La peregrinación de Luis Parra y otros seis diputados en defensa de Alex Saab llegó hasta el Vaticano. En mayo de 2019, un mes después de haber completado una gira secreta por varios países europeos para blanquear los negocios del empresario colombiano, también suplicaron ante la Santa Sede por el principal contratista de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde. Aunque esa visita fue pública, en realidad, los parlamentarios no contaron todo lo que hicieron… y solicitaron.
Las peticiones de indulgencia de diputados venezolanos por Alex Saab llegaron hasta el mismísimo Vaticano. En mayo de 2019, cuando todavía representaban a la oposición, y sólo un mes después de una gira secreta por varios países europeos donde dejaron una estela de documentos acreditando la buena conducta del empresario colombiano, se animaron también a gestionar una ayuda menos terrenal para el contratista consentido de Nicolás Maduro.
En ese momento Alex Saab no anticipaba su detención, ocurrida hace poco más de dos meses en Cabo Verde, ni se proclamaba “enviado especial” del Gobierno como haría tras su captura, pero sí sabía que en varias jurisdicciones investigaban con lupa sus millonarios negocios con el régimen chavista. En octubre de 2018, por ejemplo, se anunció en México una averiguación contra sus empresas por la venta de alimentos de mala calidad y sobreprecios para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), plan creado por Maduro en 2016.
No era la única causa en su contra, por lo que el auxilio de diputados opositores parecía una estrategia audaz. Hasta siete diputados, comandados por Luis Parra, visitaron Bulgaria, Portugal y el principado de Liechtenstein, entre otros países, como representantes de la Asamblea Nacional, para entregar a autoridades documentos que blanqueaban las operaciones de compañías controladas por Saab, por su socio, Álvaro Pulido Vargas, y por Carlos Lizcano Manrique, este último, operador de los dos primeros en negocios como el de las Tiendas Clap en Venezuela.
A Parra lo acompañaron en esa primera expedición ocurrida en abril de 2019 José Brito, Conrado Pérez, Richard Arteaga, Adolfo Superlano, Chaim Bucaran y José Luis Pirela. Este último es el único que, tras las primeras revelaciones de Armando.info, mantiene su apoyo al presidente interino de la República por la oposición, Juan Guaidó, y no fue excluido de la organización política en la que milita, Vente, la agrupación liderada por María Corina Machado. Los otros fueron apartados de Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, y formalmente se convirtieron en adversarios de Guaidó desde el pasado 5 de enero, cuando con los votos del chavismo se erigieron como figuras visibles de una Asamblea Nacional paralela.
En mayo de 2019 los mismos diputados volvieron a viajar a Europa. Fueron a Roma y a Madrid, en una gira más corta que, a diferencia de la primera, hicieron pública. Los viajeros compartieron fotos en sus redes sociales y declararon haber consignado denuncias ante instancias judiciales contra Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa señalado en casos de corrupción petrolera; contra Raúl Gorrín, empresario cercano al chavismo, dueño del canal 24 horas de noticias, Globovisión, y acusado de lavado de dinero en Estados Unidos; y también contra los llamados bolichicos, jóvenes empresarios de la alta sociedad caraqueña como Alejandro Betancourt, señalados de haber lucrado de la corrupción durante la emergencia decretada por Hugo Chávez en el sector eléctrico en 2010-2011.
Pero nuevos documentos obtenidos para este reportaje confirman que los parlamentarios no revelaron todo lo que hicieron en esa segunda gira, de nuevo con la misión de favorecer a Alex Saab.
El 10 de mayo de 2019 todos los diputados de la delegación, excepto José Luis Pirela, hicieron una visita oficial al Estado del Vaticano, donde fueron recibidos por Pietro Parolin, su Secretario de Estado, segundo a bordo del Papa Francisco y conocedor de la crisis venezolana ya que años atrás fue Nuncio Apostólico en Caracas.
Los diputados entregaron una carta plagada de errores ortográficos, dirigida a “su santidad Francisco Papa”, en la que, primero, pedían por la “libertad de los presos políticos” y la “apertura del canal humanitario”, pero en la que finalmente filtraron un mensaje no tan santo: el desbloqueo de cuentas bancarias en jurisdicciones internacionales.
“Que permita la apertura del canal humanitario y el ingreso de medicinas y alimentos necesarias para nuestro pueblo, que en muchos casos se encuentra retenida por diversos organismo (sic) internacionales y financieros, bloqueados injustificadamente en perjuicio de los más pobres, haciendo la salvedad de que en algunos procesos las empresas que no se han sometido al control parlamentario deben seguir bloqueadas, pero aquellas que cumplen con todos los requisitos deben seguir llevando los alimentos y los medicamentos que necesitan los más desfavorecidos de nuestra sociedad”, se lee en el texto (cursivas de la redacción).
