La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) reiteró sus preocupaciones tras la aprobación de una Ley especial de pensiones que obliga a las empresas a pagar 9 % de alícuota para un fondo que se destinará a las y los pensionados del país.
En un comunicado mostraron sus posiciones sobre este instrumento legal que aprobó la Asamblea Nacional de mayoría chavista el pasado 8 de mayo.
«Reiteramos nuestra preocupación, por cuanto la aplicación de esta contribución agrega mayor presión fiscal a las empresas venezolanas, que cumplen periódicamente con su obligación legal de pagar tributos, entre ellos IGTF, IVA, ISRL, impuestos municipales, tasas aeroportuarias, entre otras que han sufrido incrementos considerables en los últimos meses. Las posibilidades financieras del sector privado son finitas», dijeron.
También expresaron que además de la exención por un año a los emprendedores, que estén inscritos en el Registro Nacional de Emprendedores, el gobierno debe permitir la exoneración de otros sectores.
Entre ellos insistieron con aquellos que consideran son prioritarios para la economía nacional, así como los de salud y educación.
«Debe contemplarse la exoneración o exención del pago de la contribución para sectores prioritarios de la economía nacional, así como para aquellas empresas que contemplen planes de jubilación para sus trabajadores. Sectores como salud y educación, por ejemplo, deberían ser sujeto de exenciones», explicaron.
Qué propone Fedecámaras tras el fondo de pensiones
Además, solicitaron que ante esta nueva carga fiscal se elimine el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), se vuelva a aplicar la declaración del IVA mensualmente, así como una revisión periódica de la remuneración de las y los trabajadores del país.
«Algunos aspectos claves de las discusiones deben enfocarse en el análisis de una
serie de reformas para promover una política fiscal racional para las empresas, con la finalidad de incentivar la reinversión, el crecimiento y el empleo».
Otras propuestas es la de reformar las leyes de seguridad social venezolanas e incluso de la legislación laboral vigente, aunque no detallan qué esperan cambiar de estos instrumentos legales.
El pasado 1 de mayo, el mandatario Nicolás Maduro anunció este fondo de pensiones aunque no ajustó el salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022. En cambio, ajustó lo que llaman «ingreso mínimo mensual» a 130 dólares, que se pagan a través de dos bonos y beneficia de forma diferenciada a los trabajadores de la administración pública.