Un grupo de integrantes de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer (Lgbtiq+) manifestaron este viernes frente a la sede del Ministerio Público en Caracas, para exigir justicia en el caso de las 33 personas detenidas de Carabobo la pasada semana.
Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano Lgbtq+, señaló que una de las principales exigencias que hace la comunidad es el sobreseimiento de la causa, nulidad y fin del proceso judicial que se lleva a cabo contra esos ciudadanos detenidos de forma arbitraria en un local privado de la ciudad de Valencia.
El defensor de los derechos de la comunidad Lgbtiq+ explicó que, de ejecutarse y de hacerse las imputaciones y la acusación, formalmente estarían en un proceso de criminalización de la homosexualidad en Venezuela.
“Estamos exigiendo hoy ante el Ministerio Público que sea se hagan las investigaciones contra estos funcionarios que ejecutaron el allanamiento ilegal y la detención arbitraria de las 33 personas, pero también que la Defensoría del Pueblo actúe ante lo que está sucediendo, hay un silencio y el silencio es cómplice”, dijo el activista la tarde de este viernes 28 de julio.
Velásquez denunció el agravamiento y el escalamiento de una política de persecución por parte del Estado contra integrantes de la comunidad. “Sabemos que no es solo persecución contra las personas Lgbtiq+, sino contra las libertades de toda la población”, enfatizó.
El activista añadió que a los 33 detenidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el pasado 23 de julio se les violaron los derechos y que lo ocurrido es un precedente de un proceso de discriminación y persecución a las personas por su orientación sexual.
“No hay razones suficientes para imputar ningún delito, no hay ninguna prueba, no hay ninguna constancia que permita a la Fiscalía imputar los delitos que pidió a la jueza imputar”, dijo.
Velásquez informó que desde el año 2021 funcionarios policiales han allanado cinco lugares de esparcimiento de la comunidad Lgbtiq en el país: dos en Caracas, uno en Maracaibo, uno en Mérida y el realizado el pasado 23 de julio en Valencia.
Agenda antiderechos
El activista por los derechos Lgbtiq+ agregó que hay una agenda antiderecho que está siendo financiada por las instituciones del Estado y que atenta contra de la vida, la dignidad y de la salud mental de los miembros de la comunidad.
“Nos preocupa enormemente que esto sea consecuencia de las alianzas que están estableciendo los principales voceros de las instituciones del Estado con grupos antiderechos, porque más allá de su fe, más allá de la creencia que tengas, son grupos que se oponen a los derechos y a la dignidad de las personas por nuestra orientación sexual e identidad de género”, expresó.
El activista indicó que lo ocurrido se asemeja a lo que sucede en Uganda, Rusia y Guinea Ecuatorial.
Violación de los derechos sexuales
La abogada, educadora y activista Richelle Briceño indicó que es importante hacerle saber a las y los ciudadanos que lo ocurrido en Valencia tiene un impacto social en el ideal colectivo del país, ya que se le dijo a los ciudadanos que puede ser detenido y procesado por ejercer su derecho a la libertad sexual.
Destacó que con lo ocurrido en Carabobo no solo están en peligro las personas de la comunidad, sino cualquier persona que ejerza sus derechos y libertades sexuales en espacios privados y públicos.
“Es importante que lo manejemos en todos los espacios, lo que pasó en Valencia es homofobia de Estado”, reiteró.
Briceño señaló que desde la detención de los 33 hombres en Carabobo, el proceso, la actuación de los fiscales y la actuación del juez fueron actos de homofobias por parte del Estado.
“Los hechos no se circunscriben a ningún tipo penal que se encuentra en nuestro Código Penal Venezolano, ni ultraje al pudor, ni agavillamiento y mucho menos contaminación sónica, que fueron los tres delitos que se le imputan, ahora hablemos de delito, delitos cometieron entonces la fiscal y la juez que se asociaron para imputar delitos que no existen en esos hechos, al igual que los funcionarios policiales”, dijo.
Medios de comunicación y el escarnio público
La abogada aseguró que los medios de comunicación que publicaron las identidades e incluso las condiciones de salud de los detenidos sometieron al escarnio público a las víctimas.
“El delito no está en esta acera, el delito está en la otra acera, es decir, dentro de las instituciones del Estado y dentro de los medios de comunicación que actuaron como si estuviéramos en los años 80 y 90”, agregó.
Briceño informó que a las 2 de la tarde de este viernes ella y un activista por los derechos Lgbtiq+ se reunieron con un representante de la Fiscalía, ya que Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta ANC, no se encuentra en el país.