A partir del 4 de junio las empresas venezolanas y extranjeras con domicilio en el país deberán comenzar a pagar la alícuota de 9 % para el fondo de pensiones que estableció la Ley de de Protección de Pensiones de Seguridad Social que aprobó la Asamblea Nacional de 2020 el pasado 8 de mayo.
El pasado fin de semana, un decreto presidencial fijó el porcentaje que deberán cancelar y ahora el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) hizo lo propio con la providencia administrativa, que regulará cómo y desde cuándo se debe hacer el pago.
Las empresas deben pagar según el último dígito del RIF (Registro de Información Fiscal) de los contribuyentes.
Esta tasa o «contribución especial», como lo estable la norma, implica que el sector privado debe aportar el 9 % del total de pagos de nómina (tanto por salario como bonificaciones no salariales) que tenga.
Si una empresa hace bonificaciones a sus trabajadores en una moneda diferente al bolívar deberá hacer la conversión a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para enterar el pago.
Al igual quedan obligadas a informar cada tres meses el número de personas que tienen en nómina y el Seniat tendrá la potestad de fiscalizarlas para corroborar esto y hacer que se cumpla la Ley.
Las objeciones de Fedecámaras al fondo de pensiones
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) emitió un comunicado este martes, 21 de mayo, en el que presentó sus objeciones a este nuevo fondo, en especial porque no se tomaron en cuenta sus recomendaciones de exonerar a empresas de producción básica como alimentos, salud y educación.
«La aplicación de esta contribución agrega mayor presión fiscal a las empresas venezolanas, que cumplen periódicamente con su obligación legal de pagar tributos, entre ellos IGTF, IVA, ISRL, impuestos municipales, tasas aeroportuarias, entre otras que han sufrido incrementos considerables en los últimos meses», expresaron en el texto.
También reiteraron que deben modificarse las leyes laborales y de seguridad social en el país, aunque no detallaron qué cambios proponen. En el pasado han hablado de que se suspendan de forma temporal las prestaciones sociales, entre otros.