
El actual comercio entre Líbano y Venezuela podría describirse en cierta medida como un canje de oro por aceite de oliva, producto emblema del Mediterráneo al que, por cierto, han llamado oro verde. En 2020, por ejemplo, mientras Venezuela vendía a Líbano 16,3 millones de dólares en oro, desde Líbano llegaban a Venezuela 9,18 millones en productos agrícolas y alimenticios, entre los cuales se ubica en primer lugar el aceite de oliva con 1,64 millones de dólares, o 14,67% del total de las exportaciones libanesas a Venezuela, según el Atlas de Complejidad Económica de Harvard.
Aunque más de 10.000 kilómetros separan a Venezuela de Líbano, ambas naciones comparten algunos elementos que las emparentan: intereses comerciales comunes, sanciones económicas de Estados Unidos y, sobre todo, la opacidad de sus finanzas.
Por un lado, el venezolano, ello queda en evidencia en el manejo de la producción de oro en el Arco Minero del Orinoco, un área de Guayana, al sur del río-padre del país, reservada desde 2016 para incentivar la explotación minera al punto que llegue a constituir una alternativa de ingresos de divisas distinta a la menguante actividad petrolera.
Sus cifras se guardan en secreto. El régimen de Maduro ni siquiera hace pública la cantidad de oro que se exporta por los canales regulares (flujos centralizados), en específico desde el Banco Central de Venezuela (BCV), que monopoliza la comercialización oficial del metal precioso, y mucho menos la que se comercializa mediante el contrabando (flujos dispersos), según las categorías definidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde). Tampoco informa sobre los países, empresas y particulares que compran el oro venezolano. Solo es posible conocer los destinos de esas exportaciones gracias a los reportes de organizaciones como el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés), máxima autoridad global en materia aurífera, y bases de datos de comercio internacional como Comtrade de las Naciones Unidas, el Atlas de Complejidad Económica de Harvard o ImportGenius.
En la otra orilla, Líbano no difunde los nombres de las entidades o personas encargadas de importar y exportar el oro. A lo sumo, los organismos que manejan estadísticas muestran los montos y volúmenes de los cargamentos.
El caso de Líbano es peculiar en el mercado global del oro. Al igual que otro oscuro centro global de comercialización del oro, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Líbano no cuenta con yacimientos de recursos naturales. Sus industrias de joyería y tecnología informática son modestas y sus refinerías tienen capacidad limitada de procesamiento. Sin embargo, son activos importadores y exportadores de oro, sirviendo como una economía de tránsito. En el caso de Líbano, se suman la severa crisis económica e incertidumbre política que han golpeado al país en los últimos años, con las que este commodity se ha consolidado como valor-refugio.
Entre 2014 y 2023, Líbano importó un total de 7.465 millones de dólares en oro mientras exportaba 5.049 millones de dólares en lingotes, según el Departamento de Aduanas del Líbano. En 2022, el oro representó 5,07% de las exportaciones libanesas, con lo que se ubicó como el tercer rubro más exportado. A esa actividad comercial en buena parte la alimenta el manejo de los llamados minerales de conflicto provenientes de países de África Occidental, donde imperan la trata de personas, la esclavitud moderna y el trabajo forzado con mano de obra infantil. En Líbano compran el oro sucio, al que pechan las denuncias de organizaciones internacionales de derechos humanos, para legalizarlo y luego re-exportarlo como propio a Suiza, por ejemplo, donde de otra manera se le brindaría el trato de una mercancía vetada, de acuerdo a políticas de suministro responsable.
Líbano reúne ventajas comparativas como país de tránsito del oro en Medio Oriente. No existen ni muchos controles ni fiscalización por parte del Estado; también está lejos del alcance del radar de las autoridades internacionales que vigilan el tráfico, y se ubica cerca de importantes compradores de oro como Turquía y Emiratos Árabes Unidos. También cuenta con un comercio impulsado por la diáspora libanesa en África, a la que no le importa mucho si el tráfico es legal o no. El oro que llega a Líbano y sale como producción propia “cumpliría en cierta forma el mismo rol que han jugado países del Caribe como Curazao, Aruba y República Dominicana. La falta de trazabilidad facilita el negocio turbio, la corrupción”, explicó a Armando Info Frédéric Massé, experto en tráfico, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral).
