Miembros del equipo de la defensa de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, denunciaron que 10 días después de su detención y posterior imputación, aún le impiden asistirla jurídicamente.
“Se agotan los lapsos para ejercer el recurso de apelación y para solicitar diligencias de investigación a fin de desvirtuar la imputación fiscal“, posteó en su cuenta de la red social X el abogado Joel García, quien reiteró las irregularidades en torno al arresto, privación de libertad y los cargos de los que acusan a la presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Imputación a la familia de San Miguel
San Miguel fue apresada cuando pretendía salir de Venezuela el pasado 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía. Posteriormente las autoridades también encarcelaron a su hija Miranda Díaz San Miguel; al papá de la joven, Víctor Díaz; a dos hermanos de la defensora de DDHH, Miguel y Alberto San Miguel, y la expareja de la abogada, Alejandro González de Canales.
Tanto la activista como González quedaron privados de libertad con diferentes cargos, que según la Fiscalía los implica en un supuesto plan para conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, que denominan “brazalete blanco”.
A los familiares de San Miguel los dejaron en libertad con medidas cautelares como prohibición de salida del país, declarar a los medios de comunicación y presentarse cada ocho días en tribunales.
Desde que hubo la presentación en tribunales el lunes 12 de febrero, García viene denunciando que han ido al tribunal contra el terrorismo que lleva la causa, pero no les han permitido asumir la defensa de San Miguel, que tiene un abogado público.
El fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, negó que su caso sea una desaparición forzada al asegurar que se trataba “de una campaña” para denostar del sistema de justicia venezolano.