Un grupo de venezolanos reclamó este domingo, una vez más, la libertad de la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel y «todos los presos de conciencia, más de 300» de su país, además de manifestar temor por un posible «fraude» en las elecciones presidenciales de julio.
Cuando se cumplen cien días de la detención de San Miguel y de su exmarido Alejandro González de Canales, ambos hispanovenezolanos, unas 50 personas se concentraron en el centro de Madrid en señal de «solidaridad» y «apoyo» y denunciar cómo el «régimen» chavista ha estado 20 años «amenazando y destruyendo» la nación y «violando» los derechos humanos.
En un manifiesto, alertaron de que cualquiera puede ser llevado «preso» por el simple hecho de salir a protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Sin garantías para elecciones presidenciales
Igualmente, «no se tienen garantías» de que los próximos comicios vayan a ser un proceso electoral «libre y plenamente democrático», en alusión a «trabas» administrativas para registrarse y votar o la presentación de candidatos.
En declaraciones a EFE, Yajaira González de Canales denunció a que su hermano Alejandro lo apresaron el 9 de febrero en su domicilio y como San Miguel lleva 100 días en prisión.
Por ahora, ni él ni la familia saben oficialmente de qué lo acusan, ya que no tienen acceso al sumario, no se le permite la defensa de un abogado de su confianza y desconoce cuál es el de oficio que le designó el gobierno.
Alejandro González perdió 15 kilos
Por algunas informaciones y conjeturas, podría tratarse de «espionaje militar» a favor de EE.UU., aunque Alejandro González de Canales dejó las Fuerzas Armadas hace 13 años, según su hermana.
Su hermana dijo que en la prisión de El Rodeo I, en el estado Miranda, perdió ya entre diez y quince kilos y su padre, de 83 años, lo puede visitar solo unos 15 minutos a la semana, explicó Yajaira, que valoró el apoyo de las autoridades consulares españolas en Venezuela. Además, la familia tiene «miedo a represalias» en caso de reclamar que se aclare su situación.
Presos políticos en El Rodeo I
Verónica, hermana de Fernando Noya, condenado en agosto de 2020 a 24 años por «terrorismo», denunció también «indefensión», pues no se les permitió contar con un abogado particular, y tampoco han tenido acceso al expediente judicial.
Cumple condena en El Rodeo I en condiciones «inhumanas» y en régimen de «aislamiento», con visitas de diez minutos semanales.
El 9 de febrero también detuvieron de manera «arbitraria» Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, a quien la Fiscalía acusó de un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio de Maduro.
La arrestaron en el aeropuerto de Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija. Desde entonces no se le permite abogado privado. Su hija es la única que puede visitarla en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el centro de torturas más grandes de Venezuela, según denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.