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El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 309 ataques e incidentes de seguridad hacia personas defensoras de derechos humanos en Venezuela durante los primeros seis meses de 2023, lo que representa un incremento del 44% en comparación con el mismo período del año pasado. 

«Entre enero y junio de 2023 se documentó cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, acompañando a las víctimas de la emergencia humanitaria compleja que persiste en el país y respondiendo a la crisis de derechos humanos», afirmó el CDJ este 25 de julio. 

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La organización agregó que la situación refleja la continuidad de una política de criminalización, en el marco de la profundización del cierre del espacio cívico y democrático en el territorio nacional.

«Se acentuaron las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones», señaló en su reporte. 

Estigmatización e intimidación en Venezuela

De acuerdo con el CDJ, del total de ataques, 191 fueron casos de estigmatización, 70 de intimidación y hostigamiento, 35 amenazas, cuatro detenciones arbitrarias, tres ataques digitales y dos judicializaciones. 

La ONG denunció que los defensores son tachados de enemigos que buscan desestabilizar la nación y que en Venezuela se han empleado medidas para obstaculizar su labor, como el uso del derecho penal con calificaciones relacionadas a terrorismo y delincuencia organizada para criminalizar, judicializar y atemorizar.

«El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso, restrictivo y hostil. Persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos», expresó la organización no gubernamental. 

El grupo recordó también que en el primer semestre del año se desarrollaron dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático: el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

«Dichas normas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. Ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación», aseguró el CDJ. 

De cara al 2024

La organización alertó el aumento de la persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derechos laborales. 

Finalmente, el CDJ insistió en que el Estado venezolano debe detener los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas, con el fin de construir un entorno propicio y seguro para la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

«Ante los próximos eventos electorales, el Estado debe tomar todos los correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno, libre y seguro. El trabajo de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país, es esencial para responder a la crisis, promover los valores democráticos y proteger dignidad humana de los venezolanos», apuntó.