La Central de Trabajadores ASI Venezuela denunció que desde instituciones del Estado comenzaron despedidos injustificados, renuncias forzadas y jubilaciones de oficio por razones políticas.
En un comunicado que hicieron público este martes, 20 de agosto, explicaron que tienen denuncias por este tipo de prácticas después de que se realizaron los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó el triunfo de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática desconoce, al contar con actas de votación en las que afirman ganó su abanderado, Edmundo González Urrutia.
«Hemos recibido denuncias de la existencia en el país de una serie de prácticas antisindicales y antilaborales de parte de representantes de instituciones públicas; es decir, de patronos del sector público y de algunos del sector privado».
Agregaron que estas medidas son contrarias a los convenios internacionales, la Constitución de 1999, vigente en Venezuela, y las demás leyes laborales con las que cuenta el país.
Se trata de acciones contra «trabajadores y dirigentes sindicales», entre las que mencionaron jubilaciones de oficio, despidos sin justa causa o por expresar posiciones políticas, que se realizan «sin procedimiento previo y sin derecho a la defensa. «(Hay) renuncias forzadas, intimidación y acoso, entre otras violaciones«, recordó ASI Venezuela.
ASI Venezuela pide cese de la persecución laboral
Demandaron que el Estado venezolano cese de inmediato la persecución por razones políticas, así como las amenazas, hostigamiento y otras formas de agresión contra trabajadores, dirigentes sindicales y las organizaciones que defienden sus derechos.
«Solicitamos que se garantice el respeto al derecho al trabajo, la estabilidad e inamovilidad laboral, así como el derecho a tener una relación laboral libre de acoso y de violencia».
También exigieron el inicio de investigaciones contra los funcionarios públicos que están al frente o ejecutan este tipo de violaciones a las garantías laborales en las instituciones del Estado.
Esto por «su presunta responsabilidad civil, penal y administrativa por hechos que vulneran los derechos humanos, la libertad sindical y las libertades civiles de trabajadores y dirigentes sindicales».