Aunque sin citarlos, es un pedido similar a los que habían hecho en abril en Bulgaria, Portugal y Liechtenstein, solo que en esos casos mencionaron expresamente las compañías controladas por Alex Saab y Álvaro Pulido para el suministro de alimentos para los CLAP, como Group Grand Limited, Mulberry Proje Yatirim, Asasi Food Fzc y Adon Tragind Fze, entre aquellas que sí habían certificado que “cumplen con todos los requisitos”. Por eso, en el escrito dirigido al Papa Francisco hablan del supuesto “control parlamentario” al que se habrían sometido dichas empresas, pese a que formalmente esos siete diputados no integraban una comisión para investigar el caso de los Clap.
Esa petición hecha en el Vaticano está sistemáticamente omitida en los mensajes difundidos al público tras el encuentro de la delegación con Pietro Parolin. “Reunidos en una comisión de diputados de la @asambleave con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a quien le solicitamos la intervención de la Santa Sede para la solución de la crisis en Venezuela, el cese de la usurpación y la represión, así como la liberación del primer vicepresidente del parlamento @EdgarzambranoAD, @JuanRequesens y todos los presos políticos del país”, publicó en su cuenta de Instagram Luis Parra, quien el pasado 5 de enero intentó un asalto a la presidencia de la Asamblea Nacional con el respaldo del chavismo.
La carta entregada en el Vaticano no es el único documento que revela hasta dónde llegó el compromiso de los parlamentarios con los intereses del empresario colombiano, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos e incluido, casi en simultáneo, en la llamada Lista Clinton de sancionados por el Departamento del Tesoro en julio de 2019. Como si tuvieran que rendir explicaciones sobre las gestiones realizadas, a su vuelta a Venezuela consignaron un documento sobre su visita a Liechtenstein ante la Embajada de Suiza en Caracas.
El escrito de una página, con su correspondiente traducción al inglés, está dirigido al embajador de Suiza en Caracas, Didier Chassot, y fue entregado el 31 de mayo de 2019. Allí los parlamentarios relatan que un mes antes, en abril, llegaron hasta el principado de Liechtenstein “con la finalidad de intercambiar el resultado de varias investigaciones que son llevados (Sic) por nuestra comisión donde se ven involucradas diversas empresas de comercialización de alimentos y medicinas, empresas estas que según información que manejamos mantienen relaciones comerciales y financieras con distintas instituciones de ese país (Liechtenstein)”.
Al igual que en el texto entregado al Secretario de Estado del Vaticano, en esta carta no se mencionan las empresas de Saab, pero aseguran haber realizado investigaciones que “anexamos a esta misiva” para que las autoridades de Liechtenstein respondan “ante nuestras solicitudes, e inclusive que utilicemos este canal diplomático como vía de intercambio de ser posible”.
Armando.info pudo confirmar que el escrito fue enviado a una sede diplomática de Liechtenstein en la ciudad de Berna, Suiza, ya que en Venezuela el principado no tiene representación diplomática y la gestión suiza en ese tipo de trámites es de simple intermediación.
Esa representación que se abrogan en ambas cartas los diputados viajeros nunca fue aprobada por la plenaria de la Asamblea Nacional, mientras que la investigación sobre las irregularidades detrás de los Clap era competencia de la Comisión de Contraloría desde 2017. Algunos de los papeles entregados por los parlamentarios en sus giras a autoridades y entidades bancarias llevan la firma de Freddy Superlano, quien en 2018 presidía esa comisión, pero quien ha negado su participación en el caso y ha denunciado la falsificación de su firma.
A diferencia del escrito dirigido al Papa, la carta entregada a la embajada suiza en Caracas contiene la firma del diputado José Luis Pirela. Pero Pirela niega haberla suscrito: “Estoy dispuesto a someterme a una prueba grafotécnica de esa carta porque no la conozco y no conozco su contenido (…) Ni sabía que esa carta existía”, asegura al ser consultado al respecto vía telefónica.
Pirela repite que sólo estuvo en “un viaje”, el de mayo a Madrid y Roma. Sin embargo, una foto en la que se ve hasta seis de los diputados y al editor de Primicias24, Carlos Herrera, en un paisaje alpino corresponde al paso de los parlamentarios por Liechtenstein realizado un mes antes, tal y como explicaron los propios diputados al embajador suizo en Caracas, y como demuestra el ejercicio de geolocalización de la imagen. Nuevas fotos de ese momento muestran a un jubiloso José Brito, entonces diputado de Primero Justicia por el estado Anzoátegui, con los brazos abiertos y el paisaje alpino al fondo.
Unos boletos aéreos para el 8 y 9 de abril de 2019 a nombre de José Luis Pirela fueron emitidos con rumbo a Caracas-París y luego París-Zúrich, primeras escalas de la gira de abril y justo antes de visitar Liechtenstein. El pasaje fue emitido por la agencia Eurocontinentes Agencia de Viajes, que pertenece a Iván Caballero Ferreira, empresario colombiano también ligado a Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas y Carlos Lizcano Manrique. Fue en ese establecimiento donde también se compraron los pasajes de Richard Arteaga, Conrado Pérez y Luis Parra.
