Siempre con apoyo del chavismo, Yulisbeth García asumió hace un par de meses el cargo de gobernadora del estado Bolívar. Al puesto llegó desde la alcaldía del municipio Piar, que manejó por ocho años. Durante su gestión la actividad minera en torno al oro ilegal invadió impune las calles de Upata. También en ese período se instaló en la ciudad una sucursal de Alibaba Gold Center, la empresa que participó en el esquema de contrabando del mineral desde Brasil. Hasta hoy a ‘La Tata’ la persigue la bulla sobre su propia participación en el negocio.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Un letrero apaisado, que tapa las dos caras de un ángulo de la fachada de un pequeño centro comercial en Upata, estado Bolívar, despliega el nombre de Alibaba Gold Center C.A. El edificio de dos plantas, que hace esquina en el cruce de las calles Ricaurte y Van Pragg de la capital del municipio Piar, no solo aloja una sucursal de esa empresa, sino toda una retahíla de pequeños comercios de compraventa de oro y de avalúos de la calidad del metal. Más que un mall de pueblo, el inmueble es una aspiradora virtual que succiona y acumula el oro extraído en el sur selvático de esta región de la Guayana venezolana.
Las taquillas con vidrieras polarizadas no permiten ver al interior de los comercios. En el estrecho vestíbulo, dos dependientes sentados hacen scroll a su celular. Sin levantarse de los bancos de plástico, responden con desgano que “el gramo de oro está a 90 dólares”. El encargado del negocio contiguo se acerca a los pocos clientes con algo más de ímpetu, para recordarles que también se analiza la pureza del metal en el piso superior. Es finales de mayo de 2025 y la modorra de un mediodía de días laborables prevalece en el lugar.
Pero aquí los días no siempre fueron tan aletargados. Hasta 2023, las calles del centro de la ciudad, ubicada a 173 kilómetros al este de Ciudad Bolívar, capital del estado, bullían con el caos y el ruido superpuesto de carros, motos, clientes y de los compradores de oro, conocidos como pescadores. Estos abanicaban fajos de reales brasileños y bolívares en plena vía, mientras gritaban como una letanía: “¡Compro oro, compro oro!”.
Con el empuje del Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería decretado por Nicolás Maduro en 2016, la extracción de minerales y su comercialización a pequeña escala pasó a ser la actividad más floreciente de una región con tradición ganadera y agrícola, reconocida además por la explotación maderera y por la producción de quesos blancos, entre ellos el popular queso guayanés, toda una denominación de origen en la práctica.
Similar a uno de los cuentos contenidos en Las mil y una noches, en el que un leñador pobre se apropia de la guarida donde 40 ladrones esconden un tesoro robado, el nombre de Alibaba Gold Center no solo encubre la fachada de un edificio, sino también una operación a gran escala de comercialización ilegal y lavado de oro que involucra a Brasil y Venezuela, descubierta por la Policía Federal de Brasil y ejecutada por una organización criminal integrada por una docena de venezolanos (al menos dos de ellos oriundos de Upata), 14 compañías fantasma y una acaudalada ánfora de 4.362,4 millones de reales brasileños, equivalentes a 771,61 millones de dólares, transados entre febrero de 2023 y marzo de 2024, según los documentos judiciales del caso.
La investigación penal emprendida desde 2023 por la Policía Federal y el Ministerio Público brasileños sobre la comercialización ilegal de oro y lavado de dinero revela que Alibaba Gold Center, con registro mercantil en Ciudad Guayana, la ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 55 kilómetros al oeste de Upata, y con sede principal en Tumeremo, a 120 kilómetros al sureste, es una de las 13 empresas, y la única en Venezuela, que sirvieron ad hoc para el tráfico y blanqueo del oro proveniente de Brasil.
