El abogado y activista de la organización no gubernamental Provea, Eduardo Torres, denunció que este 17 de marzo tribunales negaron el beneficio de amnistía a seis dirigentes sindicales del país.
“Hoy los tribunales penales le negaron la amnistía a los 6 sindicalistas condenados a 16 años por defender derechos. Al igual que a cientos de ciudadanos inocentes encarcelados injustamente. ¡Basta de mafias!”, escribió Torres la noche de este martes mediante su cuenta en la red social X.
Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alcides Bracho, son los defensores de los derechos de los trabajadores a los que se les negó el beneficio que, el pasado 20 de febrero, fue aprobado por la Asamblea Nacional.
“Venezuela exige justicia, libertad y democracia”, agregó Torres, quien también estuvo preso por motivos políticos y que recientemente fue excarcelado.
Los activistas laborales fueron detenidos entre el 4 y 7 de julio de 2022 y fueron condenados en 2023 por la supuesta comisión de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
En diciembre de 2023, fueron excarcelados y salieron de la sede policial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Antímano, Caracas, tras un canje que hizo el gobierno de Nicolás Maduro con el del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien liberó a Alex Saab, el empresario colombiano aliado principal del gobierno madurista.
Derecho a la apelación
Este martes, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al ser consultado sobre la negativa de conceder amnistía a otros presos políticos como Perkins Rocha, y otros casos como la periodista Nakary Ramos y su esposo, recordó que la normativa tiene sus excepciones como la establecida en el artículo 9, el cual señala que no es objeto de perdón quienes haya promovido, apoyado o solicitado agresiones extranjeras contra el país.
Rodríguez aseguró que, del total de casos evaluados por la comisión especial, solo a 24% se ha negado la amnistía y que, a la fecha, 7.580 personas han sido beneficiadas con el “perdón”.
Igualmente, indicó que hay casos que no están contemplados en el artículo 8 del instrumento legal que, sin embargo, han sido evaluados por la comisión especial que preside Jorge Arreza. En todo caso agregó que los afectados tienen derecho a apelar y seguir solicitando que su caso sea evaluado.
Asimismo, instó a quienes permanecen fuera del país para que, personalmente o a través de sus abogados, se comuniquen con la comisión si quieren acogerse a la ley. Dijo que han evaluado algunos casos de diputados de la AN de 2015, pero que este es momento de “acelerar”.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 508 detenidos en Venezuela hasta el pasado miércoles.