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Amnistía Internacional (AI) pidió a la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista Ontiveros, «atención médica inmediata» para el preso político Guillermo Zárraga, sindicalista del sector petrolero de 59 años.

«Guillermo ha soportado condiciones penitenciarias inhumanas y las autoridades a cargo de su integridad física han desatendido de forma injustificable y reiterada su salud y su bienestar. Desde su encarcelamiento, según afirma su familia, Guillermo ha perdido 20 kilos y aún no ha recibido atención médica adecuada por el síncope cardiaco y las lesiones asociadas que sufrió en marzo (de 2023)», señaló la ONG al pedir una acción urgente a favor del sindicalista.

AI recordó que el ingeniero se encuentra encarcelado «injustamente» en el Centro Penitenciario Región Capital Yare II, estado Miranda, que su detención por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue «arbitraria» y que desde entonces se ha enfrentado «a cargos penales infundados».

Además de la liberación del sindicalista de su «reclusión arbitraria» la ONG insta a que se le garantice atención médica inmediata, adecuada y de confianza mientras esté bajo custodia del Estado.

«La vida de Guillermo no puede seguir en peligro por la negativa de las autoridades penitenciarias a garantizar su derecho a unas condiciones decentes de reclusión y a la integridad física», insta la ONG.

La organización defensora de derechos humanos alertó que las autoridades penitenciarias no proporcionan a los reclusos agua potable y alimentos adecuados, por lo que Zárraga no tiene cubiertas sus necesidades nutricionales. Denunció que el pasado 16 de mayo, el tribunal ordenó su traslado a un centro médico pero la orden sigue sin ser cumplida.

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Violaciones al debido proceso

El ingeniero de Pdvsa contaba con 37 años de servicio y era dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del estado Falcón. Al momento de su detención se desempeñaba como técnico operador en la refinería Cardón en el Complejo Catalítico de Paraguaná.

«El juicio de Guillermo estuvo plagado de defectos de las garantías de debido proceso que violan su derecho a un juicio justo. Según los informes, a Guillermo lo detuvieron y acusaron sobre la base de pruebas falsas o inexistentes; además, le negaron el acceso a asistencia letrada de confianza, e incluso lo coaccionaron para que admitiera los presuntos crímenes de los que le acusaban», sostuvo la ONG.

AI recalcó que al sindicalista petrolero se le ha acusado y juzgado por asociación criminal y por presunta revelación de información de seguridad nacional relacionada con la industria petrolera, sin que haya pruebas que sustenten estas acusaciones.

«La salud de Guillermo ha sufrido un grave deterioro a consecuencia de las inhumanas condiciones de reclusión y la falta de nutrición adecuada. En marzo sufrió un síncope cardiaco y los análisis de sangre revelaron alteraciones severas que necesitan tratamiento médico urgente y fiable», subrayó la ONG.