Con apenas 32 años de edad y una formación académica exigua, Alejandra Romero Castillo ya es titular del Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo, una posición clave en las prácticas del régimen para reprimir e intimidar a la oposición democrática. Ser hija de un militar chavista y su disposición a impartir castigos con severidad revolucionaria le sirven como únicas credenciales para imponer recientemente la pena máxima al yerno de Edmundo González Urrutia y conducir causas destacadas de prisioneros políticos.
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Tras una maratónica audiencia que duró 12 horas -la única que se celebró en toda la causa-, la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo selló el destino inmediato de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo Gonzalez Urrutia, el presidente electo, hoy en el exilio en España tras el fraude que le despojó del triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. De manera remota, por una transmisión de video, Romero Castillo condenó a Tudares a 30 años de prisión, la máxima pena que prevé la Constitución venezolana vigente desde el año 1999.
En un país con un sistema judicial acorde con estándares democráticos, el proceso contra Tudares resaltaría por sus irregularidades. Pero esto es la Venezuela de Nicolás Maduro, y las anomalías son parte del paisaje: el reo pasó once meses de desaparición forzada, un rehén en la práctica que no pudo ver en ningún momento a un familiar. El expediente se mantuvo en reserva, protegido por múltiples escollos para el acceso de la defensa, que no ejercía un abogado de confianza escogido por el indiciado. Finalmente, se apuró un juicio exprés que la titular del Tribunal Tercero de Juicio con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal de Caracas resolvió con una sentencia que endosó a Rafael Tudares Bracho los delitos de terrorismo y conspiración.
El fallo tuvo el efecto de levantar el perfil ante la menguada opinión pública venezolana de la jueza Romero Castillo quien, desde 2023, cuando apenas contaba con 30 años de edad, viene conociendo casos de prisioneros políticos, unos 40, tanto del ámbito civil como del militar.
Como ocurre con la mayoría de los jueces pertenecientes al circuito de tribunales contra el terrorismo, a la hoja de vida de la jueza Romero Castillo la cubre una opacidad calculada. En la única foto que circula en redes sociales donde aparece, se le ve vestida con blusa amarilla y pantalón negro, lentes con una montura ancha de color blanco, posando sonriente junto con un grupo de empleados públicos en los distinguibles pasillos del Palacio de Justicia en Caracas.
De resto, lo que se encuentra de ella es un vacío tan rotundo que se plasma literalmente en la puerta del tribunal que preside, donde no se lee el nombre completo de la titular. Ninguno de los nombramientos que debieron impulsar su veloz carrera judicial se puede consultar en la Gaceta Oficial. Solo la ficha de su cuenta en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) permite saber que entró a trabajar en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en diciembre de 2014, cuando tenía 21 años. Pero no hay menciones formales de su paso por la Secretaría de la Sala 8 de la Corte de Apelaciones ni tampoco rastro público de sus decisiones como jueza del Tribunal 29 de Juicio del Circuito Penal de Caracas, instancia en la que ya asumió competencias para decidir sobre casos de terrorismo aunque no hubiese sido creada para tal fin.
En línea con ese enigma, en ningún documento público se registra su designación como jueza del Tribunal Tercero con Competencia en Terrorismo, cargo en el que sustituyó en julio de 2023 a Aquiles Vera. Tuvo que ser una ONG, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la que informara que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, dominado por el oficialismo) había transferido la competencia en funciones de terrorismo al Tribunal 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, entonces a cargo de Romero Castillo. La responsabilidad que se le adjudicó refleja la confianza que desde temprano obtuvo del régimen.
Nacida el 3 de enero de 1993, Alejandra Verónica Romero Castillo se graduó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en algún momento entre 2015 y 2019. Aunque no está disponible el dato preciso de su fecha de graduación, se sabe que recibió su título universitario porque su nombre y cédula aparecen junto a la mención de “egresada” en el más reciente boletín electoral para las elecciones de representantes de los exalumnos de la UCV. No se pudo comprobar su número de afiliación al Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), requisito sine qua non para ejercer el Derecho.
Amparada por esta identidad vaga, rayana en lo clandestino, Romero Castillo cumple al dedillo con el esquema que el régimen ha seguido para conformar a su medida los tribunales de terrorismo: designaciones exprés de jueces poco o nada destacados, pero siempre prestos a sentenciar condenas ejemplarizantes.
En efecto, el de Tudares Bracho no es el único caso escarmiento que la joven jueza se ha encargado de impartir.
