El Estado venezolano sigue sin invertir suficiente dinero para atender las solicitudes de las universidades públicas del país, denunció recientemente la Alianza Todos por la Educación de Gritemos con brío.
Para el sector universitario la asignación de 2024 es de Bs. 18.999.812.110 o 533.402.922,8 dólares, lo que representa el 2,60% del presupuesto nacional, recordó la organización.
“Durante la Memoria y Cuentas celebrada a principios de enero de 2024 se hicieron evidentes las prioridades del gobierno nacional. En el área de educación se asignó 10,25% del presupuesto nacional. Sobre esta cifra se explica que el Ministerio de Educación recibirá Bs 74.850.576.938, lo que corresponde a unos 2.101.363.755 USD”, reportó la Alianza en una nota de prensa.
José Luis Teixeira, miembro de Gritemos con brío, criticó que al menos 77% del presupuesto nacional va dirigido a las áreas de desarrollo social y participación, lo que “podría referirse al cumplimiento de los objetivos del Partido Socialista Unido de Venezuela”.
La falta de inversión del gobierno de Nicolás Maduro en la educación superior ha sido denunciada en años anteriores por diferentes casas de estudio públicas y autónomas, que en su mayoría sufren crisis por el déficit, porque no cuentan con comedores operativos o eficientes, registran altos números de deserción docente y estudiantil y no tienen servicios de transporte o salud activos.
Las consecuencias son múltiples, pero una de las más preocupantes es que muchos de los estudiantes que quedan inscritos se están desvinculando de la vida académica. “La universidad se ha transformado en una máquina expendedora de títulos”, apuntó Teixeira.
Qué pasa en las universidades
La Alianza reportó el caso de la Universidad de Carabobo, donde el vicerrector administrativo, Jose Angel Ferreira, denunció que hubo una disminución del 29% del presupuesto asignado: un total de 837.240.314 bolívares.
Sobre el tema, Ferreira denunció que el Estado adeuda 2.137.042,58 dólares por concepto de gastos de funcionamiento y providencias estudiantiles y por el incumplimiento de la Ley de Presupuesto de los años 2021, 2022 y 2023.
“En la Universidad de Los Andes, algo similar ocurrió. Su proyecto presupuestario es de 4.300 millones de bolívares para el 2024. Pero solo les fue aprobado 763 millones de bolívares. El Consejo Universitario ulandino explicó que dicha cifra representa solo el 17% del presupuesto total”, indicó la Alianza.
Agregó que, de esa cantidad, 85% se va en el pago de nómina y el resto en funcionamiento del campus.
Se necesitan políticas eficientes
En medio de esta crisis, las universidades se han visto en el deber de aceptar la intervención gubernamental, denunció la Alianza:
“Esta se refleja en la Misión Universidad Bella, con la que ya se ha intervenido a la UCV y a la UC. Esto ha generado críticas porque para un importante sector es un debilitamiento de la autonomía universitaria. Ya que no se le da el dinero a estas instituciones sino que es el Estado quien administra el dinero y cómo lo va a usar dentro de las instalaciones académicas”, publicó.
Destacó que el proyecto recibió la suma de Bs 632 millones (alrededor de 17 millones de dólares).
José Bolaños, director de la Unidad de Investigación de Gritemos con Brío, señaló que hay una serie de preguntas sin responder en estas medidas gubernamentales: “¿Cómo se proyectan estas asignaciones presupuestarias en el largo plazo? ¿Están alineadas con una visión sostenible de desarrollo que asegure la continuidad y mejora de los servicios y derechos a futuro?”.
Mínima inversión en el sector educativo
Bolaños también explicó que la disminución en el presupuesto destinado a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede) sugiere “posibles limitaciones en la mejora de infraestructuras educativas, y la ausencia de aumentos salariales significativos para los educadores”.
En el caso de la Fede, esta recibirá Bs 4.526 millones, de los cuales Bs 3.500 millones se destinarán a la construcción, reparación y adecuación de 2.379 escuelas. Sin embargo, el monto en dólares es menor al asignado para 2023, cuando se contemplaban 1.395 escuelas, compara Bolaños.
“El llamado es a considerar la educación no solo como un derecho fundamental, sino también como una inversión a largo plazo en el capital humano del país. La calidad de la educación, desde la infraestructura escolar hasta la formación docente, debe ser un foco de atención crucial para asegurar que cada bolívar invertido se traduzca en oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo personal y profesional para los jóvenes”, puntualizó el investigador.
Hasta ahora no hay planes eficientes de parte del Estado para rescatar al sector educativo ni para atender las solicitudes de los gremios, quienes continúan protestando y acudiendo a instancias internacionales para presentar sus reclamos.