Hasta 2019 Líbano tenía como principales proveedores de oro a países de África Occidental como Togo, Guinea, Liberia, Benín y Ghana. En el caso de esta última nación, el oro representa 51% de las exportaciones.
Pero desde entonces los suministros desde estos países han sufrido un declive pronunciado. En el caso de Ghana, de nuevo, pasó de vender a Líbano 2,3 toneladas de oro, por un monto 97,4 millones de dólares en 2018, a tan solo 53 kilos (2,5 millones de dólares) en 2019, para luego desaparecer del cuadro de países exportadores de oro al Líbano, según el Atlas de Complejidad Económica de Harvard.
Refinerías suizas, como Valcambi, califican a los proveedores de países africanos como de “alto riesgo”. La política oficial de esta compañía para su cadena de suministro de metales preciosos establece, de forma expresa, que no acepta material de origen africano o que haya sido vendido a través de países no africanos que sirven de plataformas de comercio de oro.
Así que, ese 2019, Líbano empezó a captar otros proveedores. Al mismo tiempo, el régimen de Venezuela se veía obligado a buscar nuevos destinos para su oro, acuciado por las sanciones internacionales. Estaban hechos el uno para el otro.
Venezuela no siempre vendió oro a Líbano. Como tampoco a EAU, Turquía o Uganda, otros clientes ahora en alza.
En la última década, los destinos del oro venezolano en el mercado internacional han cambiado en la misma medida en que la reputación del oro venezolano comenzó a empañarse con calificativos como los de oro conflictivo u oro de sangre, y en la que Estados Unidos continuó emitiendo sanciones contra la actividad aurífera en Venezuela, contra la minera estatal Minerven, y contra su presidente en ese decisivo año de 2019, Adrián Perdomo.
Hasta 2016, año de la creación del Arco Minero del Orinoco, el principal comprador oficial del oro venezolano era Suiza, país que entre 2013 y 2016 importó de Venezuela 122,9 toneladas, valoradas en 4.653 millones de dólares, según ONU-Comtrade. De ese total, al menos 8,8 toneladas, equivalentes a 201 millones de dólares. fueron vendidas a Suiza por el BCV, de acuerdo a la base de datos de comercio internacional Importgenius.
En 2018, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico de aquel entonces, Víctor Cano, admitió que el BCV había dejado de vender oro a Suiza por temor a las sanciones de Washington. En su lugar, comenzó a refinarlo en Turquía, un país aliado donde no existía el riesgo de los decomisos del metal. Esta nueva relación comercial con Turquía fue cuestionada por Estados Unidos, que alegó que las exportaciones de Caracas a Ankara no gozaban de controles ambientales o contables, y además servían para financiar las redes de corrupción que sostienen al régimen de Maduro.
En 2016, entre tanto, había aparecido un nuevo actor: Curazao. La isla caribeña, una excolonia neerlandesa a tan solo 100 kilómetros de las costas venezolanas, de pronto empezó a exportar oro a Suiza, país al que destinó cerca de 65% de sus envíos entre 2016 y 2019, según el Atlas de Complejidad Económica de Harvard. La novedad no respondía al hallazgo repentino de una veta, que no la hay, ni al establecimiento de capacidades de refinación, que tampoco. Simplemente, Curazao se convirtió en una escala para lavar la cara al oro venezolano en su ruta a destinos tradicionales, como la propia Suiza. Ese papel quedó en evidencia en 2019, el año de parteaguas en el negocio aurífero, cuando las sanciones de Washington contra las exportaciones venezolanas y el cierre de las fronteras del Caribe neerlandés coincidieron con la interrupción de los envíos de oro desde Curazao. Actualmente, las llamadas islas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, se encuentran en la lista de países cuyos minerales no son aceptados en las principales refinerías suizas.
