5 derechos que le violaron a Rocío San Miguel, según Defiende Venezuela
Se encuentra recluida en el Sebin de El Helicoide

La ONG Defiende Venezuela denunció los 5 derechos humanos que le violaron a la abogada y activista Rocío San Miguel, desde su detención el pasado 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía.

Su proceso sigue un camino irregular. Desde que la apresaron no ha tenido acceso a abogados defensores privados, sólo la puede visitar su hija y han ocurrido diversas suspensiones de una audiencia preliminar después de tres meses privada de libertad en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.

Estos son los cinco derechos humanos que le violaron a San Miguel, según la organización no gubernamental:

1. Derecho a la Libertad y Seguridad Personal

«Este derecho, consagrado en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), establece que ‘nadie será arbitrariamente detenido, preso ni desterrado’. La detención de San Miguel fue realizada sin una orden judicial adecuada y sin seguir los procedimientos legales establecidos», dijo Defiende Venezuela.

Asegura que no le dieron los motivos claros ni legítimos de detención, lo que representa una violación a garantías fundamentales.

2. Derecho a un juicio justo

Después de 100 días de detención, a la presidenta de la ONG Control Ciudadano se le mantiene sin defensa privada.

«Este proceso carente de transparencia y garantías procesales básicas infringe su derecho a la defensa y a presentar pruebas en su favor, dejando en evidencia un sistema judicial parcializado y politizado», aseguró Defiende Venezuela.

3. Derecho a la libertad de opinión y expresión

La organización recuerda las críticas abiertas de San Miguel al gobierno de Nicolás Maduro y su política militar, al ser Control Ciudadano una ONG que se dedica a temas de defensa y seguridad nacional.

«En los días previos a su detención, San Miguel había publicado varios informes y declaraciones criticando la corrupción en las fuerzas armadas y la falta de transparencia en el gobierno, lo que sugiere una represalia directa por su activismo y trabajo de denuncia», añadió Defiende Venezuela.

4.Derecho a no ser sometido a torturas ni tratos crueles

La organización afirma que las condiciones del sitio de reclusión de San Miguel no son adecuadas.

«Informes de organizaciones de derechos humanos indican que San Miguel ha sido mantenida en condiciones deplorables, sin acceso adecuado a asistencia médica y en aislamiento prolongado».

5. Derecho a la protección judicial

Defiende Venezuela denuncia que la falta de independencia del sistema judicial en este caso impide que Rocío San Miguel «obtenga una protección judicial efectiva».

El Ministerio Público la implicó en una trama de conspiración que denominó «Brazalete blanco», con el que supuestamente un grupo de militares y civiles buscaba atentar contra el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, y el mandatario Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, la señaló de que San Miguel sería el enlace de comunicaciones y con medios nacionales y extranjeros para este plan.

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