El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se pronunció este jueves, 11 de abril, en contra del proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras Expresiones Similares que aprobó en primera discusión la Asamblea Nacional de mayoría chavista, el pasado 2 de abril.
A través de un comunicado, la directiva nacional del CNP alertó sobre este instrumento legal, que a su juicio constituyen «un torniquete definitivo a algunos derechos esenciales para la sociedad garantizados en la Constitución de 1999 y los pactos internacionales suscritos por el Estado venezolano como lo son la libertad de expresión, de pensamiento, de asociación, de cátedra y de disenso, todos ellos característicos de la democracia participativa, tal como lo establece nuestra carta magna», dijeron.
Llamaron a las y los periodistas a informar sobre los alcances negativos que constituiría la aprobación de la Ley antifascismo, en especial porque este proyecto contraviene la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela, vigente desde el año 1994.
Recordaron que los comunicadores sociales tienen la obligación de pronunciarse en contra de acciones o decisiones que contraríen los principios de la libertad de expresión y el derecho a la información, así como promover la participación de las diferentes formas de pensamiento en los medios de comunicación social.
Ley contra la libertad de expresión, periodistas y medios
Advirtieron que la ley quiere «alinear a los periodistas y medios de comunicación en un pensamiento único, lo que contraviene la esencia misma de la Constitución nacional y nuestra Ley del Ejercicio del Periodismo».
El CNP dijo que confunde términos como conservadurismo moral, supremacismo racial y en especial les preocupa que se cree una «alta comisión», designada por el gobierno nacional para interpretar qué expresiones son fascistas.
«El pretendido instrumento normativo regularía no solo la acción, sino especialmente la expresión y la omisión, lo que lleva a pensar que no solo tener un discurso que esa comisión considera fascista sino también callar sería un delito».
Recordaron otras leyes como la Ley contra el odio, el anteproyecto de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y la misma Ley Resorteme (De Respoonsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos) que constituyen un paso atrás en la libre expresión de ideas.
«La ambigüedad y la imprecisión, sumadas a la discrecionalidad a la hora de la acusación, las penas desmedidas y la persecución del que han sido objeto algunos colegas por el ejercicio de nuestra profesión, han resultado en la negación al venezolano de conocer todos los hechos y opiniones como base para tomar decisiones informadas, justamente una de las condiciones para juzgar si una sociedad vive en democracia o en un régimen totalitario y, por ende, fascista», dijeron.
Lea aquí el comunicado completo: