Defensoras y defensores de derechos humanos exigieron este domingo, 19 de mayo, la liberación de la abogada y activista Rocío San Miguel, quien cumple 100 días en prisión sin acceso a abogados de confianza.
Recordaron las violaciones a sus derechos e irregularidades que las autoridades han cometido con su detención desde el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas.
Entre ellas las más de 50 horas que estuvo en desaparición forzada, el encarcelamiento y posterior liberación con medidas cautelares de cinco de sus familiares y que la presentaron en un tribunal que se constituyó en su sitio de reclusión.
«Exigimos el cumplimiento de las obligaciones del Estado venezolano y sus instituciones con la Constitución de la República y con los estándares en derechos humanos. Por tal motivo, es urgente que se permita a la defensora la designación de sus abogados de confianza a los fines de poder tener acceso al expediente para conocer el contenido y que se pueda ejercer el derecho a la defensa de manera efectiva», demandaron en un comunicado.
Constitución garantiza derecho a la defensa
El artículo 49 de la Constitución de 1999, vigente en Venezuela, establece que toda persona detenida tiene el derecho a contar con abogados de su confianza, tener acceso al expediente, las pruebas y medios adecuados para su defensa, algo que estas defensoras y defensores recordaron se incumple en el caso de San Miguel.
La Fiscalía la implica en un supuesto plan conspirativo que buscaba atentar contra el mandatario Nicolás Maduro, al que llaman «brazalete blanco», por el que también detuvieron a su expareja Alejandro González Canales y un grupo de militares.
«En 100 días abogados de su confianza han realizado todas las gestiones para que se puedan juramentar formalmente como sus legítimos representantes de confianza, sin embargo, a Rocío San Miguel aún no se le realiza la audiencia preliminar», destacaron.
Protestas en Madrid y de Amnistía
Este domingo en Madrid, España, se realizó una segunda protesta para exigir la liberación de San Miguel.
Además, la ONG Amnistía Internacional pidió su libertad y la de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, y del activista social y periodista Carlos Julio Rojas, quienes se han dedicado en diferentes ámbitos a la defensa de los derechos humanos.
Entre sus demandas está que se investiguen las denuncias por violaciones a los derechos humanos y presuntas torturas que le han sido aplicadas a estos activistas, así como garantizar medidas de seguridad y protección para defensores de DDHH en el país.
Lea aquí el comunicado de las defensoras y defensores: