El hacinamiento y el retardo procesal han sido dos de los grandes problemas que enfrenta el sistema carcelario venezolano. Los centros de detención preventiva son los más afectados por esta problemática.
Desde hace más de seis años, organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas presas como Una Ventana a la Libertad (UVL) han alertado sobre las condiciones de reclusión a las que son sometidas estas personas, en lugares donde lo máximo que podrían permanecer son 48 horas.
Carlos Nieto Palma, coordinador general de UVL, ha denunciado esta situación reiteradas veces.
“Hay que construir nuevos centros penitenciarios, en las cárceles no cabe más gente y en los centros de detención preventiva tampoco”, dijo el defensor de derechos humanos a Efecto Cocuyo.
Sugiere que se puede tomar el ejemplo de El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele construyó una prisión para 4.000 personas en un tiempo de seis meses.
“Si no construimos nuevos espacios donde podamos meter a toda esta gente por más que tratemos de solucionar el problema, siempre va a estar ahí”, agregó.
Motines y fugas en calabozos
Desde el pasado 14 de julio se han registrado al menos cinco hechos irregulares en calabozos policiales del país. En la mayoría de esos eventos, los reclusos se amotinaron para pedir traslados a cárceles debido al hacinamiento y las condiciones de reclusión de los centros de detención.
El primero se generó en el Centro de Coordinación Policial (CCP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el municipio Los Guayos, estado Carabobo, mientras que el 17 de julio lo hicieron los detenidos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Morita, estado Aragua.
El pasado 20 de julio, se reportó la fuga de 13 privados de libertad del Centro Penitenciario Agroproductivo 26 de Marzo en Guanare, capital del estado Portuguesa; mientras que el pasado 24 de julio se fugaron siete reclusos del calabozo de la PNB en Boleíta, dos días después los privados de libertad de este centro de detención se amotinaron por la suspensión de visitas.
“Los privados de libertad viven en condiciones infrahumanas en estos sitios. Los centros de detención preventiva son espacios donde los reclusos no deberían estar por lapsos no mayores de 48 horas, pero en Venezuela se han convertido en las nuevas cárceles”, dijo Nieto Palma.
El informe de UVL del año pasado señala que en los centros de detención preventiva en el país hay un hacinamiento de 334,55 %.
Los detenidos en los centros de detención están expuestos a diversas enfermedades como la tuberculosis, otras enfermedades respiratorias, de la piel y VIH, esto debido a los altos niveles de hacinamiento que hay en estos recintos.
Más de 1.000 centros de detención
UVL manejaba que en el país había aproximadamente 500 centros de detención preventiva, pero el pasado domingo 30 de julio, la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Ontiveros, indicó a través de su cuenta en la red social Instagram que en el país hay más de 1.000 calabozos policiales.
“Durante tres días, este despliegue se ha mantenido en atención a los privados y privadas de libertad; adolescente y jóvenes adultos en conflicto con la ley penal; que se encuentran en más de mil Centros de Detención Preventiva perteneciente a la PNB, Cicpc, GNB, policías estatales y municipales del territorio nacional”, escribió la ministra de cárceles en su cuenta de Instagram.
Nieto Palma señala que con esta nueva información oficial se duplicó el número de calabozos policiales que la ONG tenía registrado. “Son más de mil y bueno y el problema sigue, el problema no se ha solucionado”, señala.
El defensor indicó que con el cambio de ministra del servicio carcelario ha habido, por lo menos, más atención a los centros de detención preventiva, cosa que no ocurría durante la gestiones de Iris Varela y Mirelys Contreras.
“Decían que ellos no tenían responsabilidad sobre los centros de detención preventiva cuando sí tienen total responsabilidad, porque según dicen las leyes a ellos les corresponde velar por todos los privados de libertad en Venezuela. Sigue habiendo un gran retardo procesal, en estos sitios las condiciones siguen siendo alarmantes”, reiteró el coordinador de UVL.
El fracaso de los 60 días
En junio de 2021, el gobernante Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión especial para “la revolución judicial” en Venezuela, que encabezaron Diosdado Cabello como presidente y Cilia Flores como vicepresidenta.
La primera tarea de este grupo, en el que también participaba la vicepresidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como secretaria ejecutiva Lourdes Suárez Anderson, era resolver el hacinamiento en los centros de detención preventiva en el país, en un plazo de 60 días, pero eso no ocurrió.
“La Comisión aún sigue en su trabajo pero no lo termina de concluir porque la situación es grave”, explica.
Recientemente el Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta ANC y Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia sostuvieron una reunión para abordar el problema que han generado los centros de detención preventiva.,
El pasado 20 de julio, Saab anunció la puesta en marcha de otro plan para reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales de todo el país.
La Fiscalía, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se comprometieron “a convertir los centros preventivos” en “casas de paz”, de modo que puedan celebrarse en esos calabozos las audiencias de juicio para combatir el retardo procesal que mantiene a miles de detenidos durante años en estos lugares, originalmente concebidos para 48 horas de detención.
“Con la presencia de un fiscal del Ministerio Público y del juez competente, ya como una orden institucional estructural, avanzar en lo que implica la agilización de los procesos penales”, explicó Saab al término de una reunión junto a Ceballos.
“Eso ya lo hemos oído muchísimas veces de parte de él, de la ministra para el Servicio Penitenciario, de Ceballos. Muestran interés en el tema, pero no le vemos la acción y esto es una de las causales para que estallen motines y protestas dentro de los calabozos policiales”, afirmó Nieto Palma.