Cinco países, ocho empresas y una avioneta bastaban para lavar el oro de sangre de Venezuela, pero algo salió mal en un pequeño archipiélago del Caribe. Durante casi seis meses, Armando.info rastreó facturas y transferencias bancarias, litigó por expedientes judiciales y formuló solicitudes de acceso a información en varias jurisdicciones, para reconstruir rutas del oro ilegal que las mafias de Guayana logran colar hasta Europa.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Cuatro venezolanos aterrizaron el 30 de mayo de 2019 en Gran Caimán, la mayor de las Islas Caimán, con un cargamento de oro valorado en casi cuatro millones de dólares. Declararon esa carga que llevaban en la avioneta de matrícula YV2317, pero no hicieron así con “4 paquetes [con 135.000 dólares] dentro del revestimiento de los paneles interiores del avión”, que solo una inspección de las autoridades alcanzó a descubrir.
Ese desliz bastó para que en la isla procesaran y abrieran una investigación a todas las personas a bordo. Aunque un año más tarde quedaron absueltas, el expediente de la causa judicial –obtenido ahora tras una búsqueda de casi seis meses entre archivos públicos, mecanismos de transparencia y leyes de acceso a la información en diferentes países– revela pistas, nombres y conexiones del caso con las redes que, desde hace algunos años, han venido apareciendo como involucradas en el tráfico furtivo de oro desde Venezuela.
Según señala la acusación del director del Ministerio Público de Islas Caimán, Patrick Moran, en los teléfonos de los pilotos y pasajeros de la avioneta se encontraron mensajes, conversaciones y rastros, entre ellos, una foto en el dispositivo de Daniel Aguilar Feriozzi, un joven entonces de 26 años, que se declaró inicialmente como dueño del cargamento por una herencia. En la imagen salía junto a Marco Antonio Flores Moreno, un capo del tráfico ilegal de oro en el sur del estado Bolívar.
La avioneta había salido de Venezuela el 28 de mayo de 2019 y llegó dos días después a las Islas Caimán. Así completaba un periplo que empezó en Puerto Ordaz, siguió hacia a la isla de Margarita y terminó en George Town, la ciudad principal de Gran Caimán, con escala previa en Punta Cana.
Durante los interrogatorios, los tripulantes confesaron que en ese centro turístico de República Dominicana se habían encontrado con Flores, quien “les había dado 4 bolsas de oro”. Si esa revelación no resultara suficiente, los registros del Aeropuerto Internacional Owen Roberts, próximo a George Town, permiten comprobar que Flores había aterrizado allí apenas dos semanas antes, el 16 de mayo de 2019, precisamente a bordo de la misma avioneta, pero en un vuelo anterior en el que llegaron, según los mismos registros, tres bolsas con 107 lingotes de oro doré, valorados en más dos millones de dólares.
En ambos vuelos tuvieron que rehacer las declaraciones y facturas por discrepancias entre la cantidad de oro declarado y la cantidad física presentada. Algo no cuadraba incluso para los actores. “Unas barras se cayeron del avión”, se lee en los chats telefónicos del grupo de venezolanos. Eso llamó la atención de las autoridades de Islas Caimán, que alertaron a sus homólogos metropolitanos en Gran Bretaña para que interceptaran el oro de los venezolanos que, entretanto, había seguido su ruta al aeropuerto londinense de Heathrow, con destino final en Suiza.
Ambos vuelos, apenas separados por dos semanas, eran una muestra del rol que Islas Caimán, un territorio de ultramar del Reino Unido en el mar Caribe noroccidental, iba adquiriendo como hub de distribución del oro de sangre venezolano hacia mercados internacionales.
La cadena de facturas del cargamento advierte que el oro salió de Islas Caimán con destino final a Suiza, a nombre de la empresa curazoleña Cupremeco, mediante los servicios de transporte y logística de una compañía local. Esta última, Byzantium International Ltd, debía dejar la mercancía en la ciudad de Lugano, en el cantón italoparlante suizo de Tesino, donde se encuentra la intermediaria PMS (Precious Metals Services), uno de los agentes registrados y aceptados en la lista de proveedores de la refinería Argor-Heraeus, considerada la más grande del mundo y ubicada a escasos 20 kilómetros de allí.
Lo que no relataban las facturas es que el oro había tenido origen en Venezuela. Y no era raro que no lo dijeran: según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Venezuela exporta 75 toneladas del mineral precioso al año, una cifra incluso superior a la producción brasileña (70 toneladas en 2024), pero de la que solo 20% sale del país por rutas y mecanismos lícitos. La comercialización del resto queda en manos de un tinglado de mafias opacas que han invadido el sur del país, donde se superponen la Orinoquia y la Amazonía, y se han hecho fuertes diversos grupos irregulares, incluyendo a la guerrilla colombiana. La toma de la selva guayanesa hasta ha reinstaurado prácticas de esclavitud de las que las etnias aborígenes son víctimas.
Como pocas veces se ha podido documentar, en la ruta de Islas Caimán aparece involucrado Marco Flores. Es el mismo Marco Flores que fue imputado y solicitado por la llamada Operación Hespérides de la justicia brasileña; el mismo que fue encarcelado en Venezuela, durante unos meses, por la Operación Manos de Metal y, aun con esto último, el mismo con el privilegio y los contactos suficientes para que luego, en 2022, consiguiera del régimen de Nicolás Maduro la concesión de una estación de gasolina en Santa Elena de Uairén, frontera sur del estado Bolívar de Venezuela con el estado brasileño de Roraima.
Flores no es un novato en estas lides. Ya en expedientes de la justicia brasileña, correspondientes a la causa número 0000491-85.2019.4.01.4200 que se ventilaba en el 4° Juzgado Penal Federal de Boa Vista, capital de Roraima, se le señalaba como uno de los cabecillas del contrabando binacional. También figura como directivo de USA D&D International INC, entre otras empresas de Florida. Se trata, pues, de uno de los señores del comercio ilegal de minerales preciosos en Venezuela, cuyo nombre luce en todas partes engastado en oro de sangre.
El 16 de mayo de 2019 apareció de nuevo en documentos oficiales. Entonces llegó a Islas Caimán a bordo de la misma avioneta de matrícula YV2317 junto con 107 lingotes, valorados en más de dos millones de dólares, y otros cinco individuos, entre los que destacaban Roger Rafael Rosas Ruiz, director del Centro Ítalo Venezolano de Guayana, y Wilson Jesús Aponte Marcano, “el hombre del casino”, como fue descrito en los interrogatorios en Gran Caimán, por ser bien conocido en el submundo de los juegos de azar. De hecho, la avioneta era propiedad de la empresa Airworld Corporation, una empresa registrada en Caracas, en el Registro Cuarto del Distrito Capital y Estado Miranda, a nombre de su hijo, con quien comparte nombre y apellido, Wilson Javier Aponte Gómez. Una hija de Aponte, Gabriela Aponte Gómez, firmaba además mensajes de correo electrónico a nombre de Cupremeco, la empresa de Curazao antes citada.
Por años, Aponte fue el dueño de las máquinas traganíqueles del emblemático Bingo de Las Mercedes, en el sureste de Caracas, como consta en la Comisión Nacional de Casinos, de la que también obtuvo licencias para operar salas de juego en el sur del país. Una de ellas fue el salón de juegos del Roraima Inn, un hotel de cuatro estrellas que está entre los más renombrados de Ciudad Guayana, la urbe industrial y comercial del estado Bolívar. Aponte llegó a figurar como propietario de la sala, junto a familiares como su hermano, Javier Gregorio Aponte Marcano –el único dueño en estos momentos, según los papeles–, y una prima llamada Annasilia del Carmen Feriozzi Aponte, madre de Daniel Aguilar Feriozzi, el joven de 26 años arrestado, procesado y absuelto en Islas Caimán.
Wilson Aponte ha estado al frente de varios casinos en Venezuela, entre ellos el del Hotel Roraima Inn de Puerto Ordaz. Crédito: Instagram / casinororaima_
Pero que el nombre de Marcos Flores llame la atención en esta enrevesada cadena –así como los del resto de los venezolanos involucrados– no significa que solo lleguen hasta ellos las conexiones que la causa judicial en Islas Caimán permite entrever. Los detalles del caso asoman la bisagra entre las mafias locales de Guayana con redes de tráfico global.
Al tirar del hilo, se encuentra que la empresa Cupremeco de Curazao –una antigua colonia insular neerlandesa frente a las costas de Venezuela– que envió el oro desde Islas Caimán, tiene por dueño al italiano Mario Pataro, otro viejo conocido en el mercado negro de minerales y vinculado a empresas ligadas al lavado de dinero. Junto a sus hermanos, Francesco y Luciano, Mario Pataro era accionista de Aurea Trading International y Universe Gold, dos de las empresas involucradas en la llamada Operación Unigold de 1994. Esta reunió a autoridades de Italia, Colombia y Panamá para detectar y desbaratar las sofisticadas maniobras del Cártel de Cali, que entonces contaba con un complejo esquema para cambiar cocaína por oro sin la necesidad de registrar ni transacciones bancarias ni exportaciones de minerales.
