Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera de varios países, pero la jugada, en vez de esconderlo, resultó reveladora. De acuerdo a documentos de los tribunales de Sofía, 158 millones de dólares quedaron congelados en cuentas manejadas por un turbio abogado de ese país, quien también controlaba dineros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que tiene entre su clientela a Lorenzo Antonelli, cuñado de la esposa de Saab y cabeza de varias sociedades que forman parte de su red de negocios.
En un tribunal de Sofía, la capital de Bulgaria, reposan unos documentos que revelan más pistas de los negocios de Alex Saab y el régimen de Nicolás Maduro. Esos papeles dibujan las maniobras para sortear la vigilancia financiera en varias jurisdicciones que utilizó el empresario colombiano, detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio y cuya extradición ha solicitado Estados Unidos. De paso, aclaran más las verdaderas intenciones del viaje que en secreto hicieron en abril de 2019 diputados entonces opositores, encabezados por Luis Parra, precisamente a la capital búlgara.
Esos documentos completan una historia cuyo primer capítulo se escenificó en febrero de 2019. En ese momento las autoridades búlgaras anunciaron la congelación de dineros provenientes de la estatal venezolana Pdvsa que terminaban en cuentas del Investbank, un banco con fama de “manzana podrida” en el sistema financiero búlgaro por manejar dinero proveniente del crimen organizado. Las cuentas, además, estaban manejadas por el abogado Tsvetan Georgiev Tsanev, también con un historial turbio involucrado en varios escándalos y por su cercanía al llamado Círculo Bankya, formado por funcionarios de la Bulgaria comunista y poscomunista que tras bambalinas mantienen el poder político y económico en la nación balcánica.
Los escritos judiciales obtenidos para esta investigación conjunta entre Armando.info y el sitio búlgaro Bivol.bg confirman que se trata de 158 millones de dólares que fueron bloqueados por el tribunal búlgaro a instancias de la Agencia de Seguridad Nacional (DANS), y no los 60 millones que se dijeron inicialmente. En ellos aparece Tsanev como responsable de numerosas cuentas en el Investbank en las que, también como se dijo entonces, llegaban fondos vinculados a la estatal petrolera venezolana. Pero la novedad estriba en que, según establece el expediente, buena parte de esos recursos están vinculados a algunas sociedades instrumentales con las que Saab y su socio Álvaro Pulido manejaron cientos de millones de dólares tras obtener varios contratos para el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Al menos en siete fallos judiciales, fechados entre marzo y julio de 2019, se establece la sospecha de que se trata de una operación de lavado de dinero y, con ella, la decisión de congelar las cuentas administradas por Tsvetan Georgiev Tsanev, identificado en los papeles con las siglas Ts. G. Ts.
“A la luz de la prueba presentada, este panel de jueces considera que existen fundamentos suficientes para sospechar actos de lavado de activos y actos de origen delictivo (…) El origen y el movimiento del dinero deben verificarse en el curso del proceso penal previsto”, refiere un texto del Tribunal de Apelación de Sofía, del 18 de junio de 2019.
Del amplio entramado societario de Alex Saab y Álvaro Pulido, en los documentos destacan Asasi Food Fzc, registrada en Emiratos Árabes Unidos, así como Mulberry Proje Yatirim, la sociedad turca que usaron para reemplazar a Group Grand Limited, inscrita esta en Hong Kong y la primera involucrada desde finales de 2016 en el negocio de los Clap. Además de estar manejadas por la dupla colombiana y de haber sido sancionadas por el Tesoro norteamericano en julio de 2019, el denominador común de esas compañías es el movimiento de cientos de millones de dólares ligados a la venta de alimentos de baja calidad para los Clap, el programa de asistencia social y clientelismo político por el que el régimen de Nicolás Maduro provee de alimentos y productos de consumo básico subsidiados a sectores de bajos recursos.
Un documento del 17 de junio de 2019 emitido por la Corte Suprema de Casación de Sofía menciona también a Adon Trading FZE, otra pieza más del puzzle creado por Saab y Pulido para sus contratos con el chavismo, pero con cuentas en el Investbank manejadas por Tsvetan Georgiev Tsanev. “El señor Alex Saab Morán no es mi cliente y no tengo el honor de conocerlo”, afirmó el abogado en entrevista para este reportaje, al tiempo que negó tener a Pdvsa como cliente.
Sí reconoció, en cambio, que mantiene como cliente a Lorenzo Antonelli, un joven italiano, cuñado de Camila Fabbri, la esposa de Alex Saab, y a la postre pieza del colombiano en el manejo de Adon Trading FZE, registrada en Emiratos Árabes Unidos, y de una empresa homónima domiciliada en Hong Kong. Admitió que la empresa “con cuentas corresponsales en el Investbank” tiene fondos bloqueados, pese a haber cumplido con los controles financieros previos. “Antes de la apertura de las cuentas corresponsales la empresa administrada por él (Lorenzo Antonelli) estaba sujeta a una inspección KYC (Know Your Client) en profundidad de acuerdo con los requisitos de la legislación búlgara e internacional y se comprobó que los cumplía plenamente”, aseveró Tsanev.
