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Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez
Foto por Mairet Chourio | @mairetchourioLa ONG Espacio Público dijo este martes 6 de junio que el pasado mayo fue el «mes (de 2023) con más violaciones a la libertad de expresión en Venezuela«.
En su registro sobre las vulneraciones a la libre expresión, la organización no gubernamental contabilizó 27 casos y 51 violaciones de este derecho.
«En total, registramos 32 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, principalmente periodistas (11), medios de comunicación (6) y organizaciones no gubernamentales o sus integrantes (4), así como 15 casos relacionados con restricciones en internet (bloqueos, ataques a portales o fallas del servicio)», mencionaron en su informe que titularon «Mayo: crítica bajo acecho».
Entre los ataques a periodistas destacan la citación del Ministerio Público en Táchira contra el periodista y político Gustavo Azócar; en esta misma región del occidente venezolano, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional intimidaron a Luz Dary Depablos, corresponsal del portal de noticias La Patilla.
En el oriente de Venezuela citaron la prohibición de ingresar al Hospital Universitario «Dr. Manuel Núñez Tovar», en Maturín, para los periodistas José Ignacio Piñango y Jefferson Civira, que trabajan en Radio Fe y Alegría Noticias y La Patilla respectivamente.
«A los reporteros les indicaron que no los dejarían pasar a los pisos superiores del hospital y que cualquier cifra o dato a publicar debe contar con la autorización previa del Ministerio de Salud o de la Autoridad Única en Salud de la entidad. La prohibición se dio luego de que, meses atrás, los periodistas revelaran información sobre el estatus de las enfermedades de transmisión sexual en el hospital», dijo Espacio Público.
En esta misma región hostigaron a Piñango, a su colega Omar Padrón y al reportero gráfico Osmel Rodríguez durante una protesta en una comunidad, en la que los increparon seguidores del oficialismo.
Otros casos que cita la ONG son la detención y después puesta en libertad con medidas de presentación para el columnista de Aporrea, Servando Marín, a quien acusaron de «instigación al odio».
Espacio Público cuestionó las medidas contra el exalcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, por sus críticas a un mural que hicieron niños con el trastorno de Asperger. Estas declaraciones llevaron a la detención del funcionario, su destitución como autoridad municipal y luego colocado en arresto domiciliario.
«El procedimiento penal no es el medio adecuado para sancionar a funcionarios/as por emitir declaraciones estigmatizantes, por lo que establecer una privativa de libertad no es proporcional. Al contrario, en casos similares se debe evaluar la aplicación de medidas menos punitivas como el derecho a réplica, sanciones contempladas en el derecho civil o administrativas», explicaron.
También mencionaron los bloqueos contra Aporrea, el Observatorio Venezolano de Finanzas y la Red Sindical Venezolana, por parte de operadores privados de internet y de la estatal de Cantv.
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La ONG Espacio Público dijo este martes 6 de junio que el pasado mayo fue el «mes (de 2023) con más violaciones a la libertad de expresión en Venezuela«.
En su registro sobre las vulneraciones a la libre expresión, la organización no gubernamental contabilizó 27 casos y 51 violaciones de este derecho.
«En total, registramos 32 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, principalmente periodistas (11), medios de comunicación (6) y organizaciones no gubernamentales o sus integrantes (4), así como 15 casos relacionados con restricciones en internet (bloqueos, ataques a portales o fallas del servicio)», mencionaron en su informe que titularon «Mayo: crítica bajo acecho».
Entre los ataques a periodistas destacan la citación del Ministerio Público en Táchira contra el periodista y político Gustavo Azócar; en esta misma región del occidente venezolano, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional intimidaron a Luz Dary Depablos, corresponsal del portal de noticias La Patilla.
En el oriente de Venezuela citaron la prohibición de ingresar al Hospital Universitario «Dr. Manuel Núñez Tovar», en Maturín, para los periodistas José Ignacio Piñango y Jefferson Civira, que trabajan en Radio Fe y Alegría Noticias y La Patilla respectivamente.
«A los reporteros les indicaron que no los dejarían pasar a los pisos superiores del hospital y que cualquier cifra o dato a publicar debe contar con la autorización previa del Ministerio de Salud o de la Autoridad Única en Salud de la entidad. La prohibición se dio luego de que, meses atrás, los periodistas revelaran información sobre el estatus de las enfermedades de transmisión sexual en el hospital», dijo Espacio Público.
En esta misma región hostigaron a Piñango, a su colega Omar Padrón y al reportero gráfico Osmel Rodríguez durante una protesta en una comunidad, en la que los increparon seguidores del oficialismo.
Otros casos que cita la ONG son la detención y después puesta en libertad con medidas de presentación para el columnista de Aporrea, Servando Marín, a quien acusaron de «instigación al odio».
Espacio Público cuestionó las medidas contra el exalcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, por sus críticas a un mural que hicieron niños con el trastorno de Asperger. Estas declaraciones llevaron a la detención del funcionario, su destitución como autoridad municipal y luego colocado en arresto domiciliario.
«El procedimiento penal no es el medio adecuado para sancionar a funcionarios/as por emitir declaraciones estigmatizantes, por lo que establecer una privativa de libertad no es proporcional. Al contrario, en casos similares se debe evaluar la aplicación de medidas menos punitivas como el derecho a réplica, sanciones contempladas en el derecho civil o administrativas», explicaron.
También mencionaron los bloqueos contra Aporrea, el Observatorio Venezolano de Finanzas y la Red Sindical Venezolana, por parte de operadores privados de internet y de la estatal de Cantv.