El anuncio del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, sobre la decisión de aprobar este martes, 21 de mayo, la Ley para controlar las ONG en el país reitera los riesgos que corren las organizaciones no gubernamentales con un instrumento legal de esta naturaleza.
En enero de este año, Amnistía Internacional le pidió al presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, no continuar con la discusión ni la aprobación del proyecto “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.
La norma de 17 artículos y dos disposiciones transitorias le da un control casi que absoluto al Ejecutivo nacional sobre las actividades de las ONG. Esto va desde listas de sus miembros hasta pasar por la fiscalización de recursos y hasta informar sobre las personas que reciben beneficios.
«El incumplimiento de los requisitos de registro podría dar lugar al cierre de organizaciones de la sociedad civil y posibles procesos penales. El 24 de enero de 2023, el proyecto de ley fue sometido a primera discusión y votación en la Asamblea Nacional».
Recordaron que se aprobó en primera discusión y «el proyecto de ley continuará su tramitación legislativa a menos que las autoridades detengan su tratamiento», recordó Amnistía Internacional a principios de año.
Qué derechos están en riesgo para las ONG en Venezuela
Entre los derechos que están en riesgo para las ONG en Venezuela se encuentran los de asociación, participación, entre otros, y pondría en duda la asistencia en materia de derechos humanos y asistencia humanitaria que cumplen la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil.
Para Amnistía este proyecto «es otro intento de restringir y controlar a la sociedad civil en Venezuela. La ley impondría controles estrictos que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus bienes, listas de donantes, y registro de movimientos financieros».
Además, se limita el funcionamiento de estas organizaciones. El artículo 7 establece que el «único fin” de las ONG sería «la satisfacción de las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas u otras, que estén fijadas en sus estatutos.
Más allá de estos sectores, las organizaciones deben pedir un permiso y recibir o no la autorización del «organismo competente». A esta instancia deben rendir cuentas periódicamente, informar si tienen financiamiento del exterior, así como se autoriza la creación de un registro nacional de ONG en el país.
Qué tendrán prohibido las ONG
Otros riesgos son las restricciones que impone en uno de sus artículos al prohibirle a las ONG actividades políticas, recibir aportes de organizaciones con fines políticos, «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República y cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana».
La Misión Internacional Independiente sobre Venezuela de la ONU dijo en enero de 2023 que «el proyecto de ley se enmarca en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico, a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas, así como limitaciones al libre funcionamiento de organizaciones y medios de comunicación independientes».