Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) volvieron a protestar durante la tercera semana de junio contra el aumento de aranceles que se ha venido denunciando desde hace dos meses. Aseguran que se trata de medidas arbitrarias que no toman en cuenta la situación socioeconómica de los alumnos.
El pasado miércoles 19 de junio, un grupo de jóvenes de distintas escuelas se reunió frente a la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para exigir el cese del «cobro ilegal de aranceles». Recordaron que la UCV es una institución pública y que los decanos no consultaron con la comunidad estudiantil para fijar los costos.
«No hemos tenido respuesta de las autoridades. Estamos protestando porque quieren hacer esto sin tomar en cuenta a los estudiantes, hay algunos que ni siquiera saben del alza. Es necesario que se haga un estudio socio económico de toda la universidad, no nos estamos negando a pagarlos, sino que realmente se sinceren», dijo Cristofer Betancourt, representante estudiantil y cursante de la carrera Idiomas Modernos, a Efecto Cocuyo el 20 de junio.
No es la primera protesta organizada por jóvenes ucevistas este mes. El 4 de junio un grupo de alumnos exigió, frente al decanato de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces), que se «sinceraran los costos» por concepto de inscripciones y certificaciones.
En ese entonces, el decano Luis Angarita se comprometió a escucharlos sobre el tema. El 5 de junio, el profesor aseguró a Efecto Cocuyo que «el 80 % de los estudiantes entiende la necesidad de aranceles y la mayoría quiere debatir los montos de los trámites administrativos».
Para el 25 de junio el asunto aún no se ha discutido en Consejo Universitario, aseguró Dilan Estrada, vocero de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y estudiante de Derecho.
Estudiantes respondieron encuesta
Estrada recordó que el aumento de los aranceles en la UCV es una medida que se ha discutido desde hace siete meses, según las palabras del decano Angarita, y se ha venido anunciando desde hace dos meses.
Informó también que, tras el revuelo causado por los montos fijados, la FCU decidió «establecer una ruta de trabajo» y realizó una encuesta a 2.500 estudiantes, cuyos resultados arrojaron que la mayoría está dispuesta a pagar aranceles, pero no está de acuerdo con los montos estipulados.
«Desde la FCU dividimos el problema en dos: un problema de forma y otro de fondo. En siete meses no hubo ningún tipo de consulta a ningún sector de la representación estudiantil. No puede existir ninguna propuesta de aumento arancelario que no incluya la participación de los estudiantes, porque al final el cobro va dirigido a ellos», dijo Estrada a Efecto Cocuyo.
Agregó que ya existe un reglamento sobre aranceles que data de los años 80, que fue actualizado por última vez en 2020 y contiene una tabla de aranceles en unidades tributarias (Reglamento de Pagos por Servicios Administrativos de la Universidad Central de Venezuela).
«Existe un conflicto jurídico entre ambas cosas. Ellos tienen que reformar el reglamento que ya existe. La propuesta que ellos llevan a cabo es una de montos máximos. Es decir, estipula lo máximo que deben cobrar por cada trámite. El problema aquí es que la propuesta que ellos tienen contradice un reglamento vigente y por lo tanto vulnera una normativa de la universidad», explicó Estrada.
Hay que discutir los montos
La representación de la FCU insiste en que la discusión de montos por trámites administrativos debe darse en torno a tres puntos importantes: el monto, una política de exoneración y la garantía de transparencia.
«Sobre el primer punto, debe haber un debate amplio y participativo donde los estudiantes definan qué es lo que están dispuestos a pagar. Hay montos que tienen que ser revisados a profundidad y muchos de ellos disminuidos», dijo Estrada.
De acuerdo con la encuesta realizada por la Federación, más del 60 % de los estudiantes semestrales está a favor de que se cobre la inscripción del semestre en 10 dólares.
«Pero casi que todo el estudiantado está en contra de que los Veranos se cobren en 40 dólares. Por más que sea un beneficio, es un monto muy alto y que puede ser ajustado. En cada Consejo de Facultad debe darse esa discusión respecto a sus montos específicos, en la que participen los Centros de Estudiantes. Es importante que esto no solo se discuta en Consejo Universitario, porque cada facultad tiene una realidad totalmente distinta a la otra», explicó el representante estudiantil.
Respecto a la política de exoneración, indicó que esta debe estar dirigida hacia aquellos estudiantes que no puedan costear los aranceles. Actualmente, la casa de estudios cuenta con un aproximado de 25 mil estudiantes activos y no hay cifras oficiales del estatus socioeconómico de estos jóvenes.
«También tenemos que entender que hay estudiantes en condiciones vulnerables a los que les cuesta mucho mantenerse en la universidad para que además sean obligados a pagar aranceles que no pueden costear de su bolsillo. La exoneración nos garantiza evitar la deserción estudiantil por no poder pagar aranceles», dijo Estrada.
Sobre el abandono de las aulas por falta de recursos para trasladarse o seguir estudiando, el 17 de mayo de 2024, Amalio Belmonte, sociólogo, exsecretario y exvicerrector administrativo de la UCV aseguró en entrevista a Unión Radio que el número de alumnos ha disminuido un 40 % debido a que muchas familias no cuentan con el dinero suficiente para que los jóvenes terminen una carrera universitaria.
Si a esto se le suman costos altos de aranceles, el problema podría agravarse. La FCU asegura estar «negada» a que se registre un escenario de este tipo en la Universidad Central.
Exigen transparencia de recursos
Finalmente, los estudiantes solicitan la transparencia de los recursos que ingresan a las facultades por concepto de trámites administrativos.
«Más del 60 % de los ucevistas que participaron en la encuesta afirman no confiar en el manejo de los recursos. Es decir, no confiar en que la facultad maneje sus recursos con transparencia», apuntó Estrada.
Indicó que debe haber políticas «abiertas y participativas» en las 11 facultades que componen la UCV que permitan que los estudiantes puedan hacer contraloría constante del manejo de los ingresos.
«Los estudiantes tienen que ver cómo su pago se transforma en mejoras y beneficios para su facultad», puntualizó Estrada.
El aumento de aranceles es una medida tomada por los decanos de la Universidad Central de Venezuela, electos a mediados de 2023, para «mejorar la calidad de los servicios» y hacer frente al déficit presupuestario que sufre la casa de estudios desde hace más de una década.
En febrero de 2024, la Alianza Todos por la Educación de Gritemos con Brío denunció que la asignación del Estado venezolano para el sector universitario es de Bs. 18.999.812.110 o 533.402.922,8 dólares, lo que representa el 2,60% de todo el presupuesto nacional.
«La universidad hoy por hoy debe repensarse a sí misma y encontrar nuevos mecanismos para para financiarse y auto gestionarse con recursos propios. Ahí entran los aranceles. Entendemos que los estudiantes deben aportar un monto justo a la institución, pero también se debe entender que el bolsillo del estudiante no es el único mecanismo que la UCV puede utilizar para paliar la asfixia presupuestaria», dijo Estrada.