Para ese momento Armando.info había publicado varios reportajes que demostraban la presencia de Lorenzo Antonelli en sociedades británicas como Marylins Capital Limited y Glenmore Solutions Limited, que se desempeñaban como propietarias finales de las empresas turcas con las que Alex Saab también logró participar en los negocios del oro y el carbón venezolanos desde 2018. En noviembre de 2019, además, y en el marco de una investigación contra el colombiano, la Guardia Di Finanza italiana congeló activos en Roma a Lorenzo Antonelli y a la esposa de Saab, manejados también a través de una firma británica de nombre Kinloch Investments Limited, en el marco de una investigación contra el colombiano.
Ni Lorenzo Antonelli, ni Adon Trading FZE contestaron la solicitud de entrevista para este reportaje.
Cuando las autoridades búlgaras empezaron a seguir el rastro de esas operaciones financieras ligadas a las compañías controladas por Saab y Pulido, hasta siete diputados venezolanos, encabezados por Luis Parra, hicieron en abril de 2019 y en secreto una gira por varios países europeos con una escala en Sofía que ahora, a la luz de las nuevas revelaciones, resulta estratégica. El objetivo de los viajeros en la capital búlgara, igual que en cada parada, fue siempre el mismo: pedir a las autoridades locales el desbloqueo de fondos a las empresas ligadas a los empresarios colombianos, quienes para ese momento tenían encima los ojos de varias unidades de inteligencia financiera del mundo.
Además de Luis Parra -hoy presidente de la versión paralela de la Asamblea Nacional aupada por el régimen de Maduro-, en Sofía estuvieron los parlamentarios Richard Arteaga y Conrado Pérez. Una primera foto filtrada a la prensa a finales del año pasado sólo mostraba a Arteaga y Pérez bajando de un carro, justo al frente de una agencia bancaria en la capital búlgara. Con la ayuda de Bellingcat, medio electrónico especializado en investigaciones con fuentes abiertas y periodismo forense, se logró entonces precisar el punto exacto en la capital búlgara. Una nueva foto obtenida para este reportaje ya muestra a Luis Parra como parte del grupo.
Los parlamentarios consignaron ante un funcionario de la Cancillería escritos dirigidos al primer ministro Boyko Borisov, alegando haber investigado las empresas de Saab y Pulido sin encontrar irregularidades. Junto a papeles firmados por los siete parlamentarios que estuvieron en el viaje, habrían entregado una carta con la rúbrica de Freddy Superlano, quien no participó en la gira y ha denunciado la falsificación de su firma. Para ese momento Superlano presidía la estratégica Comisión de Contraloría del parlamento venezolano.
Todos los diputados involucrados en el viaje para blanquear los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido, a excepción de José Luis Pirela, integrante del llamado Bloque Parlamentario del 16 de Julio, pasaron a formar parte de la oposición a Juan Guaidó desde el pasado 5 de enero de 2020, cuando con los votos del chavismo impusieron a Luis Parra como presidente de una Asamblea Nacional paralela. Más recientemente algunos de ellos, como José Brito con Primero Justicia, se han abrogado la jefatura de los partidos políticos de oposición donde venían militando, gracias a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo.
Pese a que Adon Trading FZE se identifica en su web como una “comercializadora de productos farmacéuticos y fertilizantes”, una factura del 17 de septiembre de 2019 revela que la compañía también participó en el negocio de los alimentos al venderle al Ministerio de Alimentación venezolano casi 80.000 kilos de lentejas por algo más de 235.000 dólares. De ese documento destacan otros elementos: la cuenta bancaria final para el pago conduce hasta el Investbank búlgaro, mientras que el banco intermediario es el Aktif Yatirim Bankasi de Turquía; el negocio está ligado al contrato 0045-2018 que en realidad firmó por 345 millones de euros Asasi Food FZC con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas.
La operación se asemeja a la que hicieron Saab y Pulido con Group Grand Limited y Mulberry Proje Yatirim. La primera firmó dos contratos por casi 800 millones de dólares con Corpovex, pero la segunda recibió parte de los pagos.
Aunque la factura emitida por Adon Trading FZE al Ministerio de Alimentación lleva el nombre de Lorenzo Antonelli, ese no es el único vínculo de la compañía con Alex Saab. En Venezuela Adon Trading FZE fue representada por Ronald Alexander Ramírez Mendoza, otra ficha del entramado de colaboradores y operadores para manejar la extensa red de negocios levantada con el chavismo.
Ejerciendo como representante de la empresa, Ramírez Mendoza ofreció semillas y fertilizantes a los productores agrícolas venezolanos. Pero el nombre de Ronald Alexander Ramírez Mendoza se hizo público en diciembre de 2018, cuando Nicolás Maduro lo nombró presidente de Monómeros Colombo Venezolanos, el complejo petroquímico que Venezuela posee en Barranquilla, Colombia.