Por ejemplo, el 10 de diciembre de 2025, mientras en Oslo se celebraba la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, en Caracas la Sala Penal del TSJ confirmaba la condena a 30 años de prisión contra Argenis Enrique Ugueto Benítez, Rigoberto Moreno Carmona, Darío Pastor Estrada Perozo -este, abogado neurodivergente y militante del partido Encuentro Ciudadano-, Robert José Franco Vallera -representante gremial de la misma tolda política- y Julio César Sánchez Arias, por planear un supuesto complot para boicotear la instalación de la Asamblea Nacional en enero de 2021. La sentencia inicial fue obra de Alejandra Romero Castillo, quien la emitió el 9 de agosto de 2024 .
En manos de Romero Castillo están algunos casos salidores, de gran significado político, como los de Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano; de Roland Carreño, reconocido periodista de Sociales y activista de Voluntad Popular; de José Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundaredes; y de Nélida Sanchez, coordinadora nacional de la organización electoral Súmate, fundada en 2002 por la hoy lideresa opositora, María Corina Machado.
Romero Castillo también conduce juicios emblemáticos que también involucran a militares, como los casos Sukhoi, Brazalete Blanco (por el que detuvieron a San Miguel) y Operación Aurora, y además decide sobre al menos cuatro casos caracterizados por la práctica, por parte de los cuerpos de seguridad oficialistas, del Sippenhaft (detención por vinculación familiar), una usanza con abolengo nazi. En este grupo, además de Tudares, apresado por ser yerno de Edmundo González, destacan Karen Nayarit Gómez Gutiérrez (caso Brazalete Blanco), Yoshida María Vanegas Méndez, madre de Juan Carlos Monasterios; y Larry Arcesio Osorio Chía, hermano del militar retirado representante de Fundaredes, Rubén Darío Osorio Chía.
La idoneidad de Romero Castillo para el cargo queda en entredicho si se toman en cuenta los requisitos que dicta la Ley Orgánica del TSJ: para ser juez de control en tribunales de terrorismo no basta con un título de abogado y su debido registro en el Colegio de Abogados e Inpreabogados; también se debe contar con una experiencia profesional de entre tres y cinco años o un posgrado en materia jurídica. Si bien son puestos designados por la Sala Plena del TSJ, quienes aspiren a desempeñarlos deben pasar por concursos públicos que incluyen evaluaciones médicas y psicológicas y verificaciones de su reconocida moralidad y conducta intachable, así como de que no militan en ningún partido político.
Eso, que es lo que se exige sobre el papel, Romero Castillo no lo cumpliría. Armando.info no encontró rastro ni de posgrado, ni de cualquier otro programa de formación adicional o concurso público en el que haya participado Romero Castillo, salvo que la novel jueza cursa ahora una especialización, la primera en su haber, en la estatal Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
Consultado para esta historia, un abogado explica que el perfil de Romero Castillo encaja en el patrón del chavismo-madurismo a la hora de elegir a quienes detentan estos cargos. “Eso es común. Cuando designan estos jueces a los que les asignan estas competencias especiales de terrorismo, son perfectos desconocidos, gente sin trayectoria académica o muy jóvenes, como en el caso de esta mujer. Son cargos que no se asignan por concurso, sino por lealtad comprobada”, dice.
Alejandra Romero Castillo cuenta con un historial de fidelidad al chavismo, certificado por un vínculo de consanguinidad. Es hija del general de Brigada Jorge Alejandro Romero Castillo (y no del mayor general Orlando Romero Bolívar, Comandante General de la Milicia Bolivariana, como algunos medios informaron equivocadamente en la oportunidad de la condena contra Tudares Bracho).
Egresado de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana (1985-1989), Jorge Romero Castillo (lleva los mismos apellidos de sus hijos) fue vicerrector de Defensa Integral y vicerrector de la región Guayana de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa). También se presenta en su perfil en Linkedin como director de Moral, Disciplina, Ley y Orden de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, a las afueras de Maracay, capital del estado Aragua. En septiembre de 2025 asumió la gerencia general del aeropuerto internacional General Cipriano Castro y del aeropuerto Paramillo, ambos ubicados en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.
Romero Castillo registró junto con su exesposa, Dorys Simone Castillo Jaimes, y sus tres hijos, Alejandra Veronica, Jorge Luis y Karina Aixa, una empresa relacionada con el sector alimentario, Distribuidora de Alimentos Panchita C.A., con domicilio en Cagua, estado Aragua.
Karina Aixa, de 38 años, es proveedora del Estado venezolano, como indica su ficha en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Aparte de la compañía que comparte con sus padres y hermanos, es presidenta, fundadora y propietaria de 50% de las acciones de Ingeniería e Inversiones AKR C.A., registrada en 2016 también en Aragua, que presta servicios profesionales de ingeniería.
