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En Venezuela se produjeron 3.900 protestas entre enero y mayo de este año, lo que arroja un promedio de 26 manifestaciones callejeras cada día, según registros publicados este miércoles por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

El coordinador general de esa organización no gubernamental, Marco Ponce, explicó -durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI)- que el 86 % de los reclamos «tiene que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales«, lo que constituye «el epicentro de la conflictividad social» del país.

Detalló que, del total de protestas, 2.863 estuvieron motivadas por la exigencia de derechos laborales, especialmente para denunciar el bajo nivel del salario mínimo, un monto fijado por el Ejecutivo que equivale a unos cinco dólares mensuales.

Trabajadores, pensionados y jubilados al frente

Asimismo, los pensionados y jubilados, que también reciben cinco dólares al mes, protagonizaron 557 manifestaciones en las que exigieron mejores ingresos y denunciaron que el dinero no les alcanza para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la compra de medicamentos.

Además, en los primeros cinco meses del año, la ONG documentó 340 protestas relacionadas con el mal estado de los servicios, lo que incluyó reclamos por fallos eléctricos o la falta de agua potable, suministros que dependen exclusivamente del Estado.

Ponce señaló que las protestas, siempre de «carácter pacífico», han tenido lugar en Caracas y en los 23 estados del país.

Solo en mayo, la OVCS contabilizó 602 manifestaciones callejeras, la mayoría impulsadas por organizaciones de trabajadores públicos.

«Las protestas laborales representan el 66% del total del mes y, en promedio fueron 13 diarias», dijo la ONG en su balance sobre las manifestaciones que ocurrieron el mes pasado.

En ellas, que fueron un total de 398, hubo la participación de docentes en al menos 273 protestas. Los acompañaron personal administrativo y obreros de las diferentes instancias de la educación en el país.

«Las precarias condiciones laborales y salariales del sector de salud pública han hecho que se mantenga la migración de profesionales de la enfermería», además de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, en el estado Bolívar al sur del país.