El año pasado se registraron 524 ataques a defensores de Derechos Humanos en Venezuela, lo que representa un incremento del 32 % comparado con 2022, denunció el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) este 24 de enero.
La organización publicó un informe en el que asegura que 2023 se caracterizó por la profundización de la política de criminalización y el aumento de las acciones represivas hacia las ONG y sus activistas.
“Durante el periodo aumentaron las vulneraciones los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos. Fue un año de amenazas, hostigamiento, intimidación y el uso de la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar a la sociedad civil en Venezuela”, establece el documento.
El texto también señala que el Estado venezolano se mantuvo sin cumplir sus obligaciones internacionales y que, además, criminalizó las acciones de incidencia, interacción y cooperación con mecanismos externos.
“En un contexto electoral aumentan las restricciones al espacio cívico y democrático y se incrementan la criminalización, la represión y el control social”, puntualizó el CDJ.
Qué tipo de ataques se registraron
La organización reportó 298 casos de estigmatización, 133 de intimidación y hostigamiento, 67 amenazas, 10 ataques digitales, ocho judicializaciones, cuatro detenciones arbitrarias y cuatro casos que corresponden a otros incidentes de seguridad.
“La estigmatización se mantiene como la principal modalidad de ataque. Aparados en la tesis del Enemigo Interno, se emiten y difunden campañas de desprestigio, discursos descalificatorios llamados a la violencia, señalamientos de “enemigos”, “traidores”, “agentes desestabilizadores”, “intervencionistas”, entre otros”, apuntó el CDJ.
Entre los responsables de los ataques se encuentran funcionarios públicos (223 casos), medios de comunicación estatales y sus cuentas en redes sociales (109), personas o agrupaciones simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro o afiliadas a este (93), instituciones públicas o entes gubernamentales (75) y, finalmente, organismos de seguridad (24).
Un cerco a la sociedad civil
El CDJ reiteró que las labores defensa, exigencia y promoción de derechos son esenciales para el respeto a la dignidad humana y el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Agregó que las autoridades venezolanas transgreden sus obligaciones internacionales al criminalizar a las ONG.
Organizaciones nacionales e internacionales ya han mostrado preocupación por los esfuerzos continuos del gobierno de Maduro para reanudar y avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines en el país.
El 19 de enero de 2024 Amnistía Internacional alertó sobre el grave riesgo que corren las ONG de Venezuela debido a la discusión de la ley regulatoria.
Desde 2023, defensores de derechos humanos han denunciado que el Estado venezolano obstaculiza cada vez más la labor de la sociedad civil. De hecho, en septiembre del año pasado la presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas, indicó que la represión en la nación se intensifica de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y que Miraflores no parece dispuesto a corregir errores del pasado.
“Insistimos en la necesidad de emplear las medidas necesarias para revertir que el entorno para la defensa y exigencia de derechos siga siendo adverso y hostil; y seguir las recomendaciones y estándares internacionales para reducir los riesgos para quienes desarrollan estas acciones”, culminó el CDJ sobre el tema.
Informe completo aquí