Pero he aquí que, convenientemente para el tránsito del oro venezolano, Suiza es el principal receptor de las exportaciones de oro de Líbano. De 2019 a 2023, el país alpino compró 53 toneladas al país mediterráneo, equivalentes a 2.723 millones de dólares, según cifras del Departamento de Aduanas de Líbano. Suiza pasó a ser el país receptor de casi 96% de las exportaciones de oro del Líbano.
Suiza es, de hecho, uno de los centros de comercialización aurífera más importantes del mundo. Allí se refina 70% del del oro doré (lingotes provenientes de las minas que contienen entre 10% y 70% de pureza) en el mundo y se alojan cuatro de las más emblemáticas empresas de refinación: Metalor, Pamp, Valcambi y Argos-Heraeus.
No en balde, Suiza se mantiene en la mira de organismos internacionales que, como la ONU, permanecen vigilantes ante el comercio ilícito. En consecuencia, las refinerías suizas, para cuidar su reputación, obedecen las crecientes exigencias de la debida diligencia y el seguimiento de la cadena de suministro responsable.
Aún así, la Confederación Suiza reconocía, en el informe Comercio del oro producido en violación de derechos humanos, que no estaba en capacidad de garantizar que al país no llegaran cargamentos de oro conflictivo, etiqueta que se estampa a los metales relacionados con el crimen, esclavitud moderna, financiamiento de conflictos bélicos, trata de personas y trabajo infantil, aparte de la destrucción del medio ambiente y atropello de los pueblos autóctonos. “No puede descartarse que el oro cuya producción atenta contra los derechos humanos esté llegando a Suiza”, se leía en el documento, publicado en 2019.
“Las multinacionales que refinan el oro en Suiza saben perfectamente de dónde provienen las materias primas. Pero no dicen nada”, declaró al medio suizo Swissinfo en marzo de 2019 Marc Ummel, jefe de Políticas de Desarrollo de Materias Primas de la no-gubernamental Swissaid. Agregó que “si el gobierno [suizo] reconoce en el informe que la trazabilidad del origen del oro es fundamental, en la práctica, las agencias regulatorias solo tienen conocimiento del último país del que llega el oro y no del país productor”. De acuerdo a Ummel, los representantes de la industria del oro suiza aseguran que quieren mejorar la calidad de la información, pero no ocurre así. Piensa que para lograr mayor transparencia, “bastaría con mejorar la trazabilidad del oro, declarar el país y yacimientos de origen, publicar los análisis de riesgo y fortalecer la debida diligencia de las empresas”.
Por tradición, las refinerías suizas se niegan a revelar la identidad de sus clientes porque, argumentan, se trata de una información confidencial cuya revelación las expondría frente a la competencia. Swissaid calificó esta opacidad como “desconcertante e injustificada”.
En Suiza, la aplicación de estándares para garantizar una producción que respete los principios sociales y ambientales queda a la voluntad de las refinadoras, que en efecto cuidan su reputación, pero hasta cierto punto. No hay una normativa que las obligue a cumplirlos. El Estado, que apoya los principios de la debida diligencia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se limita a alentar a las empresas para que se ciñan a tales parámetros.
Para correr esa cortina de secretismo, otra organización no gubernamental suiza, la Sociedad de Pueblos Amenazados (STP, por sus siglas en inglés), con sede en Berna, solicitó el año pasado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Suiza que se publicaran mayores detalles sobre la importación de oro por parte de las empresas helvéticas, entre ellos, el verdadero origen del metal. Pero la máxima instancia judicial helvética dictaminó que ni la Oficina Federal de Aduanas ni la Seguridad Fronteriza estaban obligadas a proporcionar a STP datos sobre importación de oro porque se trataba de “información controvertida cubierta por el secreto fiscal impuesto por la ley del IVA y, excluida del derecho a obtener información por la Ley de Transparencia".