En 2016, Pataro ya había enviado oro ilegal a través de empresas de Marco Flores. Dos décadas después de ser investigado por lavado de dinero con los carteles colombianos y apenas tres años antes del caso de Islas Caimán, hay registros de que desde Curazao envió oro venezolano a Suiza.
Facturas y registros contables internos de Cupremeco, la intermediaria con sede en Curazao, muestran depósitos de al menos 45 millones de dólares entre 2017 y 2019 para firmas estadounidenses como Moonlight Investments INC, USA D&D International INC y Dazzling Eagle Holdings Limited, por cuyas juntas directivas pasó Marcos Flores, además de otros socios. Entre esas operaciones destaca un legajo de siete depósitos, obtenidos para esta investigación, que muestran que esa empresa asociada a Flores recibió, entre febrero y agosto de 2016, transferencias por más de 2,8 millones de dólares en una cuenta del Bank of America en Miami, desde una agencia del Commezbank en Lugano, Suiza, que giraba la intermediaria ya nombrada, PMS (Precious Metals Services). Todas las transferencias señalaban como motivo que se trataba de una orden de la empresa Cupremeco (“Order of Cupremeco NV - Curacao”).
Años después, la misma gente apareció en Islas Caimán con un nuevo cargamento que presentaban originalmente de la mano de una empresa dominicana llamada Inversiones Valkaria S.R.L., detrás de la que aparece una pareja de apellido Fernández, Pablo y Sabrina, con vínculos a Héctor Castellón, residente de Estados Unidos, socio en algunos negocios del italiano Mario Pataro y quien, en 2021, explicó los entretelones de este y otros botines ante una corte federal de Florida.
“Para que diferentes personas abran grandes cuentas en distintas refinerías se necesita mucho papeleo (…) Así que decidimos tomar otra ruta. Decidimos hacerlo a través de Mario [Pataro], y Mario mismo lo hace a través de otra empresa que es la que entrega a Argor en Suiza, por ejemplo”; así lo declaró Castellón ante el circuito judicial número 11 del condado de Miami-Dade, donde fue citado como testigo en el proceso de divorcio de su socio, Mario Pataro.
Lo que comenzó como una disputa por la separación de bienes y una posible compensación económica para la cónyuge de Pataro, escaló hasta convertirse en una demanda por crimen organizado, registrada como Pataro vs. Castellón (número 1:22cv20866). Con base en la Ley RICO (siglas en inglés de la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), la acción legal dio pie a la exposición de una cadena de operaciones que comprenden despachos de oro venezolano. Durante las audiencias del juicio se llegó a sugerir que estas maniobras habrían generado más de 3.000 millones de dólares en ganancias.
Así se legaliza el oro de sangre, y así terminó atascado el oro de Guayana en Reino Unido.
En junio de 2019, al apenas aterrizar en Londres el valioso cargamento de oro, las autoridades británicas lo decomisaron. Las indagaciones no tardaron en relacionar ese alijo con el narcotráfico.
“Nuestra investigación mostró que este envío estaba vinculado a cárteles de la droga que operaban desde Sudamérica, pero pudimos evitar que llegara a su destino final gracias a vínculos establecidos con socios en el extranjero”, declaró el 21 de marzo de 2023 la británica Agencia Nacional contra el Crimen (NCA por sus siglas en inglés), a través de su comandante, Andy Noyes. “Los delincuentes se sienten atraídos por el oro como una forma de mover dinero del narcotráfico debido al alto valor que contiene en cantidades relativamente pequeñas”, remató.
Desde entonces, las agencias policiales del Reino Unido se mantuvieron herméticas en torno al caso. Apenas en 2023 se supo que, tras negociar un acuerdo, obtuvieron una orden de recuperación civil por más del 80% del tesoro. “El 20% restante se devolverá a empresas con intereses financieros en el oro”, declararon en un comunicado que no especificó a quienes se refería. Aunque la NCA no respondió a una solicitud de información para esta entrega, los documentos de Islas Caimán revelan que, tras bastidores, cuatro empresas reclamaban el oro en el Tribunal Superior Londres, a través de una firma boutique de abogados llamada Preiskel & Co LLP.
