Son muchos los cambios que ha sufrido el ordenamiento jurídico en Venezuela en los últimos 17 años. Modificaciones dirigidas hacia el control ciudadano y que crearon un Estado que sea totalmente diferente al establecido en la Constitución, según alertó el abogado Gustavo Manzo.
Se trata de una realidad que al constitucionalista le causa mucha preocupación, al ser cambios que parten de una una concepción por parte del gobierno de mantener un control sobre la población.
“No quiere un ciudadano que tenga espacios para moverse en un ámbito de absoluta libertad o de o de mayor libertad; al contrario, quiere que el ciudadano se comporte según el Estado así lo desee”.
Manzo reiteró que estas acciones son contrarias a la Constitución porque en ella no se establece en ninguna parte que el Estado tiene que supervisar en su máxima expresión el movimiento o la actuación que tengan los particulares.
El control de las ONG
“Las leyes antisociedad y contra el fascismo también vienen a establecer una severa vigilancia sobre cada ciudadano. Esta concentración de poder significa que estamos frente a una figura que en politología se denomina el autoritarismo, pero ya lo estamos dejando atrás ir hacia el control absoluto sobre la sociedad, es decir, que nosotros estamos dando pasos en el sentido totalitario”.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son parte del objetivo que desea controlar el gobierno, tal como lo evidencia la recién aprobada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.
El constitucionalista aclaró que, en el fondo, una ONG es una persona jurídica. “Una asociación o fundación pueden ser sin fines de lucro porque no tienen la intención de beneficiarse económicamente, pero es una figura jurídica como lo es un comercio”.
En este caso, dijo que esta es una supervisión especial de una forma jurídica que “se dedica a la protección de los derechos humanos, o a revisar y a estudiar el sistema de justicia venezolano, o porque esa organización presta servicios de salud, como puede ser la Cruz Roja. En general, las organizaciones no jubernamentales pueden realizar aquello que sea de fines lícitos y eso no requiere una extrema supervisión del Estado”.
El control del espacio digital
El Consejo Nacional de Ciberseguridad creado bajo decreto presidencial el 13 de agosto, es para Manzo un arma más de persecución con el argumento de ataques cibernéticos direccionados a la plataforma de la red pública y que prestan servicios vitales para los venezolanos, como el Seniat, el CNE, Cantv y Pdvsa.
También se refirió a la suspensión, por vía ejecutiva, de páginas web como la red social X y Proton VPN. “Todo eso tiene que ver con libertad de expresión”.
Organizaciones de defensa de la libertad de expresión como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) mantienen un monitoreo de las condiciones para el ejercicio de este derecho, que se ha visto lesionado con mayor fuerza desde el inicio de la campaña electoral a las presidenciales el pasado 4 de julio.
Bloqueos de páginas web de medios de comunicación, de organizaciones de verificación de noticias, ONG defensoras de DDHH y hasta aplicaciones de mensajería como Signal forman parte de estas medidas desde Miraflores.