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Bajo el control del Banco Central de Venezuela (BCV) ad hoc, designado por el extinto gobierno interino, hay 147 millones de dólares a los que el gobierno de Nicolás Maduro no puede acceder debido a las sanciones que recaen en su contra.

Actores de la sociedad civil exigen que estos recursos sean usados para activar de forma inmediata el Fondo de Protección Social, acordado en la mesa de negociación de México en noviembre de 2022.

La demanda fue dirigida a los jefes de las delegaciones del gobierno y la Plataforma Unitaria, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, a través de una carta que firmaron más de 130 organizaciones miembros y aliados de la Coalición Anticorrupción y 57 activistas, en 15 estados del país, según Transparencia Internacional.

En el documento establecen los pasos que deben cumplirse para mitigar la crisis humanitaria con estos fondos:

1️⃣ El BCV debe otorgar de manera excepcional un préstamo a la República para constituir el Fondo, dedicado a la atención de las necesidades humanitarias de los venezolanos.

2️⃣ La Asamblea Nacional aprobará un crédito adicional de gasto público para la creación del fondo, con base en el préstamo excepcional otorgado por el BCV.

3️⃣ La junta administradora ad hoc del BCV deberá contar con la acreditación emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), para representar al BCV frente al Banco de la Reserva Federal.

4️⃣ La Ofac otorgará la correspondiente autorización.

5️⃣ Las partes del acuerdo firman el contrato con la ONU, previa autorización de la Asamblea Nacional, para crear el fondo con activos del BCV en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y definir los términos de la gestión, transparencia y rendición de cuentas que corresponden por ser recursos públicos venezolanos.

6️⃣ La junta administradora ordenará la transferencia desde las cuentas en el Banco de la Reserva a la cuenta operativa para el funcionamiento del fondo.

7️⃣ Creación de la comisión de seguimiento y verificación integrada por representantes de las partes previstas en el acuerdo.

El exhorto podría incluir al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien sería responsable de la administración del Fondo de Protección Social para evitar su malversación.

 “Nos dijeron (los actores políticos) que había impedimentos por un lado y por el otro, la realidad es que las organizaciones firmamos una carta que dice los pasos a seguir, nada complejos, para poder tener acceso a un primer fondo que está en la Reserva Federal (de Estados Unidos) a nombre del BCV ad hoc”, señaló Mercedes De Freitas, presidenta de Transparencia Internacional.

La experta explicó que los 147 millones de dólares “es mucho más de lo que se ha recibido este año en ayuda humanitaria, que equivale a 104 millones (de dólares)”.

“Los recursos están, existen, el dolor de cada persona que hoy no recibe el alimento que necesita o no recibe la atención en el hospital se podría suplir con ese dinero que es de los venezolanos”, cuestionó.

Acuerdo social por crisis humanitaria

Si bien Susana Raffalli, experta en seguridad alimentaria, explicó que hay una “leve mejoría” con relación al pico de gravedad registrado entre 2016 y 2017, cuando se produjo una “crisis nutricional incontestable”, la situación sigue siendo consistente con una crisis humanitaria.

“Seguimos con 4,8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y en riesgo unos 8 millones más. La desnutrición aguda, que tiene una consecuencia para el capital humano, tiene niveles de entre 9% y 12%”, precisó.

Alertó que la emergencia humanitaria se expresa en 440 mil niños con desnutrición aguda que si no se atienden están en riesgo de morir y 600 mil más que padecen desnutrición crónica.

“Que el financiamiento de la asistencia humanitaria se redujera a 14% es gravísimo, significa que de 9 millones de personas solo se atenderá a 600 mil”, sostuvo.

Agregó que el Fondo Social no puede sustituir la cooperación internacional.

El médico infectólogo Julio Castro indicó que el índice de desabastecimiento de insumos hospitalarios es de 50% en el país actualmente.

Durante su intervención, el doctor compartió su experiencia sobre una licencia Ofac que se liberó para Covax (un mecanismo para garantizar acceso equitativo global a las vacunas contra el Covid-19) y no fue usada para tal fin. «El fondo uno se adjudicó para compras de equipos de diagnósitico de Covid-19 y costó poco más de 4 millones de dólares, se hizo un acuerdo sobre dónde debían ser distribuídos y, al final, alguien del Ministerio de Salud decidió mandarlos a otro sitio y nunca hubo una respuesta clara de cómo se usaron; en mi opinión, esos fondos se perdieron», advirtió.

El caso fue expuesto por el médico con el objetivo de hacer ver los problemas asociados a la auditabilidad y transparencia que deben evitarse para garantizar que la ayuda llegue a la población más vulnerables.

Janet Márquez, directora de Cáritas Venezuela, pidió la instalación de una “mesa social por Venezuela” que permita tener varias estrategias, una de ellas el Plan de respuesta Humanitaria de Ocha (Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), y la otra el Fondo de Protección Social.

“Si hay un dinero protegido, de los venezolanos, no puede ser posible que los venezolanos estén pasando por tantas necesidades. Si es necesario sentarnos y que participemos diferentes actores para que la desconfianza se elimine y podamos tener un plan único para que se responda por ese fondo, desde Cáritas estamos dispuestos a participar, la sociedad civil tiene músculo”, afirmó.

Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, criticó que la ejecución del Fondo de Protección Social esté sujeta a los avances en el conflicto político e instó a hacer un llamado al secretario general de la ONU ante la inoperancia de este instrumento que, subrayó, debe ser implementado urgentemente. 

«El camino de la acción humanitaria debe aislarse del tema político. Otro tema es el de la corrupción, es gravísimo que quede invisibilizado y quede sin sanciones. La interlocución debe ocurrir con el escrutinio, con los mecanismos internacionales y la sociedad civil nacional», dijo.