La Arquidiócesis de Caracas aprobó recientemente un protocolo integral para la «prevención, detección y atención de casos de abuso sexual, de poder y de conciencia dentro de la comunidad» que busca garantizar ambientes seguros para niños, niñas y adolescentes.
El documento establece lineamientos para abordar los casos y crear espacios de protección de jóvenes en las parroquias de la iglesia católica en el país, indicó la arquidiócesis en una nota de prensa publicada en su web oficial.
«Asimismo, el protocolo define un procedimiento para la prevención, orientaciones pastorales, recepción de denuncias, investigación de casos de abuso y la atención a las víctimas, garantizando el respeto a sus derechos y dignidad. Este procedimiento contempla la colaboración con las autoridades civiles competentes en caso de que así se requiera», asegura la institución.
El documento, llamado «Protocolo para la promoción de la cultura de buen trato prevención de abusos contra niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables y su código de actuación», cuenta con 31 páginas, tiene fecha del 20 de mayo de 2024 y fue firmado por el arzobispo metropolitano, Baltazar Porras.
El protocolo es aprobado un año y once meses después de la publicación de un reportaje en el diario estadounidense The Washington Post, el 21 de junio de 2022, en el que se reveló que algunos sacerdotes acusados de abusar de niños y adolescentes seguían ejerciendo sus funciones en los templos católicos en Venezuela.
El trabajo, de la periodista Ana Vanessa Herrero, levantó una oleada de críticas y denuncias ante la inacción de la iglesia y organizaciones de defensores de la infancia, como Cecodap, exigieron que se llevaran a cabo investigaciones inmediatas.
Qué establece el protocolo
A través del protocolo, disponible en formato pdf al público, la arquidiócesis reconoce que la protección de los niños y niñas dentro de la iglesia «es responsabilidad de todo el cuerpo eclesial».
La nueva normativa suscribe además las obligaciones y responsabilidades de los clérigos, religiosos «y todo agente de pastoral adulto que trabaja o ejercen un servicio específico en las instituciones eclesiales» y define acciones de prevención o corrección, lo que incluye la evaluación psicológica de los clérigos, la promoción de programas de concientización y la conformación de una Comisión Diocesana de Prevención y una Comisión de Salud Psicológica.
Además, el texto indica que cada sacerdote y miembro de la iglesia deberá firmar un documento, que será conservado en el archivo arquidiocesano, en el que manifieste estar consciente de que el abuso sexual es un delito según la legislación vigente y «una falta grave contra el compromiso pastoral»:
«…y que, si hay noticia verosímil de un presunto abuso sexual a un menor,
está obligado a presentar la denuncia ante cualquier órgano policial o consejo de protección de niños, niñas y adolescentes del Municipio donde ocurrió el delito. Que si comete cualquier acto de abusos de menores lo hace engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, y es responsable personalmente del delito cometido», señala el texto.
Las denuncias por abuso a la iglesia
El nuevo protocolo de la iglesia también incluye un código de conducta con una serie de reglas para el trato con niños, niñas o adolescentes.
“Está prescrito, desde el Vaticano y cada una de las diócesis y parroquias de tener un protocolo, un documento que indica lo que usted puede, en un momento dado, poner una denuncia por abuso de poder, abuso sexual o por abuso de conciencia, por cualquier razón que usted se sienta con plena libertad de poder hacerlo”, dijo el cardenal Baltazar Porras en vídeo, sobre el tema.
Los casos y denuncias de abuso sexual a menores han sido calificados por el papa Francisco, principal autoridad de la iglesia católica, como un «problema global» que debe abordarse.
Venezuela no es la excepción, el 26 de julio de 2023 se anunció la expulsión de sacerdote Enrique “Kike” Antonio Alaña Morillo, señalado de haber cometido presuntos actos de abuso sexual. El 18 de noviembre del mismo año un tribunal del estado Mérida solicitó la captura de un sacerdote mexicano, Juan Huerta Ibarra, por abusar de varios adolescentes durante su misión en el país en 2001.
La denuncia del último caso, realizada por el abogado y víctima José Leonardo Araujo, fue desestimada inicialmente por el Arzobispado de Mérida en 2018, por lo que este tuvo que acudir a los tribunales de Mérida, en Roma, Estados Unidos y México, lugares en los que había estado Huerta, hasta conseguir que el caso se abriera.