Para el experto Mark Pieth, académico de la Universidad de Basilea en Suiza y autor del libro Gold Laundering: the dirty secrets of the gold trade, la decisión del tribunal supremo suizo marcó “un verdadero paso atrás para las refinerías en el camino hacia el oro sostenible. Hay razones por las que la transparencia es esencial: pensemos en Venezuela, en el oro del Amazonas o en el oro de conflicto (Sudán, Rusia)”, afirmó también a Swissinfo en noviembre de 2023.
“Sobre el Líbano, no es de extrañar que estuviese funcionando como plataforma de tránsito de oro proveniente de países en conflicto como Venezuela, o de África, antes de llegar a Suiza”, consideró por su parte Christoph Wiedmer, director de STP, la organización que promovió la acción ante el máximo tribunal helvético, al responder a una consulta vía email de Armando Info.
Aunque todavía no ha sido declarado como tal por las organizaciones globales correspondientes, el oro de Venezuela reúne las condiciones para ser identificado como un mineral de conflicto.
En enero de 2020, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido en aquel entonces como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, exhortó en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, a que el oro venezolano fuese declarado “mineral de conflicto”.
Bajo presión, algunas de las grandes refinerías suizas ya vetan la compra de oro proveniente de Venezuela. Tal es el caso de Valcambi, por ejemplo. Su lista roja de oro prohibido también incluye las Antillas Neerlandesas y Cuba, cuyo régimen es uno de los más estrechos aliados políticos del chavismo-madurismo.
La industria internacional transformadora de metales también ha llegado a considerar la aplicación a Venezuela, junto a otros estados parias como la República Democrática del Congo, Corea del Norte, Rusia o Myanmar-Birmania, de vetos para la compra de estaño, tungsteno y oro, los llamados 3GT (por “tin, tungsten, gold”, los nombres en inglés de esos metales), a cuenta de las violaciones a los derechos humanos que se registran en las explotaciones minerales de esos países.
Pero todas esas salvaguardas parecen no tener en cuenta algunos subterfugios diseñadas para burlarlas, como el tránsito del oro por el hub comercial de Líbano.
Se enviaron solicitudes de entrevista a varias empresas vinculadas al sector aurífero en Líbano, pero hasta el cierre de la edición no se había recibido alguna respuesta.
La reunión más reciente entre altas autoridades de Líbano y Venezuela tuvo lugar en Caracas, en septiembre de 2023. En esa ocasión el canciller venezolano, Yván Gil, recibió al embajador libanés, Elias Lebbos, en un salón adornado con los consabidos retratos de Chávez, Bolívar y Maduro, según las imágenes difundidas por el ministerio de Relaciones Exteriores a través de la red social X, antes Twitter. De acuerdo al comunicado oficial, la reunión tuvo lugar a fin de “seguir fortaleciendo las relaciones entre los dos países hermanos”. Aunque esa fórmula diplomática no explicitaba si en aquella oportunidad los funcionarios trataron el tema del intercambio comercial binacional, específicamente el del oro, lo cierto es que el negocio continuó, viento en popa.
La presente historia contó con el apoyo periodístico de Albin Szakola y Riad Kobaissi desde Líbano.
Este reportaje forma parte de la serie investigativa ‘Dorada Opacidad: mecanismos sobre el tráfico del oro latinoamericano’, liderado por Convoca (Perú) y la participación de medios y periodistas de otros cuatro países de América del Sur.
La incursión del crimen organizado en zonas selváticas y escasamente habitadas del río Puré-Puruê, que corre por ambas naciones, no hace más que azuzar la fiebre minera y la devastación que esta trae. Los tributos que la guerrilla exige y las mordidas para las autoridades estatales, pagaderas en gramos de oro, disparan una demanda de metal precioso que solo se puede satisfacer con volúmenes cada vez mayores extraídos mediante dragas de escala industrial.
Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
Un entramado casi interminable de empresas, socios, direcciones y países, construido con precisión de relojero, dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados, van dejando algunas pistas de sus opacos mecanismos lucrativos.
