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Este jueves 16 de febrero, se concretó la instalación de la instancia técnica que trabajará en un método de fijación del salario mínimo en Venezuela, con el objetivo de presentársela como propuesta al Ejecutivo Nacional y poder llegar a un acuerdo sobre el incremento del ingreso mensual de los trabajadores, si es posible, antes del 1 de mayo.

La secretaria general de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI), Leida Marcela León, y el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres, confirmaron a Efecto Cocuyo el primer encuentro, llevado a cabo en la sede del Instituto para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (Incret), ubicado en El Paraíso, Caracas.

La instalación de dicha instancia fue acordada de manera definitiva tras la tercera ronda del diálogo social tripartito (gobierno, empleadores y trabajadores) realizada en el estado Nueva Esparta con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en atención al Convenio 26 del organismo. También se fijó el compromiso de crear una mesa para revisar con el Ministerio Público los casos de los sindicalistas y trabajadores detenidos.

Cbst pide fijar posición sobre sanciones

El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, Campo y Pesca de Venezuela (CBST), Wills Rangel, también informó sobre su presencia en la reunión, a la que además asistieron otras centrales sindicales, empleadores y el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, en representación del gobierno nacional. El proceso, destacó el también diputado de 2020, cuenta con la facilitación de la OIT.

Tanto la Cbst como Torrealba insistieron en que si bien es necesario trabajar en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, la instancia debe asumir el debate y fijar una posición sobre el impacto de las sanciones internacionales en la economía venezolana.

«Dicha instancia es dinámica y tomará en cuenta las variables e indicadores económicos y socio laborales, incluyendo el crecimiento económico y los factores exógenos que impacten la sociedad, incluyendo la incidencia en el país de las medidas coercitivas unilaterales ilegales», señaló Rangel sobre el funcionamiento de la instancia técnica que no tendrá un calendario fijo de reuniones, pero sí aprobará un cronograma de trabajo y establecerá cómo será la toma de decisiones.

Requieren datos oficiales

En la instancia deben estar técnicos de los empleadores, trabajadores y del Estado a través del Ministerio de Planificación, de Finanzas, la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Banco Central de Venezuela (BCV). Estos organismos estatales, de acuerdo con León, deben aportar datos socioeconómicos oficiales necesarios para trabajar en la metodología de fijación del salario.

León indicó en una entrevista para el programa En Contexto, que el gobierno envió a las centrales sindicales la última consulta salarial el pasado 15 de diciembre con plazo hasta el 18 de enero. La respuesta de las centrales es que no podían presentar una propuesta sin datos oficiales sobre los ingresos actuales del Estado venezolano, también desconocen la cifra real de los trabajadores activos del sector público, los del sector privado y de los jubilados y pensionados.

Se habla de 5,5 millones de trabajadores, pero León acotó que el número no ha sido sincerado desde hace varios años y que es necesario saber a cuántos beneficiaría un aumento del salario mínimo.

«El tema de los ingresos es mucho más grave aún. No hay un presupuesto nacional claro, el que conocemos a través de los medios y las redes recorta el presupuesto de estados y municipios en 80% y estamos preocupados porque se pueden generar despidos como consecuencia de la ausencia de recursos. No nos dicen cuánto ingresa por petróleo, las grandes transacciones financieras (IGTF) y en el sector público trabajamos con base al presupuesto para reclamar», advirtió.

La dirigente sindical consideró el tema de las sanciones internacionales como una «excusa» del Ejecutivo para que nada ingrese por vía ordinaria, haya un uso discrecional de los recursos y no se den a conocer cifras de cuánto realmente son los fondos que manejan.

La opacidad, subrayó, lleva a buscar fórmulas de incremento salarial basado en el salario promedio de América Latina, desde el de los trabajadores del sector privado que ronda 160 dólares, el del obrero con cargo más bajo, el número de integrantes por familia y el costo de la canasta básica, entre otros datos.

«De allí la importancia de la instalación de la instancia técnica. La idea es construir entre todos una propuesta que permita racionalizar, de acuerdo con el presupuesto nacional, a los ingresos, una solución para los trabajadores venezolanos». dijo.

«En la mesa dialogando y en la calle protestando»

Las protestas en la calle de trabajadores del sector público, principalmente los docentes y personal de salud, así como jubilados y pensionados continúan. El 13 de febrero salieron de la avenida Panteón en el centro de Caracas con la intención de llegar al Ministerio de Educación, pero los organismos de seguridad se lo impidieron.

La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, aseguró que seguirán en la calle hasta que el Estado asuma la responsabilidad que dicta la Constitución y los dote de un salario suficiente. Actualmente el salario mínimo en Venezuela es de apenas 130 bolívares, lo que equivale a 5,33 dólares al tipo de cambio oficial del BCV. Naciones Unidas establece como indicador de pobreza extrema un ingreso mensual de 57 dólares.

«Nuestra consigna es en la mesa dialogando y en la calle protestando porque no vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde. El gobierno debe buscar los mecanismos, la mesa de diálogo (de México), la Asamblea Nacional debe buscar los recursos extraordinarios y debe resolver la situación de los trabajadores venezolanos. No podemos seguir en la pobreza en la que estamos, en la precarización y la desigualdad, no tenemos beneficios, seguridad social», señaló León.

La Central ASI propone establecer un ingreso de emergencia que consiste en una especie de bono o subsidio que complemente el salario y que abarque alimentación, salud y transporte. Además, un salario de arranque de 50% del valor de la canasta alimentaria, cercano a 200 dólares y luego ajustes trimestrales que permitan indexar los ingresos al valor de dicha canasta. Acotó que es un tema que pudiera tratarse y resolverse en la mesa de diálogo de México.

El presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la AN de 2020, Jesús Faría, señaló que las propuestas u «ofertas» salariales que se promueven desde algunos sectores son «fantasiosas e irrealizables» y buscan «alterar el orden del país».