Upata, puerta de entrada al Arco Minero, cobijó la fiebre del oro bajo la administración de Yulisbeth Josefina García González, La Tata, quien fue alcaldesa del municipio Piar desde 2017 hasta 2025. La proyección que le dio esa gestión, en convivencia con el comercio informal del metal precioso, le ofreció réditos políticos: en mayo reciente fue electa como la primera mujer gobernadora del estado Bolívar -el más grande de Venezuela, y uno de los más ricos- para el período 2025-29, cargo que asumió en junio en un acto al que asistió el propio Nicolás Maduro.
La controversial trayectoria de La Tata en el gobierno municipal se impulsó desde Upata, donde conquistó la alcaldía justo un año después del decreto de Maduro que formalizó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
Hasta mayo de 2025 y fuera de Upata, a la mayoría de los habitantes del extenso estado Bolívar no les resultaba familiar el nombre de Yulisbeth Josefina García González. Tres meses después, es la persona más poderosa de la región.
En efecto, puede que el nombre de pila resultase ajeno, desconocido, sin rostro. Pero no era así con el mote con el que Yulisbeth García carga desde niña y con el que se hizo famosa, cuando no temida: La Tata.
El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que le reservó grandes planes, vio en ella un liderazgo disruptivo y muy funcional para los intereses gubernamentales. A su militancia sin torceduras y su lealtad tanto a la memoria de Hugo Chávez como a las políticas de Nicolás Maduro, añadía una ascendencia enérgica sobre la población local, propio de una mujer del pueblo, una líder natural, caracterizada por la estridencia de su verbo y percibida entre sus partidarios como diligente y resolutiva. El perfil arquetípico de una chavista.
Los orígenes de García, nacida en 1979, se hallan en El Pao, una pequeña población rica en hierro y la segunda más importante del municipio Piar, después de Upata.
Venida de “un hogar muy humilde”, como describe una fuente disidente del chavismo en el estado Bolívar, esos primeros años de vida resultaron determinantes en la forja de su sentido de familiaridad.
“Es una muchacha que viene de una familia compuesta. No es que sufrió un abandono o que se sintió relegada, rechazada. No, ella es de una familia muy humilde pero su papá, su mamá, sus hermanos, [estaban y] están muy unidos”, confía otra fuente que durante años trabajó al lado del exgobernador Francisco Rangel Gómez, general retirado de Ejército, muy cercano a Hugo Chávez e integrante también del PSUV.
Rangel Gómez fue gobernador del estado Bolívar durante tres periodos, de 2004 a 2017, y se despidió del poder tras urdir con éxito un fraude electoral contra el candidato opositor, Andrés Velásquez, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de mayoría chavista convalidó. Después de la trastada, el PSUV entronizó como gobernador a otro general, este de la Guardia Nacional, Justo Noguera Pietri, y Rangel Gómez, con su liderazgo tocado, debió salir a un exilio dorado en México. Pero nunca dejó de auspiciar a La Tata.
Aunque sin cargos públicos o dentro la burocracia partidista, Yulisbeth García destacó como líder comunitaria. Mientras cumplía ese rol, el exgobernador Rangel Gómez vio en ella un potencial que bien podía funcionarle al PSUV.
“En las nacientes bases del PSUV era una mujer que se había ganado esos sectores de Upata que ella pateaba y promovía. Y, bueno, muy cercana al equipo del gobernador. Porque tenía ese don de mover gente, de dirigirle un discurso que llegara, de decir lo que la gente quería escuchar. Se fue ganando ese sitial político en Upata”, recuerda la fuente cercana a Rangel Gómez.
Boletines en la prensa oficialista rememoran que, en 2014, García quedó elegida como delegada al Congreso Nacional del PSUV. Después, fue jefa regional del programa gubernamental de distribución de alimentos Mercal. El entonces ministro de Alimentación y posterior gobernador del estado Aragua, general Rodolfo Marco Torres, sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llegaría a elogiar el trabajo de García González.
La estrella ascendente de La Tata por su trabajo de base le permitió desplazar en Upata el liderazgo del exalcalde de Piar, Gustavo Muñiz (2008-2013), que parecía contar con un apoyo firme en el PSUV.
