Un tribunal con competencia en delitos asociados al terrorismo dictó privativa de libertad contra el estudiante John Álvarez, quien pertenece a la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
A Álvarez lo detuvieron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el pasado 30 de agosto, pero estuvo en desaparición forzosa lo trasladaron el viernes 1 de septiembre al Palacio de Justicia de Caracas, donde difirieron su audiencia de presentación para este 4 de septiembre.
El abogado defensor Joel García informó que la audiencia culminó a las 9:00 de la noche. Al joven, según el jurista, lo relacionan con los seis sindicalistas condenados a 16 años de cárcel el pasado mes de agosto.
“A esta hora 9:00 pm, estamos saliendo de la audiencia de presentación del estudiante John Álvarez a quien le fue dictada medida privativa de libertad, por cuanto lo relacionan con los 6 dirigentes sindicales condenados”, escribió García en la red social X, antes conocida como Twitter.
La ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) cuestionó esta decisión.
“John Álvarez es víctima de un patrón de persecución y hostigamiento contra estudiantes, dirigentes sindicales, políticos y ONG por parte del Estado Venezolano, vulnerando así los #DDHH y cerrando aún más el espacio cívico”, postearon en X.
Al conocerse la decisión de la privativa de libertad reiteraron su denuncia sobre “el aumento de la persecución en Venezuela”.
Este domingo 3 de septiembre, las autoridades rectorales de la UCV se pronunciaron por las medidas contra Álvarez al expresar su preocupación por el caso.
“Las circunstancias que rodean el hecho distan de estar claras y no existe información oficial acerca de la participación del Ministerio Público y la eventual presentación del Br. Álvarez Peña ante el Tribunal de Control, si es que se le imputa algún delito, 10 que ha debido hacerse antes del vencimiento del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a su detención”, manifestaron en un comunicado.
Qué pasa con los trabajadores en Venezuela
Este año, de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) han sido detenidos 21 trabajadores, según cifras manejadas por Provea. A la fecha, según la ONG suman 3.512 trabajadores “víctimas de amenazas y hostigamiento a menos de funcionarios del Estado” desde hace varios años.
Entre ellos se encuentran Leonardo Azócar y Daniel Romero, a quienes apresaron durante la madrugada del 11 de junio cuando funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) los detuvieron por ser parte de los líderes de una protesta en la planta de pellas de esta empresa básica de Guayana, en el estado Bolívar.
Aún siguen presos, mientras que a un grupo de compañeros, que también participaban en las manifestaciones por mejoras salariales, un tribunal de Bolívar les prohibió manifestar, los censuró y les prohibió declarar a los medios sobre las exigencias laborales.
Además, al enfermero José Cádiz lo detuvieron el 21 de agosto cuando iba a su vivienda. Se lo llevaron funcionarios de la PNB, que un día después de la denuncia sobre su desaparición forzada, lo liberaron en horas de la noche en la vía pública, cerca del estado universitario de Caracas.
Las ONG Amnistía Internacional y el Foro Penal denunciaron la semana anterior que las detenciones arbitrarias continúan siendo una herramienta de control y represión en Venezuela y exigió al gobierno de Nicolás Maduro la liberación inmediata de nueve presos políticos.