Ramírez Mendoza nunca pudo asumir el cargo ya que el 30 de enero de 2019, cuando llegó en un vuelo privado a la ciudad del atlántico colombiano, fue “inadmitido” y obligado a regresar a Caracas por las autoridades migratorias colombianas por sus vínculos con el régimen de Maduro. Ramírez Mendoza tampoco atendió la petición de entrevista para este reportaje.
En Venezuela Ronald Alexander Ramírez Mendoza también es directivo de Borets, una empresa petrolera de origen ruso que en los últimos años ha obtenido contratos de Pdvsa y Bariven, la encargada de las compras en el extranjero para la industria petrolera venezolana. Borets fabrica sistemas de bombeo y tiene presencia en varios países como Colombia y Estados Unidos, así como figura jurídica en paraísos fiscales como el de las Islas Vírgenes Británicas.
En 2007 la compañía norteamericana Weatherford International compró el 30% de los activos de Borets, pero siete años después la gigante petrolera rusa Rosneft compró los activos americanos y venezolanos de Weatherford.
Durante años, Igor Sechin, figura cercana a Vladimir Putin, ha sido la mente detrás de la expansión de Rosneft en el mundo, especialmente en América Latina y Venezuela. Fue el propio Sechin quien anunció en marzo de este año que, debido a las amenazas de sanciones estadounidenses, cesaban sus operaciones en Venezuela. Previamente, en febrero, el Departamento del Tesoro estadounidense, había sancionado a Rosneft Trading S.A, filial de Rosneft registrada en Rusia, por su participación en la venta de crudo venezolano en mercados internacionales.
(*) Este reportaje es producto de una cobertura conjunta con el reportero Nikolay Marchenko de la plataforma Bivol.bg de Sofía, Bulgaria.
El escándalo de los diputados, entonces opositores, que hicieron gestiones en favor del empresario Alex Saab, cayó en el olvido: mientras los señalados parecen a punto de quedar reelegidos este domingo, los resultados de la investigación prometida hace exactamente un año por Juan Guaidó, como jefe de la Asamblea Nacional, aún no se conocen. Sin embargo, los testimonios que han trascendido de los parlamentarios involucrados en el caso e interrogados durante las pesquisas, así como de los trabajadores de la Comisión de Contraloría de la AN -donde se gestaron y a cuyo nombre se presentaron los documentos en apoyo de Saab- arrojan nuevos detalles sobre el desorden administrativo y caos institucional que reinaron en esa instancia del parlamento, dominado por la oposición desde 2015. Los favores al contratista consentido del chavismo no fueron ni una casualidad ni los únicos.
La peregrinación de Luis Parra y otros seis diputados en defensa de Alex Saab llegó hasta el Vaticano. En mayo de 2019, un mes después de haber completado una gira secreta por varios países europeos para blanquear los negocios del empresario colombiano, también suplicaron ante la Santa Sede por el principal contratista de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde. Aunque esa visita fue pública, en realidad, los parlamentarios no contaron todo lo que hicieron… y solicitaron.
El avión con matrícula venezolana, cargado con armas e incautado en Estados Unidos el fin de semana pasado, era parte de la flotilla privada, pilotada por ex oficiales de la Fuerza Aérea, de la que disponían para viajes de negocios y placer los dos comerciantes colombianos, proveedores favoritos del régimen de Nicolás Maduro. Si bien sigue siendo un misterio el destino que se le iba a dar al arsenal, hay pistas para sospechar que formaba parte de una maniobra que se iniciaría en el Caribe para liberar a Alex Saab en Cabo Verde.
Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019 marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que hoy pasan por disidentes del grupo de partidos mayoritario de oposición. En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal los parlamentarios abogaron en favor de los empresarios colombianos que controlan las importaciones para los Clap. Durante el tour, que incluyó escalas técnicas en Francia, Alemania, Suiza y España, hizo de chaperón un asociado a Saab y su clan, dueño también de la agencia de viajes donde se adquirieron los boletos y se organizó el itinerario. A su regreso los viajeros habían cimentado unas relaciones peligrosas que meses después los alentaron para intentar la toma de la Asamblea Nacional.
Un oscuro abogado resultó ser el titular de una cuenta en un banco de esa nación de los Balcanes donde se recibían decenas de millones de euros en fondos negros de la petrolera estatal venezolana. Los recursos quedaron incautados y congelados la semana pasada por el Gobierno de Sofía, a petición de Estados Unidos, que denunció el flujo financiero. Los dineros públicos venezolanos estaban bajo control de un submundo donde confluyen la clase política, la ‘mutri’ (la tenebrosa mafia local), las agencias secretas y la oligarquía del petróleo ruso.
Un nuevo análisis físico-químico solicitado por Armando.Info a investigadores de la UCV demuestra que la leche en polvo que en la actualidad se distribuye en el programa de asistencia alimentaria del Gobierno venezolano, aunque bajo nuevas marcas, sigue teniendo un pobre desempeño nutricional que pone en riesgo la salud de sus consumidores. Mientras tanto, un misterioso proveedor consigue monopolizar las importaciones y las ventas de México a Venezuela van en aumento.
Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.