Además de estas conexiones familiares, la jueza Alejandra Romero Castillo está comprometida para casarse con Carlos Omar Lingstuyl Gómez, fiscal auxiliar interino de la Fiscalía 98 Nacional Plena en Materia de Protección de Derechos Humanos.
Armando.info solicitó información a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y al Tribunal Supremo de Justicia sobre el nombramiento y la carrera judicial de Romero Castillo, pero hasta el cierre de la presente historia no había obtenido respuesta.
“Cuando se interrumpió el juicio de Roland Carreño, porque al juez que estaba allí lo cambiaron, la llamaron a ella para ese tribunal”, relata otro abogado, que solo accedió a conversar con Armando.info con la condición de la reserva de su nombre. Describe a Romero Castillo como “muy tímida, no le ve la cara a uno”, además de que no hace esfuerzo alguno en proyectar el mínimo rigor o decoro que sería propio de la majestad de un juez en funciones. Otras fuentes aseguraron a Armando.info que, a pesar de esa timidez, Romero Castillo no vacila en reírse a carcajadas o cuchichear mientras lleva una audiencia. Hasta come en plena vista.
Si bien ese es su sello personal, Romero Castillo cumple con los estándares que para el cargo ha impuesto el régimen, a través de sus brazos judiciales. Su designación fue secreta e improvista, y el tribunal a su cargo es prolífico en irregularidades.
Un ex preso político de El Helicoide, conocido centro de reclusión y tortura para los detenidos adversos al régimen de Maduro, ofreció su testimonio sobre los modos de Romero Castillo. “No se me ha permitido verla a ella y se ha negado acceso al expediente. Tampoco me dejan acceder a algo por escrito sobre mi caso. Ella se negó a recibir el oficio donde solicitaba nombrar un abogado privado y fue también quien me dictó las medidas cautelares [sin el debido proceso]”, relata.
Otro abogado consultado explica que Romero Castillo cumple sus funciones adoptando el patrón de presentaciones para los presos políticos mediante vías telemáticas, lo que favorece las violaciones al debido proceso. “Las audiencias telemáticas se realizan sin las condiciones mínimas necesarias. Deberían ser en otro tribunal cercano a la jurisdicción del sitio de reclusión, pero las hacen en el centro de detención. Allí no hay alguaciles y los detenidos no pueden manifestar que han sido objeto de torturas, agresiones, tratos crueles e inhumanos (...) porque están en el centro de detención donde sus custodios los han torturado”, explica. El incumplimiento de las publicidades (esto es, las transcripciones de los actos de juicio) es reiterado, añade.
En general, las informalidades, premuras y arbitrariedades de la terrorífica justicia antiterrorismo del chavismo-madurismo parecen obedecer a un diseño y no a las mañas individuales de los jueces.
El Tribunal Tercero de Juicio con Competencia en Terrorismo, a cargo de Romero Castillo, es solo uno de los tres tribunales antiterrorismo creados el 17 de octubre de 2012 por la Sala Plena del TSJ, destinados en principio a procesar los casos relacionados con los delitos de terrorrismo previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Locdoft). Pero en la práctica, conforman la jurisdicción que bendice la caprichosa ampliación del término “terrorismo”, que pasó a cubrir al activismo político opuesto al régimen chavista y a defensores de derechos humanos, castigados con especial saña después del fraude electoral del 28 de julio de 2024.
Frente a estas instancias, todas con sede en Caracas y dirigidas por la Sala de Casación Penal del TSJ, al mando de la magistrada Elsa Gómez Moreno -cercana a Cilia Flores, la primera dama venezolana o primera combatiente, en el argot oficialista-, el régimen de Maduro nombra a dedo jueces provisorios o temporales, según lo apreciado por seis juristas consultados para este reportaje y que prefieren mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.
El sistema diseñado para procesar el terrorismo y delitos conexos tiene una estructura clara: existen cuatro tribunales de control (que preparan los casos y las supuestas pruebas incriminatorias), tres de juicio (en los que se deciden las sentencias), dos cortes de apelaciones (en las que teóricamente se puede retar la decisión de un tribunal) y un tribunal para adolescentes.
Y así como clara, esta estructura también bordea el ámbito de lo ilícito, según hace notar una de las fuentes consultadas por Armando.info para esta investigación, que ha asistido a varias familias de los presos políticos procesados en estos tribunales.
