La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó “enérgicamente” la sentencia emitida el jueves por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que avala el supuesto triunfo de Nicolás Maduro, y ha llamado a “restablecer el orden democrático y el Estado de derecho”.
La CIDH puso en duda la “validez” y la “integridad” de dicho fallo, que considera ajeno a la competencia del TSJ. En este sentido, lamentó en redes sociales que se pretenda convalidar los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin la publicación de las actas oficiales de votación.
Considera que el alto tribunal, controlado por el chavismo, aspira a “consolidar en el poder al régimen del que hace parte” y ha reclamado a la comunidad internacional que reclame el respeto de los derechos políticos de la ciudadanía venezolana.
No más persecución a la prensa
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) de la CIDH condenó también este viernes 23 de agosto las “detenciones arbitrarias” de periodistas y a la persecución sistemática de medios de comunicación en Venezuela durante el período poselectoral.
Durante las manifestaciones ciudadanas en rechazo a los resultados electorales presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Relatoría documentó un incremento en las detenciones y desapariciones forzadas de personas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
«Según el informe de la Rele, entre el 28 de julio y el 19 de agosto, se han registrado aproximadamente 1.505 detenciones, que incluyen activistas, defensores de derechos humanos, líderes opositores, testigos electorales y periodistas», afirman.
Entre los detenidos, al menos dos líderes y activistas Lgbti y 10 periodistas han sido acusados de terrorismo por cubrir manifestaciones, en procedimientos judiciales que carecen de garantías y con severas restricciones al derecho de defensa.
En el comunicado destaca el caso del periodista Roland Carreño, detenido el 2 de agosto en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Las autoridades han negado tenerlo bajo custodia y se han negado a aceptar denuncias en su favor, a pesar de que Carreño es beneficiario de una medida cautelar de la CIDH. Hasta el momento, se desconoce su paradero.
La Rele también reseñó la “Ley contra el Odio” como herramienta para criminalizar a periodistas y activistas, imputando cargos de terrorismo, instigación pública y alteración del orden público sin respeto al debido proceso.
Entre estos ataques a la prensa se incluyen allanamientos, cierre de medios, confiscación de equipos, y la censura en redes sociales, obligando incluso a varios a exiliarse por motivos de seguridad.
Bloqueo a sitios web
Alertaron a su vez sobre el bloqueo selectivo de al menos 107 sitios web, incluidos 63 medios y 9 plataformas de derechos humanos.
Documentaron campañas de propaganda oficial y militar que incluyen perfilamiento y ciberpatrullaje contra quienes critican al Gobierno en redes sociales o participan en protestas y la producción de contenidos audiovisuales que retratan a críticos como criminales, que estigmatizan a las voces disidentes como “terroristas” y “fascistas”.
También los someten al escarnio público al ser obligados a emitir mensajes de arrepentimiento frente a cámaras de organismos de inteligencia.
“La Rele condena el abuso de poder del régimen venezolano, que emplea mecanismos institucionales para silenciar y reprimir a quienes critican o disienten, especialmente en relación con el proceso electoral”, narró el comunicado.
Su llamado a la comunidad internacional, y en particular a los Estados de la región, es a que exhorten al Estado venezolano a liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión pacífica.