En un ambiente cargado de incertidumbre, la reciente elección presidencial en Venezuela desencadenó una serie de despidos en instituciones públicas, apuntando a una persecución política hacia aquellos que no ocultaron su desacuerdo con los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
A través de relatos de personas afectadas, se evidencia un patrón de represalias hacia aquellos que han expresado su apoyo a figuras de la oposición como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, o simplemente manifestaron su descontento con el actual gobierno a través de redes sociales.
Una trabajadora de una reconocida empresa privada con operaciones en casi todos los estados del país se encontraba en un dilema antes de las elecciones. Aunque la empresa depende de los permisos y avales del Estado para operar no pudo callar sus convicciones.
«En las reuniones, mis jefes repetían que, si la oposición ganaba, la empresa cerraría y miles quedaríamos sin empleo», relataba a sus familiares y amigos antes de votar.
Movida por su indignación tras el resultado electoral, compartió en sus historias de Instagram y estados de WhatsApp su descontento. Para su sorpresa, aun estando de vacaciones, fue despedida. Sus superiores vieron sus publicaciones y no dudaron en tomar represalias.
El control en las instituciones públicas
La gobernación de Lara no fue la excepción. «Deben comenzar a crear grupos en Telegram y eliminar los de WhatsApp», fue la directiva impartida a los trabajadores. Esta medida, en consonancia con la petición del mandatario Nicolás Maduro de eliminar WhatsApp, pretendía centralizar el control de la comunicación interna.
En una de las dependencias, los administradores enfrentaron dificultades técnicas para migrar a Telegram. Al tercer día sin cumplir la orden, fueron despedidos. Para ellos, la tecnología se convirtió en un arma de doble filo, donde la falta de conocimiento técnico selló su destino laboral.
Castigos disfrazados de traslados
En Zulia, el Ministerio de Salud implementó medidas punitivas más sutiles. Varios trabajadores, activos en las protestas y en redes sociales contra el resultado electoral, fueron castigados con traslados a centros alejados de sus residencias. “El mensaje era claro: cualquier forma de disidencia sería sancionada”, expresó uno de los afectados.
La prensa tampoco ha estado exenta de estas medidas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció que, entre el 1 y 2 de agosto, 40 trabajadores de Venezolana de Televisión (VTV) fueron despedidos por haber dado «me gusta» a publicaciones de María Corina Machado o haber escrito «fraude» en sus estados de WhatsApp.
También reciben denuncias de personal de Radio Nacional de Venezuela (RNV), acciones que la institución calificó como «despidos ilegales» porque se hace por razones políticas.
El Sindicato exigió, en varios post en su cuenta de la red social X, que las Inspectorías del Trabajo y hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) actuaran en la restitución de las garantías laborales de quienes son víctimas de estas medidas.
Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales como Provea continúan recibiendo denuncias de despidos por razones políticas. En los próximos días, se espera que presenten estadísticas más completas sobre esta situación que afecta a trabajadores en todo el país.