Un colapso nervioso, que le causó daños cerebrales, es parte de las consecuencias de la detención de Lauriannys Valentina Cedeño Farías, de 17 años de edad, tras ser detenida el 14 de agosto por enviar un mensaje de WhatsApp en contra de los resultados del proceso del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El hecho ocurrió en Carúpano, estado Sucre, cuando un grupo de funcionarios entró a su casa y se la llevó. Trascendió que la adolescente había reenviado en un grupo una información en rechazo al gobierno y una integrante de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) de su comunidad, la delató ante los cuerpos de seguridad.
Desde la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertaron que, mientras la joven estaba en un centro de salud, fue procesada judicialmente sin derecho a la defensa, por el delito de instigación al odio y le dictaron privativa de libertad.
La directora de JEP, Rosa Orozco, pidió a quienes hoy tienen en sus manos la vida de los más de 100 jóvenes detenidos desde el 29 de julio, que piensen que ellos son el futuro de Venezuela.
“Es inmensamente doloroso perder un hijo que no podemos recuperar, pero más doloroso es ver a un hijo detrás de las rejas que nunca ha debido estar allí, criminalizado y aislado de su familia. Ni esos jóvenes, ni nosotros, ni ninguna madre venezolana merecemos esto. Esto es un dolor implacable que sale de nuestras entrañas frente a un proceder que simplemente es incalificable.
Incluso en los estándares del derecho penal, emociones como la compasión resultan esenciales para reflejar la forma en la que una sociedad se ocupa de las víctimas”.
Hizo un llamado a activar con urgencia un verdadero diálogo que frene, en primer término, el maltrato y el sufrimiento que padecen estos jóvenes y sus familias, para que sobre ellos se aplique un sistema de intervención correcto que atienda sus necesidades y derechos humanos como víctimas, así como sus garantías al debido proceso.
Desde el Foro Penal registran un total de 107 adolescentes detenidos en el contexto de eventos postelección del 28 de julio. La mayoría de ellos fueron procesados por el tribunal de terrorismo.
