El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) sumó su voz a la declaración de expresidentes de la Corte IDH y de la Comisión Interamericana de los DD. HH., en rechazo a las violaciones de las garantías fundamentales en Venezuela, especialmente las ocurridas en el marco de las recientes elecciones presidenciales y posteriores protestas por los resultados.
Mediante un comunicado, los miembros del IIDH calificaron lo ocurrido en el país como un «secuestro de la voluntad popular».
«Conforme al derecho internacional consuetudinario y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público», indica el escrito.
El organismo denunció que el 28 de julio pasado los resultados emanados del Consejo Nacional Electoral (CNE) no han sido transparentes y son contrarios al derecho de la población a elegir a sus gobernantes mediante elecciones auténticas por sufragio universal.
«Conforme ha sido establecido por los informes de reconocidas y reputadas organizaciones y organismos internacionales, las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024 constituyeron una violación flagrante a los estándares de elecciones democráticas. Los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la legislación interna. Basta decir que no cuentan con el sustento necesario de las totalizaciones por mesas de votación, conocidas como las ‘actas'», agregan.
Organismos parcializados
Rechazan, además, la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la revisión de actas de escrutinio, pues consideran que el Poder Electoral es el encargado de pormenorizar los resultados de esos comicios y que el máximo tribunal no actúa de manera imparcial.
«Nicolás Maduro ha intentado un recurso judicial ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante lo cual cabe señalar que conforme al derecho interno el único ente competente para emitir y certificar los resultados oficiales es el CNE y dicho tribunal carece de competencia para ello. Además, conforme ha sido establecido por los órganos de los sistemas interamericano y de las Naciones Unidas, el TSJ y los demás tribunales de dicho país carecen de la más elemental independencia política«, señalaron.
Resaltaron además el derecho humano a la manifestación pública y pacífica de los venezolanos y condenaron que el gobierno haya reaccionado con una «represión masiva y sistemática» de los cuerpos de seguridad civiles y militares, que hasta la fecha incluyen «más de 2.000 detenciones arbitrarias, 24 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura», denunciaron.
«Este ataque sistemático en contra de la población civil constituye una violación flagrante de los derechos humanos, que configura la comisión de delitos de lesa humanidad. Estas informaciones han sido fehacientemente documentadas por reputadas organizaciones no gubernamentales y observadores en el terreno, las cuales están siendo objeto de amenazas y ataques», añadieron en el comunicado.
Instituto de DDHH pide actuar a comunidad internacional
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos solicita de «manera urgente» a la comunidad internacional que adopte todas las acciones necesarias conforme al Derecho internacional, «a fin de lograr el pleno respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las pasadas elecciones presidenciales».
Solicitan además a la comunidad internacional adoptar urgentemente todas las acciones necesarias a fin de proteger a la población venezolana y prevenir y sancionar dichas violaciones de sus derechos humanos.
«En particular, instamos a que los órganos internacionales de derechos humanos del sistema interamericano (Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos) y del sistema universal (ONU), para que conforme a sus mandatos adopten las acciones pertinentes; incluyendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que adopte las medidas necesarias, conforme al Estatuto de Roma, para sancionar pronta y efectivamente a los responsables y para prevenir que dichos delitos internacionales continúen perpetrándose impunemente contra la población» .