“De hecho, ella lo ha dicho en su discurso: era la que entregaba papelitos al gobernador; se refiere a los papelitos de la gente para comunicar los problemas [al gobernador]. Los asistentes de Rangel Gómez los recibíamos después y había que analizarlos siempre. Y ella se encargaba de eso”, continúa la fuente privilegiada. La Tata terminó por ganarse la confianza del general, quien le encomendó la planificación de sus visitas oficiales a Upata. En ocasiones, el mismo alcalde Muñiz no era notificado de esas visitas. Todo se canalizaba a través de García, algo que ponía de relieve tanto el crepúsculo de Muñiz como el favor que La Tata estaba conquistando en Ciudad Bolívar, la capital del estado. “En efecto, ella era la que coordinaba las idas del gobernador a Upata. Era normal llamar a La Tata, incluso en paralelo que al [sic] alcalde chavista. Ella era una simple militante. Pero siempre estuvo en la militancia dura”, recalca.
Con esas credenciales, García fue ascendiendo y cobrando relevancia. “Ella le decía a Rangel Gómez que era su jefe, y él siempre le decía Tata con toda confianza. Y ella ha dicho que Rangel es su padre político. Lo ha dicho mucho”. La relación política y casi filial entre Francisco Rangel Gómez y Yulisbeth García se hizo tan estrecha que el general, durante la etapa en la que debió salir a un exilio voluntario que comenzó en México, tras dejar la gobernación en 2017, siguió como entusiasta promotor de la campaña de la hoy gobernadora.
Como alcaldesa, García dejó muy en claro que su gobierno era uno de marcada raigambre chavista y con enganche en la movilización de los grupos de base. Un trofeo que cosechó en ese rol de comandante de células regionales y administradora de la violencia fue la agresión de la que en Upata fue objeto la dirigente opositora, María Corina Machado, quien en octubre de 2018 fue recibida con piedras, palos, insultos y hasta robos al llegar de gira a la ciudad.
En un comunicado del momento, Vente Venezuela, la agrupación partidista de Machado, denunció que la alcaldesa había teledirigido el ataque: “Este hecho, ejecutado por grupos violentos de la alcaldesa del municipio, Yulisbeth García, alías La Tata, es la prueba de que enfrentamos un Estado mafioso y criminal que está dispuesto a lo que sea”.
También ese año, un dirigente local del partido de Machado, Octavio Robles, fue puesto bajo arresto por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El activista de Vente Venezuela venía haciendo denuncias contra “las mafias del oro desde Upata hasta el sur”, y atribuyó la campaña de descrédito e intimidación de la que era víctima a las críticas con que mortificaba a la alcaldesa de Piar.
También célebre es el episodio de 2024 en el que García ordenó la detención de los manifestantes que salieron a las calles del municipio Piar a protestar contra el fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año, en las que se desconoció el triunfo del candidato opositor, Edmundo González Urrutia.
Tres fuentes consultadas afirman que La Tata estuvo al mando de esa operación represiva. “Ha sido una perseguidora de la gente que protesta, de la gente de oposición. Después del 28 de julio, ella misma señaló gente que quería mandar para La Pica [un infame centro penitenciario en el estado Monagas], a las peores ergástulas. Tengo información de que los policías al final liberaron a esas personas a través de acuerdos económicos con las familias”, insiste una de las fuentes.
Mientras tanto, García dejaba hacer al comercio del oro que, a la vez y según denuncias, la recompensaba.
Américo De Grazia, exalcalde de Piar, exdiputado de la Asamblea Nacional y excandidato a gobernador de Bolívar, en la actualidad detenido como preso político, fue de los primeros en señalar a García como la dueña final de la mina La Justicia, a pocos kilómetros al sur de Upata.
Esa versión cuenta con el aval de otra fuente que accedió a conversar con Armando.info para este trabajo, bajo la condición de que su identidad no fuera revelada. De acuerdo con esta persona, García ordenó tomar la mina, considerada en los predios como una de las mejores minas del estado Bolívar, pues por ella pasaría, asegura otra fuente en el pueblo, una veta de oro de 70 metros de ancho por tres kilómetros de largo.