Se trata de la panameña Daguiron S.A. y otras tres de Florida, como las ya mencionadas Moonlight Investments Inc, USA D&D International Inc y M&P Mining Equipment Supplies Inc, en cuyas juntas directivas destacan nombres de venezolanos como el de Mario Oswaldo Spagnolo, del que diversas versiones confirman es el suegro de Marco Flores.
Ni Flores ni Pataro atendieron varias solicitudes para contrastar su papel en esta trama. Tampoco fue posible obtener respuestas de Wilson Aponte, en Guayana, ni de Marco Briccola en Suiza, el dueño de la empresa PMS, el último eslabón que dejó el oro en la refinería. Ni siquiera de los ejecutivos de Argor-Heraeus, a quienes se pidió una entrevista para ayudar a entender cómo han recibido, lavado y fundido oro de sangre, a pesar de que en su página web se precian de contar con controles y políticas claras de transparencia, que “no toleran el apoyo directo o indirecto a grupos armados no estatales”, ni permiten “lucrarse, contribuir, asistir ni facilitar la comisión de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y de trabajo forzoso”.
El oro se funde, las responsabilidades no. Pero un rizo consiguió que fueran los mismos contrabandistas del oro venido desde Venezuela, pasando por Islas Caimán, y con un destino frustrado en Suiza, quienes terminaran reclamando el botín incautado en Reino Unido.
A Edgar Marval, uno de los 10 estadounidenses canjeados por Alex Saab, le apagaron cigarros en la espalda y le sometieron a descargas eléctricas. Más allá de las torturas, su historia abre una oportunidad inédita para trazar la ruta del oro, que conecta el contrabando de Guayana con redes internacionales que han lavado más de 3.000 millones de dólares en cargamentos que llegaron incluso hasta la suiza Argor, la refinería más grande del mundo
En Puerto Ordaz lo señalaron como contrabandista, en Boa Vista como blanqueador de capitales y en La Romana como el hombre fuerte detrás de una red de aviones que transportaban minerales clandestinos. Las aventuras de Roberto Espejo son legendarias desde los tiempos del exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y el rastro elusivo de sus negocios ayudan a armar el mapa del tráfico de oro en el Caribe.
Construyó una integración vertical del ciclo del oro ilegal, desde la extracción en reservas indígenas de la Gran Sabana hasta su transporte a Florida, donde blanqueaba y procesaba el mineral. Era una época en la que contaba con el favor de las autoridades venezolanas. Pero la suerte de Andrés Antonio Fernández Soto, ‘Toñito’, empezó a torcerse cuando debió agregar a su negocio una escala en Brasil. Ahora el traficante, que hasta herido de bala salió de una fuga de película, enfrenta un juicio en ese país y, tras más de un año con una tobillera electrónica, desde marzo reciente está de nuevo prófugo.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Los 3.718 sitios de minería y las 42 pistas clandestinas que los satélites identifican desde el espacio en la Guayana venezolana sirven a las actividades ilícitas de bandas delictivas que, extranjeras o nativas, a veces de manera confederada y otras en conflicto entre sí, imponen su ley, casi sin oposición del Estado. No todas son iguales y conocer las diferencias de sus orígenes, historias e intereses, ayuda a comprender la dinámica compleja de la soberanía que, en la práctica, ejercen en ese confín selvático del territorio venezolano. Aquí se describen.
A partir de imágenes satelitales y con la ayuda de Inteligencia Artificial, fue posible identificar 3.718 puntos de actividad minera, en su mayoría ilegal, en los estados Bolívar y Amazonas, entidades que juntas suman casi la mitad del territorio venezolano. Aledañas a esas áreas deforestadas, que en total equivalen a 40.000 campos de fútbol, a menudo se encuentran pistas clandestinas -hasta 42 se detectaron- que sirven al crimen organizado transfronterizo para despachar valiosos cargamentos de oro y drogas, como se muestra en esta primera entrega de la serie ‘Corredor Furtivo’.
Mientras Hugo Chávez se asomaba a la muerte, Nicolás Maduro, su anunciado sucesor, empezó a favorecer con contratos al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien hoy sigue siendo proveedor del Estado venezolano. El esquema previó además un bucle para beneficiar a la familia presidencial por la puerta trasera: a cambio de los pagos a través de la estatal Fundación Pro-Patria 2000 para el contratista, éste transfirió al menos 5,8 millones de dólares en presuntas coimas a una sobrina de Cilia Flores y su esposo.
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