El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) identificó 12 patrones de violaciones a las garantías fundamentales durante las detenciones que se realizan en los estados Mérida, Táchira y Trujillo después del inicio de las protestas por el desconocimiento a los resultados de las elecciones presidenciales.
En un comunicado, la organización dijo que entre esas violaciones hay detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles y degradantes; violación del principio de presunción de inocencia, imputación de delitos graves sin pruebas y negación del derecho a la defensa privada.
También documentaron la «violación del principio de individualización de la pena, tratamiento no diferenciado entre personas adultas y menores de edad durante su detención y proceso judicial y tratamiento no diferenciado de las mujeres privadas de libertad».
Hasta la 1:00 de la tarde del sábado 3 de agosto han registrado la aprehensión de 147 personas: Mérida (35), Táchira (44) y Trujillo (68). Hasta el momento, han identificado a 108 de ellas, entre quienes hay 15 mujeres y 9 adolescentes. De esas mujeres, una está embarazada y la otra es una madre lactante.
«Este observatorio ha identificado otros tres patrones de persecución política que han generado y podrían generar más detenciones y/o represalias: incitación al odio mediante la exposición pública de fotografías y nombres de personas, a quienes etiquetan con mensajes como ‘Se busca. Recompensa. Líderes guarimberos’, utilizando en algunos casos símbolos de organismos policiales; violación a la libertad de expresión, libre asociación y libre tránsito; y hostigamiento y agresiones contra trabajadores de la prensa», denunciaron.
Sigue una persona en desaparición forzada
Entre las personas que aún se encuentran desaparecidas, después de su detención el pasado 30 de julio, está Roberto Antonio Andrade Andrade, a quien apresaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el municipio Libertador del estado Mérida.
«Las personas capturadas por funcionarios policiales y militares son sometidas a tratos crueles y degradantes, a través de agresiones físicas y verbales, amenazas, coacciones e impedimento de acceso oportuno a comida e hidratación», dijo el ODH-ULA.
También detallaron que a algunas personas las liberaron pero bajo amenazas de no denunciar que estuvieron presas.
Entre las violaciones a las garantías procesales está la detención sin pruebas, la imputación de cargos en forma grupal, así como la designación de defensores públicos y audiencias que se hacen vía telemática desde Caracas, pese a que las personas las apresaron en Mérida, por citar uno de los estados andinos donde ocurren estas irregularidades.
«Las imputaciones también responden a un patrón. Sin presentación de pruebas, a todos los detenidos se les imputan los mismos delitos: terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, conspiración y resistencia a la autoridad, cuyas penas son de hasta 30 años de prisión», explicaron.
Agreden a mujer embarazada
Además, a algunas personas mayores de edad también las acusa del «delito de uso de adolescentes para delinquir, previsto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente».
Sobre las dos mujeres detenidas, informaron que a la embarazada «recibió agresiones físicas y verbales por parte de sus captores, mientras que a la madre lactante le negaron su derecho a amamantar a su bebé, quien es víctima también de esta trasgresión al no recibir alimentación por parte de su madre».
Citaron el caso de dos trabajadores de la prensa. El de Paul León, camarógrafo de VPI TV en Trujillo, a quien privaron de libertad, y el de la periodista Yuliana Palmar, también en esa región, a quien robaron su teléfono.
«El ODH-ULA rechaza y denuncia la escalada represiva ordenada y ejecutada por funcionarios del Estado venezolano tras el anuncio de resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que han sido cuestionados dentro y fuera del país. Este observatorio recuerda que la persecución política es un crimen de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma, al tiempo que exhorta a las autoridades venezolanas a cesar sus acciones de represión y a respetar los derechos humanos, civiles y políticos de toda la ciudadanía», exigieron.