“Esa mina”, continúa la fuente, “se la invadieron a una familia que tenía productivo el lugar, con actividad agrícola. Pero ella y una empresa de nombre Berakah invadieron la mina y no ha habido manera de moverlos de ahí”. La pelea tribunalicia de los herederos de la mina, dice, no ha dado resultado alguno.
En Upata, la minería y tráfico de oro ilegal se han solapado con la tradicional economía agropecuaria, aunque no hay reportes con estadísticas confiables que lo certifiquen. Pese al crecimiento del sector, tan vigoroso como anárquico, la capital de Piar no dispone de una cámara independiente de comercio o de minería, o de alguna asociación similar que agrupe a los negocios vinculados a la actividad aurífera, algo que se encuentra en otros pueblos de cultura minera centenaria, como El Callao y Tumeremo. La Cámara de Comercio e Industrias que existía en Piar está cooptada por García, hasta el punto que sus representantes participaron de manera abierta en la reciente campaña de García para la gobernación.
En Upata no existe una normativa para el sector del oro, algo en buena medida sorprendente y hasta irregular, porque se trata de un “material estratégico” que, en el contexto del Arco Minero, quedó sujeto a controles rígidos por parte del Estado.
Recién asumido su cargo municipal, en 2018 La Tata promulgó un decreto que se proponía evitar la proliferación de los comercios de compra y venta de oro. “Todo el mundo sabe que son ilegales”, respondía ese mismo año Yulisbeth García a los requerimientos de reporteros de Runrunes y Connectas sobre los pequeños comercios que comenzaban a ocupar cuadras enteras de la ciudad, “yo les dije ‘ya, un stop, aquí no se construye más un espacio para una compra de oro’”.
Pero, o se trató de apenas un saludo a la bandera o la alcaldesa cambió de opinión en el camino, como pronto se encargaría de demostrar el boom del sector informal de comercialización del oro que, en los hechos y ante las narices de todos, invadió las calles.
En contraste, Yulisbeth García, mientras fue alcaldesa de Piar, se mostró diligente en imponer normativas a otras muy lucrativas actividades comerciales, como una ordenanza para la autorización de expendio de bebidas alcohólicas y su carga impositiva. Con idéntico celo llegó a prohibir en 2018 la compra y venta ambulantes de dinero en efectivo, bolívares y dólares, en el centro de la ciudad.
Aunque el municipio Piar se encuentre dentro de la poligonal del Arco Minero, en cuyo seno en teoría se promueve la actividad aurífera, esta se mantiene como una economía subterránea. Y no de manera literal porque algunos yacimientos requieran de excavación, sino porque quienes ejercen la actividad, sobre todo en su vertiente artesanal, prefieren el perfil bajo y no llamar la atención.
La codicia por el oro les fuerza a llevar una dinámica distinta a la de cualquier otro mineral, por valioso que este sea. Tal dinámica se refleja hasta en los niveles institucionales: por ejemplo, en mayo de 2024 el régimen de Maduro anunció el inicio en el municipio Piar de la explotación de la mina La Carata, un yacimiento de bauxita, mineral que sirve de base para la producción industrial de aluminio y que, por lo tanto, resulta indispensable para la economía global. Pero nada semejante ocurrió cuando, no muy lejos de La Carata, se supo de un par de bullas (vetas de oro), ambas al suroeste de Upata y en dirección al Embalse del Guri: la primera, a pocos kilómetros del caserío Santa María, y la otra en las inmediaciones de la carretera de El Manteco. En casos como estos, la voz corre por la cuenca aurífera de Piar, animando a muchos -individuos, funcionarios del Estado o corporaciones- a embarcarse en una carrera de la que lo único que pueden dar por sentado es que quien llega primero tendrá las de ganar. Pero la mayoría se quedan con las ganas.
No pasó mucho tiempo con Yulisbeth García en la alcaldía del municipio Piar para que en el cantón brotara la versión de que ella había completado un pacto con los compradores de oro, a quienes cobraría una cuota a cambio del permiso para seguir funcionando, a la manera de un impuesto o vacuna.
