Desde el pasado jueves 8 de agosto, los familiares del activista Edward Ocariz, recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta (zona 7), no saben de él. Ese día, pudieron recibir del militante un mensaje, con el que afirmaba «Estoy chévere; dentro de lo que cabe».
En comunicación telefónica con Efecto Cocuyo, una de sus hermanas, Mileidi Ocariz, explica que le han dado varias versiones de dónde está; pues le informaron que sería trasladado a un penal del estado Lara o a la cárcel de Tocuyito, donde hace una semana dijo Nicolás Maduro que enviaría a todos los que sean detenidos en el marco de las protestas por los resultados de las elecciones del 28 de julio.
«Pudimos visitar a mi hermano ese jueves, pasé con él hasta mediodía y le llevé comida. Me informaron ese día que no había traslados. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en la tardecita, como a las ocho de la noche, me dejan dos mensajes de números diferentes informándome que mi hermano se lo habían trasladado. Uno que se la habían llevado a la Fénix (estado Lara) y otro me dijo que había sido para Tocuyito, en el estado Carabobo. Me pongo en contacto con el papá de otro muchacho que estaba con él, y me dice que a él le dieron que para Tocuyito», indicó.
Agrega la hermana del integrante del Comité de Derechos Humanos de la parroquia Coche, que luego de ello se comunicó con la defensora pública que le asignaron, pero ella nunca apareció. Seguían los rumores del traslado, sacaron un listado y no recibió más información de su hermano.
«De ahí, no he tenido más información, no sé absolutamente nada. Ya ha pasado eso desde el jueves, en la noche; en la tarde; ha pasado viernes, ha pasado sábado, hoy domingo», dijo la señora Ocariz.
Indicó que este lunes piensa asistir hasta la oficina de la defensora pública para que le amplíe la información sobre su hermano; sobre cómo van a quedar los cargos y si le van a permitir o no la defensa privada.
«Los cargos que le están imputando a él son tres: escándalo en la vía pública, terrorismo, que se lo están aplicando a todo el mundo; le están aplicando terrorismo e incitación al odio. Total que mañana me dirijo yo a conversar con ella para que me amplíe información, y me diga cuándo puedo ir a visitarlo; de allí, esperar al martes, y que pienso viajar hasta allá, a Tocuyito, para ver si está allá realmente, para conocer el camino, para preguntar, averiguar si me dan información de los días de visita, qué le puedo llevar, qué no le puedo llevar, o sea, cosas así, enterarme de todo», añadió.
Sostiene Mileidi que sigue sin entender por qupe le están imputando a su hermano el cargo de incitación al odio y terrorismo, cuando él es un activista de los derechos humanos.
«Él es un activista de los derechos humanos. Él pertenece a la parroquia Coche, donde lo que hace es ayudar, cooperar. Y de hecho, fíjate tú, que es tanto así, que él reunía personas y reunían así, hacían comida, e iban y le llevaban a los presos en el Helicoide. A él lo conocieron porque él le llevaba alimento a los presos del políticos», explicó.
Avanzan trabajos en Tocuyito
Cientos de obreros se encuentran desplegados al interior y exterior de la cárcel de Tocuyito, trabajando y moviendo maquinarias a toda marcha para cumplir con la orden de dejar en óptimas condiciones el recinto penitenciario; con la finalidad de recibir a los detenidos durante las protestas, según nota del diario El Carabobeño.
El equipo reporteril de este medio informativo explicó que no pudo evidenciar la llegada de detenidos ni la presencia de familiares en los exteriores. «Hasta el momento lo que se pudo observar es el acondicionamiento de la entrada y el pabellón inicial, que ya se encuentra pintado de blanco y gris. En el resto de los pabellones, los obreros trabajan en el frisado».
Según lo afirmado por Nicolás Maduro, existen hasta la fecha 2.400 personas detenidas en todo el país, a quienes calificó de “terroristas” y trasladarán a las cárceles de Tocorón y Tocuyito, en los estados Aragua y Carabobo.
Del total de 2.400 arrestos reportados por el Ejecutivo, la ONG Foro Penal -que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país- ha verificado 1.305, entre ellos 117 adolescentes, 172 mujeres, 14 indígenas y 16 personas con alguna discapacidad.