El coordinador de Provea, Oscar Murillo, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro quiere asfixiar el poco espacio democrático que se mantiene en el país, tras el anuncio del diputado y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, sobre la aprobación de la ley para controlar a las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.
«Un gobierno, que se ha quedado sin respuestas a la crisis que afecta a millones de personas, sigue en su afán de silenciar o eliminar las expresiones de la sociedad civil para asfixiar las libertades de expresión y asociación en el país», dijo este lunes, 20 de mayo, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Cabello, quien es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y preside la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de 2020, aseguró que el Parlamento sancionará el instrumento legal, pese a los llamados de ONG nacionales e internacionales de no hacerlo.
La Ley de Fiscalización y Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines se aprobó en primera discusión en la Asamblea de mayoría chavista el 24 de enero de 2023 y en enero de este año se anunció el inicio de la discusión pública del instrumento legal.
El número dos del chavismo, como lo hizo en enero de 2023 al presentar la ley en el Parlamento, insistió este lunes en señalar a la ONG de recibir financiamiento del extranjero «para desestabilizar» al país y específicamente al gobierno de Maduro.
Qué dice Murillo de la Ley contra ONG
Murillo reiteró que esta ley continúa con «los intentos por controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida nacional definen la vocación autoritaria del gobierno en Venezuela».
Al asumir la coordinación general del Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alertó que el proyecto legal quiere perseguir a las organizaciones no gubernamentales.
En entrevista con Efecto Cocuyo, en enero pasado, aseguró que “esta ley viene a legalizar un proceso de persecución a las ONG venezolanas, puede ser considerado un crimen en el que la Corte Penal Internacional (CPI) tendría competencia porque va directamente a la persecución de las organizaciones y de los activistas y defensores que forman parte de estas organizaciones”.
La Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela alertó el año pasado de los riesgos que hay sobre el espacio cívico al aprobarse la Ley.
“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”, dijo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en enero de 2023.
Advirtió entonces que el articulado le da un control excesivo al Ejecutivo sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil venezolana.