También temprano en su mandato, García tuvo que ocuparse de contrarrestar el rumor: “Yo puedo cerrar cualquier compra porque no tengo compromisos con ninguno de ellos”. Sin embargo, entonces reconocía que no iba a clausurar esos locales “de manera agresiva” porque “ya todos estaban construidos”.
Eso, sin embargo, no detuvo las murmuraciones. Junto a su bien ganada fama de militante pendenciera se acumularon los señalamientos de contubernio con la minería, cuya cúspide alcanzaron en 2020, cuando el exdiputado Américo De Grazia calificó en Twitter (hoy X) a la entonces alcaldesa y futura gobernadora como la cabecilla de “una auténtica organización criminal”, en cuyas manos estaba “el sicariato y maneja las ventas [de oro] operadas por pranes”, en referencia a los líderes de bandas criminales que controlan zonas mineras del sur de Bolívar.
Luego, en marzo de 2023, el mismo dirigente opositor volvería a vincular a La Tata con el negocio furtivo. Entonces asomó en un tuit la especie de que ella se repartía con el entonces gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, y con el entonces alcalde del municipio Roscio, Wihelm Torrellas, la propiedad de un molino de oro en la mina El Muertico, cerca de la localidad de Guasipati. Sostuvo De Grazia que los funcionarios se quedaban con 50% de los dividendos de la operación, mientras destinaban 20% a la estatal Corporación Venezolana de Minería, y el restante 30% al minero local.
La reacción que a la larga obtuvieron las reiteradas denuncias de De Grazia puso a este tras las rejas, a finales de 2024. Diosdado Cabello, tradicionalmente visto como el número dos del chavismo, hoy ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y secretario general del PSUV, anunció que el opositor, que llevaba días desaparecido, había sido capturado por cuerpos de seguridad al apenas regresar a su región natal, después de dos años de exilio forzado. Acusó a De Grazia de participar, junto a Carlos Chancellor -exalcalde del también minero municipio Sifontes-, en un supuesto complot para asesinar a La Tata. Los familiares del parlamentario se apresuraron a rechazar las imputaciones, diciendo que “las acusaciones son obviamente falsas y no tienen pruebas para demostrar lo contrario”. Mientras Chancellor acaba de ser excarcelado en julio reciente, el nombre de De Grazia sigue apareciendo en las listas de presos políticos del régimen.
La determinación que Cabello mostró al encarcelar a De Grazia, con el pretexto de proteger a Yulisbeth García, bien pudo ser un augurio de lo que el partido oficialista guardaba para ella: la postulación como gobernadora del estado Bolívar. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, madrina del Arco Minero, le alzó la mano durante la campaña electoral. También Héctor Rodríguez, ministro de Educación, se ha acercado hasta el estado Bolívar para expresarle su apoyo. Nicolás Maduro le demostró su respaldo durante la campaña electoral y proclamación como nueva gobernadora. El mismo Diosdado Cabello también la visitó varias veces y hasta aprovechó alguna de estas oportunidades para transmitir desde Piar su programa televisivo de todos los miércoles, Con el mazo dando.
El equipo de Armando Info y Mongabay Latam solicitó su versión a Yulisbeth García por correo electrónico. Pero hasta el momento de la presente publicación no había dado respuesta.
Durante una de sus visitas a Upata, la tarde de un jueves, los reporteros vieron un grupo de niños que jugaban con un balón frente a un letrero publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pintado sobre las blancas paredes del Parque Bicentenario, el centro polideportivo de Upata administrado por la Alcaldía de Piar.
Junto al anuncio de la empresa se veía el logo con el nombre de la propia alcaldesa, Yulisbeth La Tata García. Pasando por alto la providencia administrativa de aplicación nacional de julio de 2013, al cartel de la compañía no lo acompaña el número de Registro de Identificación Fiscal (RIF) correspondiente. “Claro, claro, todo el que quiere anunciar su negocio acá tiene que cuadrarlo con la Alcaldía. Ellos tienen sus tarifas”, comentó a los reporteros el vendedor de un kiosco de chucherías cercano. Según su testimonio, la tarifa que impone el ente municipal de recaudación es de 10 dólares mensuales por valla o cartel.