Pese a ello, Pirela insiste en haber participado en “un solo viaje” y niega cualquier figuración en la trama de favores a Alex Saab. “Yo no me acuerdo de los detalles del viaje, seguramente se usó alguna escala, pero yo no recuerdo detalles del viaje (…) El único viaje que yo hice fue ese, de otros viajes no sé, y no sé qué reuniones se hicieron porque no estuve. Quieres que te hable de un viaje en el que no participé”, insiste el diputado.
En esos boletos aéreos, además del de Pirela, aparece el nombre del diputado Héctor Vargas Torres, quien no participó en ninguno de los dos viajes, pero cuya firma sí apareció en la carta que en octubre de 2019 entregaron en Bogotá los diputados José Brito y Adolfo Superlano ante la Fiscalía de Colombia en defensa de la empresa Salva Foods y Carlos Lizcano Manrique, responsables de la operación de las Tiendas Clap. “Mi firma fue forjada y pido que sea investigado hasta las últimas consecuencias”, expresó Vargas el 2 de diciembre de 2019, al día siguiente del primer reportaje que revelaba la trama en favor de Saab.
Al final, las gestiones realizadas por los parlamentarios parecen haber servido de poco para Alex Saab, quien fue detenido desde el 12 de junio en Cabo Verde y puede finalmente ser extraditado a Estados Unidos.
Para varios de los diputados sus actuaciones también han tenido un precio, especialmente después de que, con el apoyo del chavismo, intentaran suplantar en el reciente mes de enero a la directiva legítima de la Asamblea Nacional, dominada desde enero de 2016 por la oposición.
Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez y Adolfo Superlano, cuatro de los diputados que participaron en las expediciones para ayudar a Saab, fueron sancionados en enero por el Departamento del Tesoro norteamericano. Luis Parra también fue sancionado en junio pasado por la Unión Europea, y en julio fue Suiza, ese país por el que pasó en defensa de Alex Saab en 2019, pero que terminó castigándolo.
El escándalo de los diputados, entonces opositores, que hicieron gestiones en favor del empresario Alex Saab, cayó en el olvido: mientras los señalados parecen a punto de quedar reelegidos este domingo, los resultados de la investigación prometida hace exactamente un año por Juan Guaidó, como jefe de la Asamblea Nacional, aún no se conocen. Sin embargo, los testimonios que han trascendido de los parlamentarios involucrados en el caso e interrogados durante las pesquisas, así como de los trabajadores de la Comisión de Contraloría de la AN -donde se gestaron y a cuyo nombre se presentaron los documentos en apoyo de Saab- arrojan nuevos detalles sobre el desorden administrativo y caos institucional que reinaron en esa instancia del parlamento, dominado por la oposición desde 2015. Los favores al contratista consentido del chavismo no fueron ni una casualidad ni los únicos.
El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Nicolás Maduro. Pero testimonios aseguran que por algún tiempo le sirvió como custodio y distribuidor de sus fondos. Se comprobó además que transacciones realizadas desde esa entidad con allegados y fachadas corporativas de Saab en 2016 y 2017 despertaron suspicacias entre funcionarios del sistema financiero de Estados Unidos.
Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera de varios países, pero la jugada, en vez de esconderlo, resultó reveladora. De acuerdo a documentos de los tribunales de Sofía, 158 millones de dólares quedaron congelados en cuentas manejadas por un turbio abogado de ese país, quien también controlaba dineros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que tiene entre su clientela a Lorenzo Antonelli, cuñado de la esposa de Saab y cabeza de varias sociedades que forman parte de su red de negocios.
Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019 marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que hoy pasan por disidentes del grupo de partidos mayoritario de oposición. En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal los parlamentarios abogaron en favor de los empresarios colombianos que controlan las importaciones para los Clap. Durante el tour, que incluyó escalas técnicas en Francia, Alemania, Suiza y España, hizo de chaperón un asociado a Saab y su clan, dueño también de la agencia de viajes donde se adquirieron los boletos y se organizó el itinerario. A su regreso los viajeros habían cimentado unas relaciones peligrosas que meses después los alentaron para intentar la toma de la Asamblea Nacional.
El domingo 5 de enero de 2020 el chavismo juramentó, contra viento y marea, a una Junta Directiva "paralela" para la Asamblea Nacional, presidida por el diputado del estado Yaracuy, Luis Parra. Justamente fue Parra quien, junto a otros parlamentarios recientemente expulsados de partidos de oposición -algunos también parte de esta directiva "a la medida" del oficialismo-, conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP. Este reportaje, publicado el pasado 1 de diciembre, puso a la luz estas irregularidades que llevaron a que el público bautizara al grupo de diputados como la "Fracción CLAP".
Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.