En Puerto Ordaz lo señalaron como contrabandista, en Boa Vista como blanqueador de capitales y en La Romana como el hombre fuerte detrás de una red de aviones que transportaban minerales clandestinos. Las aventuras de Roberto Espejo son legendarias desde los tiempos del exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y el rastro elusivo de sus negocios ayudan a armar el mapa del tráfico de oro en el Caribe.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Los datos obtenidos en la filtración de los 'Suisse Secrets' revelan que más de dos docenas de ciudadanos venezolanos, vinculados a cuatro tramas de corrupción en Pdvsa, acumularon activos por al menos 273 millones de dólares en 25 cuentas abiertas en Credit Suisse entre 2004 y 2015, fondos procedentes de negociados turbios con la principal empresa del Estado. De esas cuentas, una docena constituyen hallazgos que hasta ahora no se reportaban en los documentos judiciales sobre los casos.
En noviembre del año pasado, un tiroteo entre agentes de la Policía Nacional y de la contrainteligencia militar atrajo la atención al lugar donde ocurrió: una chatarrera a las afueras de Puerto Cabello. El galpón es propiedad de la esposa y la cuñada del hoy recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga. A partir de ese hallazgo, se trazan las conexiones de la empresa con todo un grupo de compañías, con el negocio de exportación de desechos metálicos que el Estado reserva para sí, y con otro militar violador de derechos humanos.
Alrededor del recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga ha emergido un grupo de negocios que –entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas– suma unas 30 empresas, que se sepa. Naciones Unidas ya lo había señalado por sus vínculos con el tráfico de armas, la industria de la extorsión y la extracción ilegal de oro. Y ahora una nueva revelación advierte que, si bien está sancionado en Estados Unidos, su esposa y familia política han logrado abrir nuevas empresas en Florida.
Los Comandos de la Frontera, grupo que junto a la Segunda Marquetalia inició diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, están operando también en el norte de Ecuador, y con la banda Los Choneros han impuesto un régimen de terror en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Con la incursión de los grupos armados y el crimen organizado, prospera la minería de oro.
Es conocida la relación privilegiada de Roberto Leyba, expareja de la segunda hija de Hugo Chávez, con Pdvsa. Ha sido, a la vez, contratista y representante legal de la compañía. Los bemoles de esa influencia del abogado se condensan en una operación que nuevos documentos obtenidos para esta historia destapan, por la que el bufete de Leyba acudió al rescate de un deudor insolvente de la estatal petrolera en Panamá y obtuvo, a cambio, un buque de carga para su empresa naviera.
La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el llamado caso BES / Venezuela concluyó el año pasado y produjo solo algunas imputaciones contra exdirectivos del banco que colapsó en 2014. Aún así, su expediente cuenta los pormenores de la participación de venezolanos en la trama corrupta, unos como sobornados, y otros como prestanombres o facilitadores para el flujo del dinero. En ambas categorías aparecen con roles importantes dos ciudadanos de nombre Rafael Cure, padre e hijo, hasta ahora desconocidos para el público.
Los primos de Diosdado Cabello Rondón, el poderoso ‘número dos’ del chavismo, y Luis Alfredo Campos Cabello, su lugarteniente en diferentes cargos públicos, tendieron un ducto de dinero que canalizó, según investigaciones de la Fiscalía venezolana antes de 2017, al menos 157 millones de dólares provenientes de coimas que la constructora Odebrecht pagó. Fuentes documentales y personales a los que el presente reportaje tuvo acceso, confirman ahora que Campos Cabello estableció en Madrid un grupo de empresas todavía activo.
Embajador de Líbano en Venezuela Entre sus reuniones diplomáticas, fue recibido por el presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) en Caracas, Alex Saab en febrero de 2024.
Canciller venezolano desde enero de 2023. Fue encargado de negocios de Venezuela ante la Unión Europea. También se desempeñó como viceministro de Exteriores para Europa.
Internacionalista. Ha ocupado diversos cargos en el gabinete de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre ellos la vicepresidencia (2013-2016), el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico (2017), Ministerio de Relaciones Exteriores (2017-2021).
Ingeniero geólogo. Entre 2017 y 2019 fue ministro de Desarrollo minero ecológico y presidente de la Corporación Venezolana de Minería (CVM).
