El gobierno de Nicolás Maduro retomó la anulación de pasaportes a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, en medio de la crisis política que enfrenta Venezuela tras la realización de la elección presidencial.
De acuerdo con el activista venezolano Carlos Correa, quien dirige la organización no gubernamental Espacio Público, se han documentado al menos 16 casos de periodistas y defensores de derechos humanos con pasaportes anulados desde el pasado 29 de julio.
«Estamos frente a una violación de los derechos ciudadanos, que atenta contra el libre desplazamiento, la libre movilidad y vulnera el derecho a la identidad, contemplado en la Constitución Nacional», explica Correa, quien rechaza esta medida.
Correa destaca que cada uno de los casos que han registrado tienen características propias, por lo que es difícil determinar un patrón de acción o respuesta. «Porque no sólo hablamos de anulación de un pasaporte, sino de detenciones o imputaciones por delitos que se desconocen», resalta Correa y agrega que esta acción ha generado mucho miedo entre periodistas y defensores de derechos humanos.
Fuentes relacionadas con las oficinas del Saime en el aeropuerto de Maiquetía indican que la anulación del pasaporte venezolano «no es una decisión que se toma desde oficinas regionales, sino de quien tiene la decisión de entrar al sistema», refieren.
«En el caso de Maiquetía, cuando se verifica en migración es que te das cuenta de la medida de anulación del pasaporte en sistema. La persona puede solicitar la anulación si va a solicitar un pasaporte nuevo antes del tiempo de vencimiento. El Saime también puede hacerlo a solicitud de un organismo judicial, cuando se le dicta prohibición de salida del país a una persona en específico. Por estos días no se sabe», señala la fuente, que no quiere ser identificado por temor a posibles represalias.
La anulación de pasaportes ha sido una medida arbitraria que ha usado en el pasado la administración de Nicolás Maduro. Entre 2016 y 2019, a políticos, artistas y defensores de derechos humanos que levantaron voces críticas en contra del Gobierno les suspendieron el documento y la gran mayoría no pudo tomar vuelos desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. En este momento, la acción ha recobrado protagonismo después del pasado 28 de julio, cuando se cumplió en Venezuela, la elección presidencial.
Alarmas encendidas
Tanto activistas como dirigentes políticos han comentado off the record que están preocupados por la situación de los últimos días. «Me anularon el pasaporte. Vencía en 2032. Lo confirmé al entrar a la página del Saime (Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería). Allí está en rojo: Anulado. Por ahora no pienso solicitar otro, ni viajar. Sería un riesgo innecesario», cuenta una activista de derechos humanos y docente universitaria.
La persona señala que casos como las detenciones de la abogada y directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Aura Janesky Lehmann, y de la docente y activista humanitaria, Edni López, han encendido alarmas en el sector académico y de activismo social. «A ambas las detienen en el aeropuerto de Maiquetía. A ambas les señalan irregularidades con su pasaporte, para luego ser detenidas. Es preocupante».
En el caso del activista de Derechos Humanos Yendri Velásquez, a quien detuvieron en el aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a salir del país, para participar en la 113ª sesión del Comité de la Organización de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Ginebra, el pasaporte también se lo anularon. Después de seis horas, a Velásquez lo dejaron en libertad.
«Esta anulación del pasaporte y detención de Yendri impidió que presentara un informe importante ante el comité, pero además impactó negativamente en otras organizaciones, que desistieron de viajar o de hacer presentaciones virtuales, por temor a posibles acciones en su contra», explica Carlos Correa.