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La organización Amnistía Internacional (AI), en una acción urgente, pidió este lunes 23 de mayo que Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, retire la demanda por difamación contra el padre jesuita Alfredo Infante y el coordinador de accesibilidad de Provea, Marino Alvarado. También invitó a otras ONG a pronunciarse al respecto. 

«El gobernador debe cesar de inmediato este ataque contra Marino Alvarado y Alfredo Infante, retirando la demanda y garantizando un ambiente de trabajo seguro para las personas defensoras de derechos humanos», señaló AI en un comunicado en su página oficial. 

Lacava demandó a ambos venezolanos durante la tercera semana de mayo, luego de que se publicara el informe anual del programa «Lupa por la vida», que se encarga de documentar las ejecuciones extrajudiciales que cometen cuerpos de seguridad, civiles y militares, en diferentes estados de Venezuela.

En la presentación de la investigación, el 14 de marzo de 2022, Alvarado e Infante aseguraron que Carabobo es la entidad con uno de los mayores números de asesinados (221) y solicitaron al gobernador que se investigaran estas muertes. 

1/2 #AvanceIPYSve | @AmnistiaOnline emite una Acción Urgente dirigida a Rafael Lacava, gobernador de #Carabobo, para exhortarlo a retirar la demanda por difamación contra los defensores de DDHH @marinoalvarado, de @_Provea, y el padre Alfredo Infante del @centrogumilla. #23May https://t.co/AiFluQZ9so

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) May 23, 2022

Amnistía Internacional rechazó las acciones de Lacava y pidió a defensores de derechos humanos en el país a hacer sus propios llamamientos. En su sitio web publicó un modelo de carta para que otros también exhorten al gobernador a terminar con la solicitud judicial. 

«Las personas defensoras de derechos humanos deben ser protegidas, no agredidas, especialmente cuando enfrentan valientemente amenazas a su integridad, trabajo y vida por exponer graves violaciones de derechos humanos y exigir los más altos estándares de justicia para las víctimas», apuntó la organización. 

Un Estado en contra de los defensores de DD.HH

AI señaló que la demanda de Rafael Lacava no es un hecho aislado, puesto que desde 2021 la sociedad civil en Venezuela ha venido denunciando represión continua contra activistas y organizaciones no gubernamentales. Recordó también la detención prolongada de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien sigue encarcelado desde el 2 de julio de 2021. 

Provea y el padre Infante instan a Lacava a conciliar para investigar ejecuciones extrajudiciales  

«El gobierno de Nicolás Maduro ha hostigado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las y los venezolanos en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos que ha llevado a más de 6.1 millones de personas a huir del país en busca de seguridad y protección en el exterior».

Amnistía Internacional

Por su parte, tanto Infante como Alvarado aseguraron   el 19 de mayo que no se mantendrán en silencio ante cualquier amenaza de instituciones estatales o figuras políticas contra la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Finalmente instaron a Tarek William Saab, fiscal general del país, a investigar las ejecuciones extrajudiciales que sumaron unas 1.414 en 2021.