La ONG Provea informó la liberación del enfermero y dirigente gremial del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Distrito Capital, José Cádiz, la noche de este martes 22 de agosto.
“Familiares nos informan que fue recientemente liberado y agradecen el apoyo brindado por organizaciones e individualidades para denunciar la detención arbitraria”, postearon en la red X, anteriormente conocida como Twitter.
Más temprano, el Colegio y varias ONG se pronunciaron por la detención de Cádiz, a quien apresaron el 21 de agosto frente a su residencia.
La detención la practicaron, según los familiares, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Al liberarlo lo habrían dejado cerca del estadio universitario de Caracas.
Detención arbitraria
“Fue objeto de una detención arbitraria e ilegal por parte de unos supuestos funcionarios”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Distrito Capital, a Efecto Cocuyo este martes.
Cádiz es una de las voces de protesta contra las precarias condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública venezolana. Ejerció su profesión en el hospital Miguel Pérez Carreño.
En 2019 denunció su destitución de este centro asistencial por las protestas. “Si por la verdad nos van a meter presos, entonces métanos presos”, afirmó en unas declaraciones que recogió este medio digital en video.
Las detenciones contra trabajadores y dirigentes sindicales han sido denunciadas como una práctica del gobierno de Nicolás Maduro para hostigar e impedir las protestas.
Este año, en enero detuvieron a trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en el estado Bolívar en el mes de enero, a quienes dejaron libres, pero con medidas cautelares. Después detuvieron a Leonardo Azócar y Daniel Romero y un tribunal prohibió las protestas y censuró a un grupo de 20 trabajadores de esta empresa básica.
Además, el pasado 1 de agosto condenaron a 16 años de cárcel a los luchadores sociales y dirigentes sindicales Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, a quienes acusaron de conspiración y asociación para delinquir. Se trató de una decisión que tomó la jueza Grendy Duque, quien dirige el Tribunal 2° de Terrorismo en Caracas.