La imagen, aunque anecdótica, ilustra lo que ocurrió durante el mandato de García en Piar: la normalización para las empresas que, como Alibaba Gold Center, eluden los controles y las normas que el propio Estado exige al negocio del oro.
El aviso comercial también dio lugar alguna vez a una fotografía ya emblemática del mandato de García, en la que esta, mientras saludaba al público que llenaba las tribunas, aparecía flanqueada por el cartel de Alibaba Gold Center. Ante un ojo malintencionado, la foto podía quedar como la imagen de un endoso en el que no se distinguía quién patrocinaba a quién: ¿la marca o la funcionaria?
Este, y no otro, es el legado tangible del paso por Upata de la hoy gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, La Tata: un signo del avance de la influencia minera, desde los confines selváticos del sur hasta la sede del poder regional.
Con un nombre que evoca a la vez imágenes de fábulas árabes y de pillería, la empresa Alibaba Gold Center servía desde el estado Bolívar como uno de los vértices de un esquema criminal que, entre 2023 y 2024, contrabandeó oro ilegal por unos 800 millones de dólares desde la cuenca amazónica. La banda, desbaratada por la justicia de Brasil, reunía a miembros tanto de nacionalidad brasileña como venezolana, de los que varios siguen hoy prófugos y exhiben sin ruborizarse sus paraderos en Venezuela.
Este reportaje de la revista ‘Piauí’ cuenta la historia de Brubeyk Nascimento, un brasileño que pasó de vender galletas de yuca a traficar con oro valorado en casi 300 millones de dólares durante tres años. El caudal ilícito de mineral dorado que enriqueció al ‘garimpeiro’ en esteroides provino tanto de la Guayana venezolana como de las selvas amazónicas del norte de Brasil. Además, las investigaciones policiales mencionaron otra conexión venezolana, la del general Justo Noguera Pietri, exgobernador del estado Bolívar y excomandante de la Guardia Nacional.
Cinco países, ocho empresas y una avioneta bastaban para lavar el oro de sangre de Venezuela, pero algo salió mal en un pequeño archipiélago del Caribe. Durante casi seis meses, Armando.info rastreó facturas y transferencias bancarias, litigó por expedientes judiciales y formuló solicitudes de acceso a información en varias jurisdicciones, para reconstruir rutas del oro ilegal que las mafias de Guayana logran colar hasta Europa.
Desde una residencia hoy abandonada en Guacara a las páginas que la prensa de España dedica a la cobertura del mayor escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez: tal ha sido el periplo de Bancasa S.A. y de su propietario, David Pita Bracho. Ambos aparecen mencionados como partícipes de una operación irregular de compra de lingotes por más de 68 millones dólares al Estado venezolano acordada, tras bastidores, entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el empresario español Víctor de Aldama, ahora preso. Desde Suiza, Pita ofrece su versión sobre el caso, del que se desvincula.
A Jorge Silva la suerte le sonríe desde hace más de una década, cuando el sargento de la GNB y funcionario del Seniat empezó su consagración como magnate de la agroindustria. Aún así, 2024 le está resultando especialmente dichoso: pidió la mano a una exMiss Venezuela, se casó con ella y espera su primer hijo. También siguió con el engorde de sus negocios, que ahora pastan en campos petroleros. Pero nada de esto habría sido posible sin conexiones privilegiadas, que incluyen a Diosdado Cabello y a la pareja del exministro Pedro Morejón.
Los primos de Diosdado Cabello Rondón, el poderoso ‘número dos’ del chavismo, y Luis Alfredo Campos Cabello, su lugarteniente en diferentes cargos públicos, tendieron un ducto de dinero que canalizó, según investigaciones de la Fiscalía venezolana antes de 2017, al menos 157 millones de dólares provenientes de coimas que la constructora Odebrecht pagó. Fuentes documentales y personales a los que el presente reportaje tuvo acceso, confirman ahora que Campos Cabello estableció en Madrid un grupo de empresas todavía activo.
