Defensores de derechos humanos en Latinoamérica presentaron este 11 de abril de forma virtual la campaña Está pasando de nuevo, una iniciativa de varias organizaciones no gubernamentales que busca denunciar la situación actual de los presos políticos en países con sistemas represivos de la región, específicamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
«Para algunas personas la persecución, la represión, el encarcelamiento sin juicio y la tortura hacia quienes piensan diferente son solo un recuerdo oscuro de las dictaduras del siglo pasado, pero en Cuba, Nicaragua y Venezuela hay hoy miles de ciudadanos, incluyendo menores de edad, que enfrentan esta violenta e injusta realidad», expresó Wilfredo Miranda, periodista exiliado de Nicaragua y moderador de la presentación.
De acuerdo con los datos de la campaña, hasta finales de febrero de 2024 se estimaba que había 1.067 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses encarcelados por causas políticas. El objetivo del proyecto es «apelar a la solidaridad de las democracias que pueden prestar apoyo para que haya mayor presión internacional».
«Estamos hablando de Chile, de Colombia, Argentina, Costa Rica, España. Hay una serie países que son claves en la región para defender los derechos humanos. Esta campaña apela a estas democracias para que hagan un esfuerzo, porque además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que vemos un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia de ello», expresó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Venezuela, una puerta giratoria
Miranda recordó que, en el caso de los presos políticos en Venezuela, el sistema constituye una especie de «puerta giratoria», en el que encarcelan y liberan personas de forma continua en un contexto de hostigamiento y persecución a los críticos del gobierno de Nicolás Maduro.
«Para nosotros es importante que aquellos países cuyas democracias son más sólidas puedan visibilizar la situación que vivimos. (…) Le hacemos este llamado para que esta campaña pueda tener éxito», añadió Victor Navarro, director ejecutivo de Voces de la Memoria y ex preso político de Venezuela, que en 2018 fue recluido en El Helicoide, hoy residente en Argentina.
Yaritzha Mairena, activista y exiliada nicaragüense, explicó que los países con sistemas represivos usualmente repiten patrones de persecución a líderes políticos o personas percibidas como opositoras del gobierno.
«Como ha pasado en Nicaragua y Venezuela y en otros países como Bolivia, donde se criminaliza por el hecho de participar en política, no solo en la sociedad civil», dijo.
Navarro reiteró que la campaña busca también dimensionar lo que está ocurriendo a nivel regional y alzar la voz por todas las víctimas de encarcelamientos por motivos políticos cuyos casos registran graves arbitrariedades.
«Lo peor que le puede pasar a los presos políticos en estos países es que los olviden», apuntó el venezolano.
Narran torturas en Nicaragua
Este jueves Mairena narró las formas de tortura más comunes en los regímenes autoritarios, entre las que se cuentan golpizas o la violencia sexual.
«El día a día de un preso político torturado es un día a día de sufrimiento, no solo para él sino para toda su familia. Estamos hablando de tortura física y tortura psicológica (…) Entre las formas de tortura física podemos mencionar golpizas, el amarrar a las personas, ponerlas en lugares insalubres, llenos de agua, el hacinamiento, brindar comida en mal estado, arrancar las uñas y los dientes», dijo Mairena.
Estos testimonios también se repiten en Cuba, de donde proviene el abogado y también exiliado Alain Espinoza:
«Las prisiones en Cuba son catedrales del mal y lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política de el gobierno que hay en Cuba desde 1959, no es un hecho aislado o nuevo. Tuvimos la desgracia de ver cómo instauraron este tipo de procederes en la conocida prisión Isla de Pinos», apuntó Espinoza.
Denuncian el cierre del espacio cívico
Alexandra Salazar, nicaragüense y coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), recordó que en Cuba, Nicaragua y Venezuela se han cerrado progresivamente los espacios cívicos y que los defensores actúan de forma muy limitada en consecuencia.
«Se han venido cerrando los espacios de denuncia y por lo tanto en la comunidad internacional a visibilizar lo que está sucediendo en estos países. Hay una baja sobre estas denuncias y esto abre puertas a que los regímenes a que aparenten normalidad, pero lo que está sucediendo es que no se está visibilizando», explicó Salazar.
Navarro explicó que uno de los grupos más importantes a los que está dirigido la campaña es a los jóvenes:
«Hemos tenido reuniones con grupos universitarios y les estaremos brindando material para poder seguir alzando la voz sobre lo que está ocurriendo», dijo. Destacó el poder que tienen las redes sociales en la defensa de los DDHH.
Finalmente, mencionaron sus posiciones sobre las sanciones a los gobiernos autoritarios o investigados por crímenes graves contra la población:
«Es importante que se mantengan las sanciones, que se amplíe el número de sanciones a todos estos Estados que violan los derechos humanos. Yo escuchaba la intervención que tuvo mi colega de Venezuela y creo que se vincula mucho el tema de las sanciones junto con la visibilidad que el hablaba, realmente aumenta el costo político en estos Estados y hace realmente que tengan que ir modificando los patrones represivos», dijo Espinoza.
Larrondo estuvo de acuerdo y comentó que las sanciones deben ser multilaterales, debido a que las unilaterales no tienen «un efecto real» y tampoco cuentan con el consenso internacional.
«Necesitamos que haya una mayor solidaridad para que se encuentren medidas multinacionales que presionen a los represores, para que el costo político sea muy superior al actual», puntualizó Larrondo.