El letrado explica que, si bien actúan con un servilismo equivalente ante el régimen, “la ley de Violencia contra la Mujer establece que los tribunales de esta área deben ser creados; la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes instruye a abrir tribunales especiales para ellos; la Corte Marcial, a través del Código Orgánico de Justicia Militar, igualmente. Pero la Ley Contra la Delincuencia Organizada no establece la creación de tribunales especiales contra el terrorismo”. Insiste la fuente en que “no deben existir esos tribunales con competencia en terrorismo porque la ley no lo prevé. Esto lo creó una resolución del TSJ, y por eso es que despojan, quitan y ponen como les da la gana”. En vista de ello, su propia existencia resultaría inconstitucional y sus decisiones, por lo tanto, nulas. Pero esa tara de nacimiento no impide que estos tribunales, como el de Alejandra Romero Castillo, trabajen por ahora a toda marcha y a disposición de las exigencias del régimen.
De la abnegación e idealismo que se les supone a los defensores públicos ya quedaba poco; pero, después del 28 de julio, eso se extinguió. Entonces pasaron a ser parte de un tubo judicial al servicio del régimen de Nicolás Maduro. A fin de castigar a quienes protestaron el fraude electoral, no han tenido pudor alguno en llevar con desgano cómplice la representación, impuesta, de sus presuntos defendidos. También coaccionan para grabar videos de denuncia contra la oposición, no informan de sus acciones, cuando las hay, y hasta se inhiben de apelar las decisiones de los tribunales chavistas.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Se aproxima la renovación del máximo tribunal de la República, un trámite destinado a designar desde la Asamblea Nacional oficialista a letrados que puedan demostrar su lealtad a la revolución, por encima de cualquier otra credencial. Por eso en la lista de 258 preseleccionados tras la primera criba, se cuelan sin pudor decenas de militantes del partido de gobierno, un buen número que fueron contratistas del Estado y otros que buscan reciclar sus carreras como burócratas del chavismo, transformados todos, como por arte de magia, en jurisconsultos.
A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.
Mientras se desempeñaba como Ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante Presidente Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.
El extrañamiento fue el destino que debieron adoptar unos 408 activistas, según comprobó esta cobertura, tras sufrir la represión que siguió al fraude electoral de julio de 2024. Año y medio después, el desarraigo se extiende más de lo esperado y la subsistencia se les vuelve una batalla diaria, a la que suman su militancia remota por Venezuela. Aunque escaparon de peligros inminentes, muchos comprueban que la distancia no los separa del todo ni del riesgo ni de las memorias que les acosan.
Un accidente aéreo hace dos meses en Maiquetía expuso una red de influencias tejida por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano -uno de los sobrevivientes del avión siniestrado- que involucra a las cúpulas de los regímenes de Cuba y Venezuela. La bitácora de la aeronave muestra numerosos vuelos entre el istmo, Caracas y La Habana, y que en algunos de ellos viajó un nieto de Raúl Castro. Y hasta un empleado suyo fue nombrado embajador de Panamá ante el castrismo.
El régimen de Nicolás Maduro pretende ganar simpatías con una campaña para reverdecer los laureles que, en su época dorada, cosechó el baloncesto venezolano. Pero ese propósito, en su ejecución actual a través de la llamada Superliga, arrastra una tara de nacimiento: el campeonato mismo y, al menos, dos de sus equipos, están vinculados a jerarcas de los organismos de represión, mientras muchos juegos se disputan sobre la cima de El Helicoide, el tenebroso centro de reclusión y torturas en Caracas.
De una a otra orilla del río Orinoco transcurre un episodio de la competencia global por el control de las tierras raras y otros minerales estratégicos, que enfrenta sobre todo a China y Estados Unidos. Por la densa capilaridad de la frontera fluvial y selvática se van los tesoros geológicos, a los que arrancan del Escudo Guayanés bajo la supervisión de grupos irregulares, y van a dar a empresas de dudosa reputación en Colombia, hasta finalmente alcanzar las refinerías en China.
Jueza del Tribunal tercero de juicio con competencia en terrorismo. Abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Hija del general Jorge Alejandro Romero Castillo, vicerrector de la Unefa. Empleada de la Dirección de la Magistratura desde 2014. Fue secretaría de la Sala 8 de la Corte de Apelaciones y jueza del Tribunal 29 de Juicio del Circuito Penal de Caracas.
General de división, director del Régimen Especial de Seguridad de la Aviación Militar Bolivariana. Oficial de carrera egresado en 1989 de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Ha ocupado diversos cargos burocráticos en el chavismo. Es padre de la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo.
Abogado venezolano. Esposo de Mariana González, hija de Edmundo Gonzalez Urrutia. Condenado a 30 años de prisión.
Juez venezolano que antecedió a Alejandra Verónica Romero Castillo en su cargo titular del Tribunal Tercero de Juicio con Competencia en Terrorismo. Fue el encargado de casos como el del periodista Roland Carreño y del activista Javier Tarazona.