Hace un mes, el gobierno difundió el hallazgo de un almacén de explosivos que, en palabras del ministro del Interior, «si todo esto explotara (...) no quedaría nada ni nadie». Los registros en galpones de empresas proveedoras de Pdvsa sirvieron entonces para anunciar la desactivación de un plan terrorista de la oposición. Sin embargo, numerosas inconsistencias en el operativo contradicen la versión oficial: que los cartuchos encontrados los fabrique una empresa del Ministerio de Defensa ni siquiera es la más notoria.
La última gran apuesta de Vito Recchimurzo Díaz, un jugador irredento de póker en torneos internacionales, consiste en unas semanas de lujosas ‘caimaneras’ de fútbol que convocan a ‘influencers’ y viejas glorias del balompié mundial. Aunque la asistencia a sus partidos es pobre y los números del negocio no cuadran, los beneficios de la Liga Monumental por ahora son, más que financieros, de otra naturaleza: le hacen un favor reputacional al régimen y a sus propios promotores, muchos de ellos contratistas del gobierno.
Con un nombre que evoca a la vez imágenes de fábulas árabes y de pillería, la empresa Alibaba Gold Center servía desde el estado Bolívar como uno de los vértices de un esquema criminal que, entre 2023 y 2024, contrabandeó oro ilegal por unos 800 millones de dólares desde la cuenca amazónica. La banda, desbaratada por la justicia de Brasil, reunía a miembros tanto de nacionalidad brasileña como venezolana, de los que varios siguen hoy prófugos y exhiben sin ruborizarse sus paraderos en Venezuela.
Este reportaje de la revista ‘Piauí’ cuenta la historia de Brubeyk Nascimento, un brasileño que pasó de vender galletas de yuca a traficar con oro valorado en casi 300 millones de dólares durante tres años. El caudal ilícito de mineral dorado que enriqueció al ‘garimpeiro’ en esteroides provino tanto de la Guayana venezolana como de las selvas amazónicas del norte de Brasil. Además, las investigaciones policiales mencionaron otra conexión venezolana, la del general Justo Noguera Pietri, exgobernador del estado Bolívar y excomandante de la Guardia Nacional.
En el extremo oriental de Venezuela, por la maraña de caños que conducen al gran río hasta su desembocadura, se mueven decenas de hombres armados que se identifican como antiguos combatientes de las FARC colombianas. Transitan con libertad, aseguran contar con la venia del gobierno de Caracas y controlan el tráfico fluvial de drogas, de otras mercancías ilícitas y de pasajeros. Contra el deseo de los lugareños, hoy dominan una ubicación estratégica, donde el balatá y el hierro antaño fueron promesas de una prosperidad elusiva.
No fue solo que a través de terceros adquirió un centro deportivo para que los jugadores de su equipo, el UCV-FC, tuvieran un complejo de entrenamiento de primer nivel: Alexander Granko Arteaga, el temido oficial de la contrainteligencia militar chavista, ahora está a punto de conseguir que los ejidos municipales sobre los que se levantan ‘sus’ canchas se conviertan en propiedad privada. Pero no por arte de magia, sino por la previsible conformidad de las autoridades de este cantón del sureste de Caracas.
Alcalde de Piar entre 2008 y 2013 por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
General del Ejército en situación de retiro cercano a Hugo Chávez. Fue gobernador de Bolívar entre 2004 y 2017. Sancionado por Canadá y por Estados Unidos.
Empresario del sector panadero y radial, exalcalde de Piar, exdiputado de la Asamblea Nacional, excandidato a gobernador de Bolívar y exmilitante del partido laborista La Causa Radical. Desde 2024 es preso político del régimen de Nicolás Maduro.
Exalcaldesa de Piar entre 2017 y 2025. En mayo de 2025 fue electa gobernadora del estado Bolívar con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
