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Recientemente, la organización Human Rights Watch (HRW) señaló que la reanudación de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela abre la esperanza de una medida de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro.

 Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, en entrevista con Luz Mely Reyes en su espacio #ConLaLuz, indicó que ahora la CPI debe evaluar si se cumplen efectivamente los requisitos para poder avanzar propiamente con un juicio y, con Venezuela como firmante del estatuto de Roma, el oficialismo debe entender que como Estado está sometido a la competencia del órgano de justicia mundial.

“Las autoridades venezolanas tienen la obligación legal de cooperar con la CPI”, dijo Goebertus. “Otros países miembros de la CPI, particularmente en América Latina, deberían hacer todo lo posible a través de su propia diplomacia para garantizar que el gobierno de Maduro cumpla con esta obligación”, dijo Goebertus.

La especialista en defensa de derechos humanos agregó que, aunque hay dudas sobre la estrategia de acercamiento positivo de la CPI hacia el gobierno de Maduro, esto está dando frutos positivos en materia de acceso a la justicia.

«Poder imaginarse un proceso positivo en donde se dé un resultado para crear un mecanismo de rendición de cuentas abriría todo un escenario de transición hacia la democracia», añadió.

Goebertus agregó que las recientes reformas adoptadas por las autoridades venezolanas en el seno del Consejo Nacional Electoral o las medidas tomadas por la Contraloría de la República sobre dirigentes opositores, no reflejan un esfuerzo genuino por revertir el grave daño a la independencia judicial y por investigar las violaciones a los derechos humanos.

“Las posibilidades de elecciones libres y justas en Venezuela ya pendían de un hilo, y esta medida puede hacerlas casi imposibles”, dijo sobre ello.

Para la directiva de HRW, solo la negociación despejaría el camino para la continuidad de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela. Abogó por el camino institucional para lograr todos esos objetivos.

«Nadie suelta el poder si no hay suficiente presión, especialmente la internacional. No son procesos que pasan de un día para otro. Nosotros como institución estamos en la obligación de ayudar a ejercer esa presión», expresó también.